¿Qué rol ocuparán las alianzas criminales de Maduro en una eventual invasión de EE.UU en Venezuela?

Ciertos actores, como los grupos políticos armados conocidos como colectivos y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han asumido funciones de administración de justicia, regulación del orden social y actuación como fuerzas de seguridad en algunas regiones. Estos grupos tienen presencia en al menos 10 estados y en varios de los principales centros urbanos de Venezuela, según investigaciones especializadas.

Mientras Estados Unidos evalúa una intervención militar para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro, las organizaciones criminales alineadas con el régimen podrían enfrentarse pronto a una decisión crítica: proteger sus intereses económicos o respaldar a sus aliados políticos.

En Venezuela, Maduro ha construido un Estado híbrido donde, en amplias zonas del país, grupos criminales asumen funciones de seguridad y gobernanza, y controlan economías ilegales en alianza con sectores del Estado. A medida que las acciones de Washington se acercan cada vez más a un enfrentamiento directo, el papel de estos grupos en el futuro de Venezuela podría resultar crucial.

El 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre del espacio aéreo venezolano, en una nueva escalada de lo que su gobierno describe como una campaña militar contra organizaciones de narcotráfico, algunas de ellas dirigidas presuntamente por Maduro. La medida llegó dos días después de que Trump dijera a los periodistas que las operaciones terrestres empezarían “muy pronto”.

A comienzos de esa misma semana, el Departamento de Estado estadounidense designó formalmente al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera. El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó a los medios de comunicación que esa designación ofrecería “un montón de nuevas opciones” para la campaña militar.

Aunque el término Cartel de los Soles describe con mayor precisión un sistema de clientelismo y corrupción que permite a actores militares y políticos beneficiarse del tráfico de drogas, el gobierno estadounidense lo caracteriza como un cartel transnacional y un grupo terrorista dirigido por Maduro y sus aliados más cercanos.

Estas últimas acciones se producen en medio de un creciente despliegue militar frente a las costas venezolanas y una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas, varias de las cuales partieron de Venezuela, según el gobierno de Estados Unidos. Desde el 2 de septiembre, el ejército estadounidense ha destruido al menos 21 embarcaciones, dejando más de 80 muertos, de acuerdo con el monitoreo de InSight Crime.

Trump también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, según un informe de The New York Times que luego fue reconocido por el propio presidente.

Ante la creciente amenaza de una intervención militar, el gobierno venezolano ha denunciado la agresión estadounidense en escenarios internacionales, calificando las operaciones como una “campaña de hostigamiento y amenazas”, y acusando a Estados Unidos de intentar apoderarse de la riqueza petrolera del país. En el ámbito interno, Maduro ha buscado movilizar su aparato defensivo frente a cualquier eventual incursión militar.

En una alocución televisada, el presidente Maduro advirtió que cualquier intento de invasión sería enfrentado con “el mayor escudo del país”. Esto incluye no solo a las fuerzas armadas, sino también a la Milicia Bolivariana, una fuerza civil que afirma contar con 4,5 millones de miembros, aunque su capacidad militar es más simbólica que operativa.

Sin embargo, además de las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias civiles, Maduro también podría recurrir a grupos armados no estatales para proteger su régimen.

Ciertos actores, como los grupos políticos armados conocidos como colectivos y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han asumido funciones de administración de justicia, regulación del orden social y actuación como fuerzas de seguridad en algunas regiones.

Estos grupos tienen presencia en al menos 10 estados y en varios de los principales centros urbanos de Venezuela, según las investigaciones y el trabajo en el terreno de InSight Crime en el país.

La retaguardia urbana: los colectivos

Los colectivos, grupos políticos armados que durante años han utilizado la violencia para defender al régimen de Maduro, han incrementado su perfil criminal y mantienen un entrenamiento militar limitado. Esto genera dudas sobre su capacidad, y también disposición, para enfrentarse a una fuerza extranjera.

