Perú cerrará más de un tercio de las universidades por falta de calidad

Cuando en diciembre de 2019 recibió la noticia de que su universidad no tendría licencia de funcionamiento, Nathalia Matías acababa de terminar el último ciclo de Arquitectura y estaba a punto de graduarse.

“Me quise cambiar a otra universidad. Pero yo había estudiado con una plan antiguo de cursos y ninguna universidad tenía ese plan antiguo. Solo la mía. Así que si quería cambiarme, tenía que empezar casi desde cero y no me convenía”, cuenta Matías, quien estudiaba en la universidad Alas Peruanas de Lima.

La joven es uno de los más de 232.000 alumnos peruanos que desde 2016 siguieron estudiando o se graduaron en universidades sin licencia en Perú, como resultado de la reforma universitaria que empezó a finales de 2015 y cuya primera etapa acabó este mes de enero.

De un total de 145 universidades y escuelas de posgrado que existían en Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de Perú (Sunedu) les negó la licencia de funcionamiento a 50 -47 privadas y tres públicas-, por no cumplir las condiciones básicas de calidad (CBC) que exige este organismo, lo que les obliga a cerrar en un periodo de dos años.

Alas Peruanas es la universidad sin licencia con mayor número de alumnos: más de 65.000.

La otra cara de este proceso, señala la Sunedu, es que más de 1,3 millones de estudiantes peruanos podrán “recibir un servicio de educación superior de calidad en universidades que hoy cumplen con condiciones básicas”, que son 94 en total.

Pero al mismo tiempo, jóvenes como Nathalia Matías han quedado con la “mancha” de haber estudiado en universidades sin licencia.

“Tienes esa mancha, uno va con temor de no estar a la altura de otras personas. Es una desventaja, pero uno tiene que apechugar y sobresalir como pueda”, dice la joven.

¿Qué pasará con los alumnos como ella, con los que todavía están estudiando en universidades sin licencia y cuáles eran las condiciones que los centros no cumplían?

Universidades con y sin fines de lucro

El gran número de universidades que había en Perú -independientemente de su calidad- se explica por una norma de 1996.

Ese año, el gobierno promulgó la “ley de promoción de la inversión en educación”, que permitía la creación de universidades con o sin fines de lucro.

Al amparo de esta ley, varios empresarios abrieron universidades de bajo costo en Lima y otras ciudades.

“Muchas personas vieron esto como una oportunidad de inversión, de lucrar y aprovechar los beneficios tributarios de la ley, más que de incrementar genuinamente la oferta de la educación superior”, dice Pablo Lavado, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico y coeditor junto a Gustavo Yamada del libro “Educación superior y empleo en el Perú: una brecha persistente”.

Pero el lucro en sí mismo no explica la baja calidad, aclara Hugo Ñopo, investigador principal del centro peruano de investigaciones GRADE, a BBC Mundo.

“Hay países en los que el lucro de las universidades no está permitido y tienen los mismos problemas que en Perú. Una ley que permita o prohíba el lucro no hace la diferencia. Por eso la regulación debe venir por el lado de la calidad”, dice Ñopo.

En este sentido, Lavado reconoce que “no todas las que se crearon fueron malas”.

“Antes del año 96 había unas 50 universidades. Desde entonces se crearon unas 100 universidades. (De esas) hay unas 50 universidades que han permanecido”, detalla Lavado.

Es decir, “también hubo un incremento importante y bueno en universidades y filiales que absorbieron una mayor demanda de educación a partir de los 90”, dice Lavado a BBC Mundo.

Pero ¿por qué no se había regulado la calidad hasta ahora?

Ley universitaria

“Comúnmente sucede que los intereses detrás de los grandes capitales de la educación universitaria tienen gran poder político. Entonces no permiten que se exija calidad”, explica Ñopo a BBC Mundo.

Pero en 2014, el gobierno promulgó la Ley Universitaria que, entre otras cosas, creó a la Sunedu.

El organismo empezó a funcionar en 2015, con el fin de evaluar la calidad de las universidades y de sus programas educativos y darles licencia de funcionamiento.

