253 casos de intoxicación por plaguicidas, desde enero

Un total de 253 casos de intoxicación por plaguicidas  fueron  reportados por el  Sistema Nacional de Información en Salud  y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) en lo que va del año en Bolivia. En el departamento  de La Paz, donde raticidas, insecticidas y herbicidas son vendidos  en puestos callejeros -pese a estar prohibidos en El Alto y en la sede de Gobierno- la cifra de envenenados es de 51.

La soda cáustica, considerada como  una sustancia controlada, también es de libre venta en diferentes ferreterías. La Intendencia paceña anuncia controles en el caso de venenos para plagas.

Un sobre por cinco bolivianos   “Este raticida no es tóxico, pero si usted quiere también tenemos los que son altamente venenosos. ¿Para que está buscando?”,  pregunta con desconfianza una de las vendedoras  de la calle Max Paredes cerca de la Isaac Tamayo en la ciudad de La Paz. Su puesto montado en medio de la acera y la calle  está lleno de sobres con imágenes de hormigas, insectos, ratones, perros, gatos y palomas.

En el envase del producto -que la comerciante asegura que no es tóxico- hay una calavera como parte de las instrucciones y un acápite en el que menciona a la atropina como antídoto “en caso de ser ingerido de forma accidental”. Advierte que “salvarse o no”   depende de la dosis administrada y la rapidez con la que se llega al hospital.

El costo de cualquiera de los  sobres es de cinco bolivianos. No se requiere mayor información o prueba del uso que se le dará, ni se recibe advertencias sobre la peligrosidad que hay con sólo el  hecho de tenerlo en casa.

El panorama es el mismo en la calle Tihuanaku de El Alto o   en el sector de las rieles de la famosa feria 16 de Julio. “Es efectivo. Pero si quiere algo más fuerte también tenemos”, asegura otro vendedor en medio de una gran marea de gente.

En ambos municipios la venta está prohibida por  ordenanza edil. La norma de El Alto  no es específica, sino que prohíbe -de forma general- el expendio indiscriminado de todo producto que represente un riesgo para la salud de la población.

En el caso de La Paz, existe  la ordenanza municipal 109 de 1997 promulgada por la entonces alcaldesa Gaby Candia. La norma consta de ocho artículos en los que prohíbe, regula y sanciona la venta de organofosforados en puestos callejeros.

Asimismo, señala que la venta en establecimientos del rubro debe realizarse a mayores de 21 años, previa presentación del carnet de identidad   y registro del comprador. Advierte que éste será responsable del uso ulterior que se dé al químico.

Las sanciones para los vendedores callejeros pasan por el decomiso de la mercadería  y la derivación a instancias de la Policía. Para los establecimientos autorizados, como farmacias, veterinarias y tiendas de productos de agro, la sanción es de 500 bolivianos por primera vez y la clausura en caso de  reincidencia. Añade que debe haber un informe trimestral sobre el cumplimiento de la ordenanza.

Controles municipales   “Los controles se hacen  con el reglamento de decomisos en el decreto municipal 25 de 2015, que nos faculta    hacer el decomiso de ciertos productos, entre los que están los raticidas, insecticidas  y otro tipo de plaguicidas que deberían ser vendidos bajo prescripción o requerimiento  específico, comprobable y real”,  indicó la intendenta  municipal de La Paz, Paola Valdenassi.

Explicó que el decomiso se realiza siempre y cuando el expendio de  estos tóxicos sea en vía pública   a través  en los puestos callejeros. Reiteró que la  venta  corresponde a  farmacias, veterinarias o empresas de manejo de plagas.

La autoridad aclaró  que la comuna no brinda autorizaciones específicas para el expendio de este tipo de productos. Sin embargo, la ordenanza  109 señala que la entonces Dirección Municipal de Salud debía iniciar un registro de los establecimientos.

“En lo que va del año aún no hubo decomisos de estas sustancias, pero nuestro cronograma de trabajo contempla los operativos. Tenemos identificados los lugares donde hay la venta de estos productos y pasado el primer semestre empezaremos con las inspecciones”, dijo. Añadió que esta unidad no recibió denuncias de la población sobre la venta irregular en otros espacios.

El intendente municipal El Alto,   Israel Marca, señaló que las  zonas de posible expendio también están identificadas. Aseguró que los controles son continuos y efectivos.

“Sabemos que hay lugares propensos a este tipo de químicos. La avenida Tiwanaku  es una de ellas. Los operativos son continuos de acuerdo  con un plan anual de trabajo, pero también se hacen a denuncia de venta indiscriminada en las calles” aseguró.

Sin precisar cifras indicó  que la venta indiscriminada ha disminuido en la última gestión. “Hay una disminución en las unidades decomisadas. Los operativos son constantes, por lo que representa pérdidas para los comerciantes que prefieren evitar la infracción para no  verse afectados económicamente”, explicó.

Sin embargo, los productos continúan en las calles. En algunos puestos la mercadería está a simple vista, pero muchos otros lo ocultan entre ambientadores en aerosol, ratoneras, insumos de limpieza  “no tóxicos” y bolsas llenas de  bolitas de naftalina.

Ambas autoridades señalaron que no son los únicos productos peligrosos que están en las calles.

Valdenassi señala que además de plaguicidas hay productos farmacéuticos. Marca advierte que ciertas  sustancias pueden ser utilizadas de forma ilícita.

Entre ellos está la soda cáustica, utilizada para limpieza de cañerías y que ingerida puede provocar la muerte. El producto, catalogado como una sustancia controlada, es de libre venta en ferreterías de todo el país.

El kilo del precursor es ofertado en 11 bolivianos y es común encontrarlo en los hogares. Su efecto corrosivo  causa  daños irreversibles al ser ingerido o al contacto con la piel, ojos y mucosas. Además,  la sustancia es utilizada para la fabricación de cocaína.

A pesar que el mal uso de estas sustancias es por demás conocido, para  los comerciantes la prohibición  es ajena y por tanto no la cumplen. Muchos no advierten sobre los daños que pueden causar los tóxicos.

Al preguntar a los vendedores  si están consientes  que  la venta está prohibida, por separado responden. “Va a comprar o no, si no va a llevar váyase”.