En todo Venezuela, los colectivos operan como una red de grupos armados con presencia en zonas urbanas de varios estados, como Miranda, Lara, Portuguesa, Táchira, Anzoátegui y Bolívar. Su mayor concentración sigue estando en Caracas, donde barrios como el 23 de Enero albergan algunas de las estructuras más consolidadas del país. Entre los grupos más destacados están La Piedrita, Tres Raíces, Oswaldo Arenas, Alexis Vive y las Cuadrillas de Paz (Cupaz), creadas por el gobierno para incorporar las redes de colectivos bajo un control estatal más directo.

Los colectivos se consolidaron como actores armados tras el golpe de Estado de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez. En ese momento, el gobierno entregó armas y recursos a grupos comunitarios con raíces en movimientos sociales y organizaciones civiles.

A lo largo de dos décadas, estos grupos pasaron de ser organizaciones comunitarias a fuerzas paramilitares encargadas de mantener el orden establecido. También han actuado como fuerza de choque para reprimir protestas e intimidar a voces opositoras, incluidos políticos y activistas. Durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017, por ejemplo, colectivos fueron desplegados en motocicletas para dispersar multitudes, atacar a manifestantes y amenazar a los líderes locales de la oposición.

Además de su papel en la represión política, han funcionado como instrumentos de control social en barrios populares, donde realizan tareas de vigilancia, recopilación de información y acallan cualquier forma de disidencia.

Con la llegada de Maduro a la presidencia en 2013, su transformación criminal se aceleró. Muchos colectivos empezaron a participar en economías legales e ilegales, como la extorsión y el control de mercados negros.

“Estos grupos se han dedicado, yo diría que los últimos cinco años, un poco antes de la pandemia, a hacer negocios”, dijo un defensor de derechos humanos que ha investigado su actividad y que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

“Eso es lo que explica, entre otras razones, que ellos no hayan sido muy activos en el conflicto del 28 de julio”, añadió, en referencia al papel de los colectivos durante la ola de represión política que siguió a las presuntas elecciones fraudulentas que concluyeron con la reelección de Maduro en 2024.

Este cambio en su modus operandi ha difuminado su papel como protectores de la revolución. Aunque mantienen control territorial en zonas urbanas, acceso a armas y vínculos con fuerzas de seguridad, su función se ha desplazado del activismo político a convertirse en intermediarios locales motivados por las rentas. Algunos conservan la capacidad de movilizar y desplegar su base social, pero su relación con el régimen es cada vez más transaccional.

Si bien su conocimiento del terreno, su integración comunitaria y su estructura descentralizada podrían darles ventaja en un eventual combate urbano, existen dudas sobre su disposición a luchar. Frente a una posible intervención estadounidense, muchos probablemente priorizarían acuerdos que garanticen su supervivencia y el control de sus economías ilícitas por encima de la defensa ideológica.

“Tengo bastantes dudas sobre que los colectivos vayan a jugar un papel fundamental en una resistencia. No solamente dudas por su entrenamiento y capacidad, sino por la disposición que puedan tener sus integrantes a perder la vida por defender, digamos, el gobierno”, añadió el defensor de derechos humanos.

Sin embargo, incluso si los colectivos no luchan para defender a Maduro, tampoco desaparecerán tras su caída. Durante años han fusionado activismo político con actividad criminal, instalándose en barrios donde actúan como autoridades de facto. Su control territorial y armado, sus fuentes de ingresos y sus bases sociales leales hacen probable que los colectivos sigan siendo actores con los que cualquier futuro gobierno tendrá que lidiar.

El protector fronterizo

La guerrilla del ELN se fundó en Colombia en la década de 1960, pero su consolidación y expansión en regiones estratégicas de Venezuela lo han convertido en un grupo armado binacional. La guerrilla coopera con sectores del régimen de Maduro, proporcionando control territorial, social y político a cambio de acceso a rentas criminales derivadas de la minería ilegal, el tráfico de drogas y el comercio transfronterizo. Sin embargo, aunque el ELN ha sido un ferviente defensor del proyecto político chavista, aún no está claro hasta dónde llegaría para defender al gobierno de Maduro.