Las universidades debían demostrar que cumplían ocho condiciones básicas de calidad, que consistían en lo siguiente:

• Tener planes de estudio adecuados a la ley universitaria y reglas claras para graduarse
• Ofrecer programas adecuados a la demanda laboral y las necesidades del entorno
• Contar con infraestructura y equipamiento adecuados
• Tener proyectos de investigación y docentes que investiguen
• Tener un mínimo de docentes contratados a tiempo completo
• Ofrecer servicios de salud, deportivos, culturales, psicopedagógicos y sociales a sus alumnos
• Ofrecer mecanismos de inserción laboral
• Dar información transparente a los alumnos

“Este piso mínimo para esta primera ronda de licenciamiento es bien bajito todavía. Tiene que haber otras rondas en las que se eleve la valla. En un mediano o largo plazo, aún más universidades deben perder su licenciamiento”, dice Ñopo a BBC Mundo.

A partir de 2021, las universidades nuevas deberán cumplir seis CBC, pero “con mayores exigencias” que las primeras, según dijeron desde la Sunedu a BBC Mundo.

Además, las universidades licenciadas tendrán que renovar sus permisos de aquí a unos años y, “como parte de la siguiente etapa de la reforma”, deberán hacerlo con un “nuevo modelo de licenciamiento”.

“Para renovar la licencia deben tener un modelo más exigente porque esa es la política de Sunedu, ir mejorando la calidad de la educación superior”, explicó a BBC Mundo el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra.

¿Qué universidades cerraron?

Entre las cancelaciones de licencias más mediáticas se encuentra la de la universidad privada Telesup, que tenía 20.274 alumnos en Lima y a la que la Sunedu le negó la licencia en mayo de 2019.

Pocos días después de la denegatoria, Telesup fue noticia en Perú y en medios internacionales porque la fachada de uno de sus edificios simulaba tener siete plantas, cuando el local en verdad tenía solo cuatro.

Es decir, detrás de las últimas tres “plantas” de la fachada había solo unos andamios de metal que sostenían la estructura. Telesup dijo que se trataba de un recurso estético.

José Luna Gálvez, identificado por medios peruanos como dueño de Telesup, es fundador del partido Podemos Perú, que votó mayoritariamente a favor de la vacancia (destitución) de Martín Vizcarra en noviembre de 2020.

Manuel Merino, quien sucedió a Vizcarra, recibió críticas por designar a Ántero Flores Aráoz, un político cercano a Telesup, como presidente del Consejo de Ministros.

El estudio de abogados Flores Aráoz defendió a Telesup en un proceso contra la Sunedu y Flores Aráoz había recibido un doctorado honoris causa por parte de esta universidad, según informaron medios peruanos.

Telesup, según la Sunedu, es la única que hasta ahora se niega a acatar la orden de cierre.

Otra denegatoria llamativa fue la de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Lima, dada a conocer en octubre de 2019.

En 2013, reportes periodísticos revelaron que el rector, Luis Cervantes Liñán, ganaba un sueldo de S/.2.000.000 mensuales (unos US$553.000), aunque él lo negó.

Pese a que se ha visto afectada, Nathalia Matías, de Alan Peruanas, dice estar de acuerdo con la reforma universitaria.

“Hubo demasiadas faltas y, si comparas mi universidad con otras universidades, había una gran brecha. Desde que yo ingresé, la universidad tenía problemas, tenía observaciones de la Sunedu, no se ponía las pilas para subsanarlas. Yo sí estoy a favor de que se supervise, se regularice y se estandarice a las universidades”, dijo a BBC Mundo.

Pero no todos los estudiantes aceptan el cierre de sus universidades. Uno de ellos es César Vera, de noveno ciclo de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, de la región Puno, en la sierra sur de Perú, a la que se le denegó la licencia en marzo de 2020.

“Yo estoy luchando por mi institución, para rescatarla, destituir a los rectores, y que haya una reorganización, para salvar a la institución y a la educación”, dice a BBC Mundo.

“Si no, de acá a unos dos o tres años, los demás jóvenes ya no van a acceder a las universidades porque el costo va a ser muy elevado”, lamenta.

