Rousseff negocia con un partido envuelto en la corrupción

De los 51 políticos en activo investigados por participar en la trama de sobornos de Petrobras, 32 son del Partido Progresista (PP). La formación brasileña, heredera de la dictadura militar, está involucrada con frecuencia en escándalos políticos, pero aun así está a punto de convertirse en el principal aliado del Gobierno de Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil y de heredar el ministerio más rico del país, el de Salud.

Con la salida del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -el mayor aliado del Gobierno-, anunciada el pasado martes, la presidenta Dilma Rousseff confía en esta nueva alianza para tratar de salvarse de la destitución. Y se plantea ofrecerle al PP más de un ministerio.

Quienes apoyan la caída de Rousseff, que enfrenta un proceso de destitución, también tienen abierta una campaña para seducir al Partido Progresista. El PP tiene 49 diputados en el Parlamento brasileño, la cuarta mayor cantidad de la Cámara, detrás del PMDB, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

En esta situación, el PP se ha convertido en el trofeo más codiciado en la crisis política, y se comporta como tal. La formación convocó una reunión para debatir si rompía o no con el Gobierno del PT. Un grupo de insatisfechos amenazó con abandonar definitivamente a Rousseff y entregar el único ministerio que tiene, el de Integración Nacional, pero los principales líderes lograron ganar tiempo y pospusieron la decisión al 11 de abril, es decir, días antes de la fecha en la que está prevista la votación del proceso de destitución en el Parlamento. Hasta el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el articulador político de Rousseff, que no tiene ningún cargo en el Gobierno, ha intervenido para calmar los ánimos, e incluso ha puesto sobre la mesa el nombre del diputado Cacá Leão, del PP, para el ministerio de Salud.

Paralelamente, el PP negocia a su vez con aliados de Michel Temer, el vicepresidente que heredaría la presidencia en caso de destitución. “El momento es de serenidad. No podemos precipitarnos. No porque el PMDB haya salido tenemos que salir nosotros también”, dijo el líder del PP en la Cámara, Aguinaldo Ribeiro, que también es investigado en el caso Petrobras.

Mientras, el PP se hunde todavía más en sus problemas en la operación anticorrupción Lava Jato. El pasado miércoles, siete de los 32 políticos del PP investigados en la trama fueron denunciados ante el Supremo de Brasil por los delitos de corrupción pasiva y ocultación de bienes. Los investigadores sospechan que todos se beneficiaron de los desvíos practicados por el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, que fue nombrado por indicación del PP.

Los votos de la destitución

La única certeza del Gobierno de Dilma es que 76 diputados no votarían este jueves a favor de su destitución: 58 del PT; 12 del Partido Comunista de Brasil (PCdoB); y 6 del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Son las únicas formaciones que se han mostrado abiertamente contrarias al proceso, aunque algunos diputados de otros partidos pueden seguir a este grupo, ya sea absteniéndose o ausentándose del pleno. Para que el proceso de destitución se acepte en la Cámara y siga al Senado, se necesita el consentimiento de 342 de los 513 diputados.

Para evitar el efecto en cascada tras la salida del PMDB, el Gobierno negocia con muchas siglas además del PP: el Partido de la República (PR), que actualmente controla el Ministerio de Transportes; el Partido Social Democrático (PSD), que tiene la cartera de Ciudades; y el Partido Democrático del Trabajo (PDT), que dirige el de Comunicaciones. En conjunto, estas formaciones tienen 92 diputados.

El primer ministerio que previsiblemente entregará Rousseff será el de Deportes.El exresponsable de esta área, George Hilton, ha salido del Gobierno. Hilton acababa de dejar su partido de 22 diputados, el Partido Republicano Brasileño (PRB), por una formación de solo cinco escaños. Perdió, por lo tanto, importancia para un Gobierno que intenta mantenerse como puede.