A sangre fría: El proceso contra el terrorismo

La pasada semana mientras la pujante Santa Cruz de la Sierra se preparaba para las fiestas de Carnaval, fue detenida Marisol Delboy una bella y joven mujer cruceña apuntada por la Fiscalia como “pieza clave” para desentrañar el caso terrorismo por el cual están purgando en las cárceles varias personas que supuestamente trabajaron de cerca con el grupo de “terrorista” para desestabilizar a la administración del presidente Morales, buscando el desmembramiento territorial de Bolivia. La joven Delboy era una especie de nexo entre los “delincuentes extranjeros” y el grupo de empresarios y líderes cruceños que aportaban dinero a través de una oficina denominada La Torre donde varias influyentes personalidades cruce;as fueron vistas ya sea para recibir o entregar dinero que solventaba las acciones armadas del supuesto grupo terrorista. Para conocer la historia del caso DATOS se remite a información que ha circulado en varias fuentes legítimas de información y presentar a sus lectores “on line”, una versión de los acontecimientos sobre las repercusiones de este hecho de sangre en los países involucrados.

El panorama político nacional se ha visto sacudido por la revelación de un video, que en forma anónima llegó a Cadena “A” de Televisión, en el que el principal testigo del caso terrorismo, Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, -sobre quien el fiscal Marcelo Soza basa su investigación- recibe de Carlos Núñez del Prado, dentro de un vehículo, un soborno de US $31.500, para que se pierda del país. Juristas con los que conversó DATOS aseguran que tras la presentación del video e identificado “El Viejo” como informante a sueldo por los servicios de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, la investigación del caso terrorismo debería invalidarse. Dicen los expertos que “al caer la pieza sobre la que se construye el proceso se quita la validez de su carácter testifical”. El abogado de los dos sobrevivientes del operativo en el Hotel Las Américas perpetrado en el mes de abril de 2009 donde perecieron tres presuntos terroristas extranjeros acusados  de formar una célula con el fin de desestabilizar el Gobierno del MAS a dividir el país, también se pronunció a favor de anular el proceso por considerar que la investigación dejó de tener sustento tras conocerse el video. Una de las mayores interrogantes es saber quién o quiénes estarían interesados en divulgar su contenido, tomando en cuenta que se trata de material comprometedor, incluso más del que hasta ahora paso por las manos del Fiscal Soza. “Estos datos son tan importantes como el de los antecedentes jurídicos del proceso porque existirían más videos reveladores apuntando a más personas; esto pone en riesgo la investigación de la Fiscalía”, coinciden fuentes judiciales.

La trama que se habría tejido para dar muerte a un grupo de supuestos “mercenarios” confirmaría a WikiLeaks -documentos concernientes al sector Bolivia- en el que un “testigo” de la embajada de los Estados Unidos en La Paz da cuenta que el grupo que dormía en sus habitaciones del Hotel Las Américas de Santa Cruz, la madrugada del 16 de abril de 2009, fue abatido por fuerzas especiales. Los mismos cables de WiliLeaks intervenidos de las comunicaciones secretas que mantenían los representantes diplomáticos estadounidenses por el mundo, sostiene que “la muerte de los presuntos mercenarios fue una falsa trama terrorista para justificar la persecución desatada contra los dirigentes de Santa Cruz.” Quizá, jamás imaginaron que serían traicionados para urdir la trama de un atentado contra la vida del presidente Morales.

Pero los videos son apenas parte de un extenso repertorio de errores que se cometieron en la intervención de un grupo de policías de élite al Hotel Las Américas. Otro de los detonantes muy próximos a estallar es el que se refiere al proceso por ejecuciones extrajudiciales que los familiares de los deudos tramitan en cortes internacionales. Los padres del irlandés Michael Dwyer, victimado durante el operativo, han presentado los primeros días del mes de Enero de este año, una denuncia sobre las irregularidades de este hecho de sangre, en un documento que consta de 28 páginas (acompañado de pruebas), según publica el diario irlandés “Irish Times”. El documento está dirigido al Profesor Phillip Alston, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas. El documento de denuncia/petición está refrendado con una carta de recomendaciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda.

Martin y Danielle Dwyer, padres de Michael Dwyer, joven de 28 años, fallecido durante la intervención policial, dirigen la petición a las Naciones Unidas pidiendo se investigue lo que para ellos fue una “ejecución extrajudicial” de su hijo, según declaraciones de la familia Dwyer al diario irlandés. En el dossier dirigido al Profesor Alston, la familia Michael Dwyer habla de testigos oculares, videos y evidencias acompañados de reportes balísticos y de autopsia. Todos estos contradiciendo los informes oficiales del Gobierno de Bolivia que aseveran que el hijo de los Dwyer habría fallecido en un enfrentamiento armado con las fuerzas policiales. La familia Dwyer reitera el llamado de hacer una investigación internacional independiente, aseverando que las evidencias que acompañan la petición dirigida a las Naciones Unidas demuestran que “en el Hotel Las Américas no hubo un tiroteo, sino una ejecución a sangre fría”.

