5 promesas incumplidas causaron las protestas

Del pliego petitorio de 26 demandas que tiene el pueblo potosino, el Gobierno  se comprometió a materializar al menos cinco proyectos de relevancia, los que finalmente quedaron en camino. Fue el incumplimiento de esas promesas lo que causó el inicio de los conflictos. Es más, el miércoles el Vicepresidente del Estado informó que dos de esos proyectos no son viables.

Entre los cinco proyectos importantes que tiene el pliego petitorio del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) sobresalen la fábrica de cemento, el aeropuerto internacional, la preservación del Cerro Rico, la deuda histórica sobre las aguas del Silala y la construcción de un hospital de tercer nivel.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo el miércoles que la fábrica de cemento y el aeropuerto internacional no se podrán construir porque no son rentables, a menos que los  potosinos presenten  proyectos que demuestren lo contrario. 
“El  proyecto que nos han presentado  no es rentable, sería deficitaria (una fábrica de cemento). Si logran plantear (algo rentable) por supuesto que vamos a construir”, dijo.
El máximo dirigente de Comcipo, Jhonny Llally, indicó que  el Gobierno realizó dos licitaciones para este proyecto y ahora dice que “no es viable”.
Sobre la construcción del aeropuerto internacional,  García Linera argumentó que para hacer realidad este proyecto se tendría  que demoler todo el cerro Paty Paty, también  cambiar el lugar de la planta de Karachipampa para poner una torre de control y convertir la carretera en una subterránea. “Eso no es viable y lo decimos con franqueza”, afirmó la autoridad.
El hospital de tercer nivel está “en curso”, según el Vicepresidente, quien señaló que el Gobierno financiará este centro de salud con 25 millones de bolivianos y la Gobernación lo hará con la misma cantidad. Además, dijo que ya contratan a especialistas.
El Vicepresidente no explicó por qué no se cumplió con la preservación del Cerro Rico, y  culpó a Llally por la pérdida de los ingresos por la venta de agua del Silala a Chile desde 2010, que asciende a 55 millones de dólares.