Una parte significativa de la frontera entre Colombia y Venezuela está controlada por el ELN. La guerrilla es ahora la principal autoridad en muchos de los pasos clandestinos de los estados de Apure, Zulia, Táchira y Amazonas. Gracias a ese control territorial, el ELN también regula el flujo de mercancías legales e ilegales —incluidos cargamentos de cocaína— que ingresan a Venezuela desde Colombia, funcionando en la práctica como una autoridad aduanera y regulador del trasiego de cocaína. Su presencia, sin embargo, ya se extiende más allá de la frontera, con estructuras consolidadas en estados como Monagas, Bolívar y Anzoátegui.

El ELN cuenta con una estructura militar altamente organizada, en la que cada frente tiene amplia autonomía operativa y económica. Este diseño ha fortalecido su capacidad de expandirse, adaptarse y sostener operaciones prolongadas. Su modelo descentralizado también ha permitido que el ELN se replique en amplios territorios, consolide poder local y mantenga un flujo constante de recursos sin depender de un único centro de mando. El grupo está organizado en ocho Frentes de Guerra, tres de los cuales operan dentro de Venezuela.

Esta insurgencia lleva más de seis décadas en guerra en Colombia, lo que le ha dado una amplia experiencia en combate, un alto nivel de preparación militar y una potencia de fuego considerable. Esta larga trayectoria bélica ha afinado su disciplina táctica, ampliado sus capacidades armamentísticas y consolidado una fuerza permanente capaz de controlar extensos territorios.

Si bien muchas de sus conexiones con el Estado venezolano giran en torno a intereses económicos, también existe cierto grado de afinidad política con el gobierno de Maduro, especialmente en su retórica antiestadounidense. Líderes guerrilleros han sugerido que estarían dispuestos a tomar las armas frente a una intervención de Estados Unidos.

“En la hipótesis de que Trump ataque a Venezuela, tendremos que ver cómo respondemos, pero no solo seremos nosotros. [Será] toda América Latina porque estoy seguro de que habrá mucha, mucha gente que tomará un arma y luchará porque es demasiado. El hecho de que Estados Unidos pueda pisotear a la gente sin respetar su autodeterminación tiene que terminar”, dijo alias “Ricardo”, un comandante del ELN en la zona fronteriza del Catatumbo, en una entrevista con Al Jazeera.

La capacidad armada y el control territorial del ELN lo han convertido en un aliado estratégico para Maduro y lo posicionan como un adversario formidable si llegara a movilizarse en defensa del régimen. Sin embargo, su presencia sigue concentrada principalmente en zonas fronterizas y selváticas del interior del país, sin haber extendido aún su influencia a regiones costeras o áreas urbanas, que serían probablemente los principales objetivos de un eventual avance militar estadounidense.

Además, los intereses del ELN en Venezuela son más estratégicos y criminales que políticos, y su nivel de compromiso con el régimen es incierto. Enfrentamientos recientes con tropas venezolanas en Táchira y Zulia revelan los límites de su alineamiento con el gobierno y plantean dudas sobre si el ELN estaría dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos en nombre del régimen.

Independientemente de cómo se desarrolle una eventual intervención militar extranjera, el ELN está en posición de mantenerse en Venezuela mucho después de cualquier cambio de poder. Sus comandantes llevan años ampliando su control territorial, reclutando residentes locales y consolidándose como autoridad principal en toda la región fronteriza. Sus ingresos por minería, narcotráfico y contrabando —sumados a una influencia local profundamente arraigada— significan que su capacidad operativa en Venezuela no depende exclusivamente de sus conexiones con el gobierno central, y seguiría representando una amenaza de seguridad significativa sin importar el destino de Maduro.

Este artículo fue publicado originalmente por InSight Crime