Un país petrolero que acoge la COP28, liderará las negociaciones de la crisis climática

La cumbre del clima de este año será en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Los negociadores tienen del 30 de noviembre al 12 de diciembre para delinear y concluir el primer balance mundial sobre qué tanto ha servido el Acuerdo de París y discutir los detalles finales de cómo funcionará el fondo de pérdidas y daños, esto en medio de profundas divisiones.

Que uno de los diez países que más produce petróleo en el mundo acoja las negociaciones internacionales sobre el clima, plantea de entrada una paradoja.

Los combustibles fósiles son de lejos los que más contaminan el planeta, ya que el dióxido de carbono que emiten representa el 65% de todos los gases de efecto invernadero, según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Y a su vez, entre los combustibles fósiles, el petróleo es uno de los más contaminantes.

Además, Emiratos Árabes Unidos (EAU) designó como presidente de la COP28 a Sultan Al-Jaber, el jefe ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, la empresa estatal petrolera más grande del país. Por eso, cientos de legisladores del Congreso de Estados Unidos y del Parlamento Europeo enviaron una carta en mayo en la que le pedían al país que no designara a Al-Jaber como presidente de las negociaciones ya que esto podría ponerlas en riesgo.

Justo antes de que empezara la COP en Dubái, la ‘BBC’ reveló documentos que mostraban que Al-Jaber y su equipo se han reunido con delegaciones de por lo menos 27 países para intentar tener nuevos contratos petroleros y también de energías renovables. Entre los países mencionados están Brasil, China, Colombia y Reino Unido; aunque representantes de esos gobiernos han negado estar negociando con el equipo emiratí de la COP28.

Al-Jaber, por su parte, negó que haya un conflicto de intereses y tildó de “falsas” las denuncias de ‘BBC’.

Más allá de las implicaciones que puede tener que el líder de una de las compañías petroleras emiratíes lidere las negociaciones climáticas, también hay un peso innegable en materia de Derechos Humanos el realizar la COP28 en Emiratos Árabes Unidos. Sara Shaw, coordinadora internacional de Justicia Climática y Energía en la oenegé Amigos de la Tierra le explicó a France 24 que el Gobierno emiratí impide realizar protestas en las calles.

Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la británica FairSquare han denunciado que desde las protestas sociales en el mundo árabe en 2011, en Emiratos Árabes se aumentó el encarcelamiento y las condenas sin juicios justos a activistas sociales.

Esas oenegés ponen como ejemplo el caso de Ahmed Mansoor, que popularmente es llamado como el “último activista de Emiratos Árabes Unidos”. FairSquare relata que en una noche de 2017, después de que él publicara un tweet criticando a la familia real emiratí, las fuerzas de seguridad del país entraron a su casa y no se supo nada más de él hasta 2018, cuando lo condenaron a 10 años de prisión en un juicio que se realizó a puerta cerrada en un lugar desconocido.

Ante este panorama, HRW no solo advierte el riesgo que pueden enfrentar los activistas que protesten durante la COP28, sino que además le exigió a los gobiernos visitantes que presionen a Emiratos Árabes para que libere a los críticos que siguen detenidos.

Dos retos de la COP28: evaluación del Acuerdo de París y fondo de pérdidas y daños

A lo anterior, se suman dos grandes objetivos que se espera resulten de esta cumbre climática. El primero de ellos es que en Dubái se debe terminar el balance mundial, que es la primera evaluación general de qué tanto se ha cumplido o no el Acuerdo de París, que es el que sugiere que la temperatura global no aumente más del 1,5°C respecto a los niveles preindustriales. Esa evaluación debía realizarse cada cinco años desde la firma del pacto en 2015, pero en 2020 no se ejecutó por las restricciones de la pandemia del Covid-19; y ahora se espera como uno de los grandes resultados de esta COP28.

“El balance global es un ejercicio de ambición. Es un ejercicio de rendición de cuentas. Es un ejercicio de aceleración: es un ejercicio que tiene como objetivo garantizar que cada parte cumpla su parte del trato, sepa hacia dónde debe ir a continuación y con qué rapidez debe avanzar para cumplir los objetivos del Acuerdo de París”, explicó en su momento Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático.

Para ello, diferentes equipos han trabajado desde junio de 2022 en tres reuniones que se realizaron en Bonn, Alemania, y Sharm El-Sheik, Egipto, para avanzar en el borrador. Pero hay una puja interna que está determinando la evaluación, como lo explica Sara Shaw.

“Vemos un verdadero esfuerzo por parte de países desarrollados de borrar algunas de las bases de la Convención Climática para hacer retroceder temas como la responsabilidad histórica, que consiste en determinar quién es responsable de la crisis climática, quién actúa primero, quién hace qué. Y que pone mucha más responsabilidad de actuar sobre los países desarrollados; y también los responsabiliza de financiar, apoyar y transferir tecnología”, señaló.

Shaw agrega que una puja similar entre países desarrollados y en desarrollo se vivió en las negociaciones previas sobre el fondo de pérdidas y daños. Pero, ¿en qué consiste ese fondo? Primero, fue una de las grandes victorias que tuvieron los países del sur global congregados en el G77 + China durante la COP27, que se celebró el año pasado en Egipto.

Después de pedirlo durante años, en esas negociaciones climáticas se pactó que se creara un fondo para financiar a las comunidades más vulnerables por las pérdidas y los daños que deja la crisis del clima. En la negociación inicial, se hablaba de que las naciones más industrializadas –que son las que más contaminan, como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea– dieran más dinero al fondo. Washington, por su parte, exigía que el segundo país más contaminante, China, también fuera responsable.

Durante 2023, se realizaron cinco reuniones para discutir cómo debería funcionar dicho fondo y si las contribuciones eran obligatorias o voluntarias. Al final, en el borrador quedó estipulado que el Banco Mundial sería la entidad que inicialmente acogiera el fondo para ponerlo a funcionar y Estados Unidos presionó para que las contribuciones fueran voluntarias, como lo explicamos en France 24 en un programa anterior de Medio Ambiente.

Ahora, en Dubái, la intención es aprobar finalmente el borrador para que el fondo pueda comenzar a funcionar desde inicios de 2024; aunque la división permanece sobre esos dos temas y las discusiones podrían comenzar otra vez.

Las negociaciones en la COP28 en Dubái comienzan con distintas tensiones, aunque a su vez se esperan conclusiones ambiciosas para traducir las promesas en cambios reales que ayuden a enfrentar la crisis climática que sufren millones alrededor del mundo.