Los fiscales del estado de Sao Paulo, en Brasil, presentaron esta petición luego de acusar al exmandatario brasileño de los delitos de lavado de dinero mediante la ocultación de patrimonio y falsedad documental.
En concreto se acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia, de haber ocultado que poseían un lujoso departamento triplex en una zona exclusiva de la localidad de Guarujá, en Sao Paulo, que fue reformado a cuenta de la empresa OAS, vinculada al escándalo de Petrobras.
El exmandatario niega que ese departamento le pertenezca, pero los fiscales dicen que tienen pruebas que demuestran lo contrario.
Y ahora muchos en Brasil, y América Latina, se están preguntando cuáles pueden ser las consecuencias de este pedido de prisión preventiva y si finalmente uno de los expresidentes más populares del mundo podría quedar tras las rejas.
Las posibles consecuencias
Lo primero que hay que entender es que la denuncia de la Fiscalía del Estado no significa que el ex presidente se ha convertido en un criminal. Esto sólo ocurrirá si la Justicia acepta la denuncia.
El pedido de prisión preventiva puede o no ser acatado por la Justicia.
Los fiscales justifican la solicitud diciendo que “el poder que (Lula) tiene como expresidente de la República, hace de las posibilidades de evasión algo extremadamente simple“.
Pero su abogado dijo que su actitud del exmandatario no justificaba la medida, a la que calificó de “intento de banalización de la institución de prisión preventiva”.
Así, una posibilidad es que la Justicia acepte la denuncia contra el expresidente, pero no así la solicitud de prisión preventiva ya que el juez puede determinar que no existe riesgo de fuga.
Y, por ahora, la denuncia no perjudica la candidatura de Lula en 2018.
El viernes, después de haber sido llevado a declarar por la fuerza por la Policía Federal de Brasil, el exmandatario dijo que planeaba seguir en carrera por un nuevo mandato.
Y el coordinador jurídico de su partido, el gobernante Partido de los Trabajadores le dijo a BBC Brasil que no podía anticipar la reacción de sus partidarios.
“Nosotros habíamos sensibilizado a la militancia para que no hubiera enfrentamientos y para no ir (el domingo) a las calles”, dijo Marco Aurélio de Carvalho, en referencia a las manifestaciones en contra del gobierno del PT convocadas para ese día.
“Pero con la solicitud de detención preventiva no sabemos cómo será la reacción”, agregó.
La pena impuesta en Brasil para el lavado de dinero es de tres a diez años de prisión más una multa mientras que el crimen de falsedad documental conlleva una pena de uno a cinco años de prisión además de una multa.
El actual pedido de prisión preventiva no solo incluye a Lula, sino también al expresidente de OAS Léo Pinheiro, al extesorero del PT João Vaccari Neto, y a los directores de OAS Fábio Hori Yonamine y Roberto Moreira Ferreira, entre otros.
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