Sobre la denegatoria de licencia a tres universidades públicas, Lavado explica que es consecuencia “de una desatención histórica de todo el sistema público”, que recién se está revirtiendo en el caso de la educación universitaria.

Por su parte, Ñopo señala que hay que considerar que “las universidades públicas se crean por decreto en el Congreso, sin estudiar bien el mercado o si hay demanda”, por lo que “a lo mejor estas universidades no debieron ser creadas”.

“Eventualmente todas estas universidades iban a desaparecer, en función de qué tan rápido se comunica la información. Esta reforma lo que ha hecho es acelerar este proceso de desaparición de universidades malas”, dice Lavado.

Pero ¿qué beneficios aporta a las universidades con licencia?

Avances

Según información que la Sunedu envió a BBC Mundo, el este proceso propició el aumento de profesores a tiempo completo en las universidades privadas de un promedio de 13% a 30%, y la reducción en un 50% de los docentes sin posgrados en universidades públicas y privadas.

“La Sunedu le entrega al país un sistema universitario diferente y ordenado, con importantes avances en investigación, mayor innovación tecnológica y mejores condiciones para el ejercicio de la docencia”, dice el organismo.

Además de mejorar la calidad de las universidades, “el objetivo de la reforma es también mejorar la calidad del egresado”, dice Zegarra, jefe de la Sunedu, a BBC Mundo.

Según Lavado, “otro beneficio tangible, más allá del látigo fiscalizador, es la información para el ciudadano para tomar decisiones educativas, un aspecto que va a perdurar en el tiempo”.

Pero ¿qué harán ahora los alumnos que estudian actualmente en una universidad sin licencia?

Consecuencias en los estudiantes

La Sunedu señala también que la situación “ha sido provocada por los promotores de las universidades denegadas”.

Pero Zegarra reconoce también que “no es nada agradable ni grato en todo este proceso de casi seis años desautorizar que sigan funcionando universidades con las consecuencias que sufren los estudiantes”.

Según información que envió la Sunedu a BBC Mundo, de estos alumnos perjudicados, “el 60% cuenta con alguna ruta de continuidad de estudios”.

Aunque de este porcentaje, “el 62% sigue matriculado en la universidad de origen, el 23% se trasladó a universidades licenciadas y el 14% (19.585) egresó”, de acuerdo a la Sunedu.

Sobre el traslado a otras universidades licenciadas, el problema es que muchos jóvenes no tendrán el presupuesto para hacerlo, señala Ñopo.

Pero según Zegarra, “hay algunas becas para los alumnos que no tienen las condiciones para continuar sus estudios y el Ministerio de Educación ha dado algunas directivas para que las universidades públicas aumenten su capacidad” para recibir a estos estudiantes.

“También hay una directiva para que estos alumnos por única vez puedan ir a una universidad licenciada y obtener un título, que en condiciones normales podrían obtener solo estudiando al menos cuatro semestres en esa universidad”, añade Zegarra.

Nathalia Matías se acogió a esta modalidad y está tramitando su título en otra universidad que le dio facilidades económicas. César Vera, de la UANCV, también evalúa optar por esta posibilidad al terminar su carrera.

Sin embargo, Marco Apaza, dirigente de la Federación de Estudiantes de Perú (FEP), dice a BBC Mundo que estas medidas son insuficientes: “Resuelven uno, cinco por ciento de los casos de los estudiantes”.

“Hay más de 200.000 estudiantes que ahora se encuentran fuera del sistema universitario porque esta reforma ha comprendido el cierre, pero no la solución para que estos alumnos puedan continuar sus estudios”, señala.

“Los estudiantes son los que están asumiendo los costos de la reforma universitaria. No los que se han equivocado, que son las autoridades corruptas”, critica.

“Estamos a favor de la calidad académica, si hay que cerrar universidades porque no cumplen las condiciones básicas hay que cerrarlas. Pero el Estado debe garantizar la continuidad de los estudios, no quedarse en la primera etapa de cerrar universidades y dejar a la gente a su suerte”, dice Apaza.