Piden investigar a Cristina y a su hijo por enriquecimiento ilícito

Como una mancha de aceite, la Justicia argentina avanza sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal federal Carlos Rívolo ha pedido que se la investigue junto a su hijo Máximo por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. Esta ha sido la segunda imputación contra Fernández, involucrada por un testigo protegido en presuntas maniobras de lavado de dinero en un expediente contra el empresario Lázaro Báez, un amigo de Néstor Kirchner (2003-2007) acusado de lavar dinero proveniente de adjudicaciones fraudulentas de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Rívolo ha pedido ahora al juez Claudio Bonadio que investigue a Fernández, a Máximo Kirchner y a Báez por presuntas irregularidades en la empresa inmobiliaria Los Sauces SA., una sociedad dueña de propiedades en Buenos Aires y Santa Cruz. Tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, el 45% de las acciones de Los Sauces quedaron en manos de la expresidenta y el resto se repartió entre sus hijos Máximo (32,5%) y Florencia (22,5%). El fiscal respondió a un pedido de investigación presentado por la diputada Margarita Stolbizer (GEN).

Stolbizer sostuvo que durante años Los Sauces alquiló propiedades que nunca fueron ocupadas a las empresas Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla, de Báez, hoy detenido en Buenos Aires. La novedad ha sido que la denuncia también ha involucrado a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del empresario Cristóbal López, dueño de la petrolera Oil Combustibles, casinos y un multimedios alineado con el kirchnerismo. La sospecha es que los pagos por alquileres ocultaron maniobras para retribuir favores oficiales derivados de los contratos con el Estado.

“La sospecha recae sobre la manipulación y posible adulteración de documentos públicos relacionados con Los Sauces SA de propiedad de la Sra. Cristina Fernández y sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; y que también modifican el contenido de las declaraciones juradas presentadas oportunamente ante autoridad competente”, sostiene la denuncia que presentó Stolbizer a principios de abril.

Hotesur, una causa gemela

La operatoria con Los Sauces sería similar a la utilizada por Hotesur, la empresa administradora del hotel Alto Calafate, otra propiedad de los Kirchner: Báez, y también López, reservaron de manera falsa decenas de habitaciones durante el invierno, la temporada floja, para presuntamente blanquear dinero provenientes de otros negocios. “En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López”, señaló Stolbizer al realizar la denuncia. Según la diputada, en el momento de las maniobras Los Sauces era titular de ocho inmuebles: dos pisos en el exclusivo barrio de Puerto Madero en Buenos Aires, dos lotes en El Calafate, dos lotes y una casa en la ciudad de Río Gallegos y un lote en el Chaltén.

Durante el kirchnerismo la causa Hotesur recayó en el juez Bonadio, el mismo que indagó e imputó a Cristina Kirchner por presunto fraude al Estado en una operación del Banco Central (BCRA) con el dólar futuro. El magistrado llegó el año pasado incluso a allanar el hotel Alto Calafate en busca de pruebas, pero fue rápidamente desplazado y la causa pasó a otro magistrado. Con la llegada del presidente Mauricio Macri al poder, las investigaciones recuperaron impulso. Bonadio podrá ahora utilizar los documentos recuperados en aquel allanamiento en El Calafate en la causa Los Sauces, dos investigaciones con fuertes vinculaciones y operatorias similares.

Lo cierto es que los problemas judiciales de Kirchner y su entorno no han dejado de crecer. La Justicia se ha tomado una semana para allanar 50 propiedades de Báez en Santa Cruz en busca de pruebas de supuestas maniobras de lavado. El exministro de Transporte, Ricardo Jaime, se encuentra detenido en una causa por malversación; también ha avanzado el procesamiento contra el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el exministro de Salud Daniel Gollán por presuntos sobreprecios en un plan social infantil. El presidente Macri ha mantenido distancia con el ímpetu repentino de las investigaciones. En una rueda de presa en la Casa Rosada dijo que sólo está cumpliendo con el compromiso de campaña de “permitir y acompañar a la Justicia para que trabaje en forma independiente, cada uno con el rol que le corresponde”.