Trump pide más tiempo para reunificar a padres e hijos inmigrantes

El Gobierno de Donald Trump quiere más tiempo para poder juntar a los padres e hijos inmigrantes que separó tras entrar ilegalmente a Estados Unidos. El Departamento de Justicia pidió este viernes a un juez federal de San Diego una extensión de los plazos que fijó a finales de junio para finiquitar los efectos de la polémica política de “tolerancia cero”: haber reunificado el 10 de julio a los niños de menos de cinco años con sus parientes y el 26 de julio al resto de menores de edad.

“El Gobierno tiene un fuerte interés en garantizar que la liberación de un chico en custodia gubernamental ocurra de una forma que garantice la seguridad del chico”, señaló la Fiscalía en su recurso ante el juez Dana Sabraw. “El Departamento de Salud y Servicios Humanos anticipa que no podrá llevar a cabo los procesos adicionales según el calendario de la Corte, en especial para las personas que ya no están en custodia del Gobierno”, agrega en referencia a los padres que ya han sido liberados mientras esperan a una vista judicial para determinar si pueden quedarse en EE UU o son deportados.

Sabraw abrió la puerta a extender el plazo solo para casos específicos. “El Gobierno debe reunirlos. Debe cumplir con el plazo excepto que haya una razón articulada”, señaló en la vista judicial. El juez pidió a los abogados del Gobierno y de la ACLU, la organización social que llevó a los tribunales la situación de varios inmigrantes, que se coordinen el fin de semana para presentarle el lunes un listado de cuántos de los 101 niños menores de cinco años bajo custodia del Gobierno no podrán ser reagrupados con sus padres en la fecha límite del martes. De esa cifra, hay 19 chicos cuyos padres han sido excarcelados pero no se sabe dónde están y otros 19 progenitores que han sido expulsados a sus países de origen, según la cadena NBC.

La petición de la Fiscalía contradice las declaraciones del jueves por la mañana del secretario de Salud, Alex Azar, que prometió entonces cumplir el fallo del juez. Servicios Sociales tiene bajo custodia a aproximadamente 11.800 inmigrantes menores de edad. “Menos de 3.000”, según dijo el secretario, fueron separados de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera.

Azar reveló que las autoridades estaban llevando a cabo pruebas de ADN para verificar la relación entre padres e hijos. También anunció que, para acelerar el proceso de reunificación de las familias, se están trasladando los inmigrantes padres de niños de menos de cinco años a cárceles cercanas a los albergues dónde están los menores.

Acechado por una ola de repudio, Trump derogó el 20 de junio su política de separación de familias en la frontera. Fue la primera gran rectificación en su año y medio de presidencia, marcada por la demonización de la inmigración irregular. La Fiscalía anunció en abril una estrategia de “tolerancia cero” que implicaba presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EE UU. Si viajaban con niños, como los menores no pueden ser encarcelados, eran segregados de sus padres. Se les trasladaba a un albergue de Servicios Sociales donde permanecían hasta que se encontrara una familia de acogida.

Los documentos judiciales exponen con crudeza cómo el Gobierno actuaba sin un plan definido mientras colocaba a niños de escasa edad en una vía legal totalmente separada de la de sus padres. Las autoridades no saben con certeza dónde están algunos adultos -por ejemplo, algunos excarcelados- ni cuántos niños fueron exactamente separados de sus padres. La Administración también reconoce la dificultad de contactar a un adulto cuando ya ha sido deportado a su país de origen mientras su hijo, con el que emprendió el peligroso periplo desde Centroamérica, sigue en EE UU. Y advierte de que algunas pruebas de ADN no han sido concluyentes.

¿Efecto fronterizo?

En paralelo a la crisis de la reunificación de familias, el jueves se supo que la policía fronteriza detuvo en junio a 34.114 personas (5.115 menores que viajaban solos y 9.449 unidades familiares) tras cruzar ilegalmente a EE UU, un 18% menos que en mayo. Las cifras ponen fin a cuatro meses de subidas constantes en las aprehensiones de inmigrantes indocumentados. El Gobierno republicano atribuyó el descenso a la política de “tolerancia cero” aunque también puede deberse a otros factores, como las altas temperaturas veraniegas. Las estadísticas de los próximos meses permitirán esclarecer si se mantiene el pretendido efecto disuasorio que buscaba el republicano en la llegada de indocumentados a EE UU.

Pese al descenso, las cifras de junio duplican los 21.657 arrestos de un año antes y siguen superando las de principios de 2018. Pero se mantienen por debajo de los 45.772 de junio de 2016, durante el Gobierno del demócrata Barack Obama.

El portavoz del Departamento de Seguridad Interior, Tyler Houlton, utilizó las últimas estadísticas para insistir en que el Congreso debe “cerrar resquicios legales que impulsan la inmigración ilegal”. Esta es una de las reclamaciones constantes de Trump. El presidente se pasó semanas culpando falsamente al Congreso, y en concreto a los legisladores demócratas, de obligarle a separar a familias cuando en realidad era una decisión unilateral de su Administración.

El Congreso tiene la potestad de endurecer las leyes migratorias, pero son sobre todo decisiones judiciales y cuestiones logísticas las que condicionan el día a día de los servicios fronterizos. Por ejemplo, una sentencia impide mantener más de 20 días juntos bajo custodia a padres e hijos inmigrantes.

Un juez preserva gran parte del blindaje de California a los inmigrantes

Antonia Laborde

California le brinda otro fracaso a la política migratoria de Donald Trump. El Gobierno intentó a través de una demanda acabar con la ley santuario en el Estado, la que permite que ninguna agencia policial del Estado pueda colaborar con la policía de inmigración federal. Sin embargo, el juez federal de Sacramento, John Méndez, respaldó este jueves dos de las tres tres normas que protegen a los indocumentados, dándole una victoria a California contra la administración federal.

Este triunfo al ataque legislativo de Trump es de un enorme simbolismo. California, donde se calcula que vive una cuarta parte de los 11 millones de indocumentados del país, fue el primer estado santuario y al que el fiscal general, Jeff Sessions, le ha declarado la guerra por sus medidas protectoras con los inmigrantes ilegales. La decisión de Méndez deja intacta la política de que las agencias policiales locales y estatales tengan prohibido indagar el estatus migratorio de las personas, colaborar en los operativos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y transferir a los detenidos por faltas menores.

Sin embargo, el juez aclaró que no se puede multar a dueños de empresas o fábricas con 10.000 dólares por permitir la entrada de ICE o por que accedan a los documentos migratorios de los empleados. Devin O’Malley, portavoz del Departamento de Justicia, calificó el fallo que bloquea las multas como una “gran victoria para el sector privado y los empleadores que ya no se les impide cooperar con la aplicación legítima de nuestras leyes de inmigración”.