Otras dos personas murieron junto a Dwyer en el mismo hotel de la ciudad deSanta Cruz en Abril 16 del 2009, sigue el relato del Irish Times, publicando la petición de familia de Dwyer. “Otras dos personas fueron apresados y encarcelados sin cargos”. El documento denuncia-petición dirigido a las Naciones Unidas, ofrece aclaraciones de las irregularidades cometidas en el manejo oficial del caso, incluyendo algunas faltas de pruebas y evidencias por parte de la Policía Nacional. “Todos estos detalles, relata el Irish Times, llevan a la familia Dwyer a concluir que las autoridades bolivianas no tienen intención de ocuparse del caso y de la investigación, ni de las circunstancias que rodearon la muerte del Señor Dwyer”.

Las autoridades bolivianas siempre han aseverado que Dwyer fue parte de un grupo contratado por los líderes de la oposición para asesinar al presidente Morales y fomentar la violenta secesión del departamento de Santa Cruz. En la petición que se dirige a las Naciones Unidas, los padres de Dwyer declaran que ellos quieren encontrar a los responsables de la muerte de su hijo para dejar un claro precedente: “No se trata solamente de nuestro interés personal, es de suma importancia reafirmar los principios de los derechos humanos en el contexto global. Tenemos esperanzas que nuestra petición dirigida al Relator Especial de las Naciones Unidas, Profesor Philip Alston, ayudará a establecer la verdad”. Dicha petición acompañada de informes de expertos en derecho y balística levanta un gran número de preguntas sobre la versión oficial del hecho.

Los testigos -empleados del Hotel Las Américas, según el documento, “declaran que Dwyer y sus cuatro colegas fueron sorprendidos en sus camas en una redada policial previamente planificada”. El mismo documento habla, sobre las declaraciones del director del hotel, Hernán Rossel, quien tuvo acceso al lugar donde ocurrió el asesinato. El ejecutivo dijo “que los huecos de las balas se encontraban en las habitaciones de los asesinados y no había ninguna huella de balas disparadas desde las habitaciones hacia afuera”. Las fotografías tomadas por los forenses bolivianos muestran la puerta de la habitación del Dwyer demolida desde afuera. “El informe de que la policía fue atacada primero no tiene sustento”, declara el informe de la familia.

Según el Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Michael Martin, en declaraciones al mismo diario, dice: “la respuesta del relator Alston no se espera antes del mes de Marzo (2011)”. Otra parte del documento de los familiares de Michael Dwyer al diario irlandés menciona “los contactos y relaciones anteriores al hecho entre el oficial de Inteligencia Walter Andrade y Rózsa Flores”. También se detalla el informe de la experta en Patología del Estado de Irlanda, Doctora Marie Cassidy sobre el procedimiento “incompleto” de la autopsia y las evidencias realizadas en Bolivia “que no considera las cinco balas disparadas contra Dwyer mientras este yacía en el piso de su habitación”. El mismo reporte cita al Defensor del Pueblo de Bolivia quien observa los “excesos” y cuestiona “la legalidad” de la redada policial.

El propio canciller irlandés Michael Martin, interesado en el esclarecimiento de la muerte de uno de sus súbditos en Bolivia, cree que NNUU fijará una posición formal sobre el caso, hecho que pondría nuevos ingredientes jurídicos y repercusiones internacionales.

Convenios internacionales

Vale recordar que Bolivia se adhirió a principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de las Naciones Unidas, recomendada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989. Uno de los puntos centrales de ese documento señala que “los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán porque todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de otra persona que actúe con carácter oficial o de una persona que obre a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia de aquélla, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión. Esta prohibición prevalecerá sobre los decretos promulgados por la autoridad ejecutiva”.

Otros dos articulados del mismo documento señalan de manera textual: 1. “Con el fin de evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, los gobiernos garantizarán un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por ley para usar la fuerza y las armas de fuego”. 2. “Los gobiernos prohibirán a los funcionarios superiores o autoridades públicas que den órdenes en que autoricen o inciten otras personas a llevar a cabo cualquier ejecución extralegal, arbitraria o sumaria. Toda persona tendrá el derecho y el deber de negarse a cumplir esas órdenes. En la formación de esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberá hacerse hincapié en las disposiciones expuestas”.

En el plano criollo

Las implicaciones del caso terrorismo, ha puesto sobre el tapete de discusión las pugnas internas entre dos grupos que hoy detentan espacios de poder en el Gobierno del presidente Morales. Los militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que participaron en la lucha armada durante el apogeo de las dictaduras militares y el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) que incursionó en la lucha armada cuando el país había retornado en democracia. Los hermanos Peredo están asociados al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que quiso continuar la guerrilla del Che Guevara en los años ´70, durante el Gobierno del Gral. Ovando. El ejército prefirió esa vez cortar por lo sano, no permitir prensa en Tipuani y perseguir a los jóvenes hasta apagar el foco guerrillero. Ellos también se mataban entre sí. El “Chato” Peredo, por ejemplo, ordenó el fusilamiento de dos de sus compañeros, por haberse comido a escondidas una lata de sardinas. El hermano de Jaime Paz Zamora, Néstor, murió de hambre, como varios otros.

Finalmente, un grupo del ELN se refugió en la Nunciatura, de donde salió en el Gobierno de J.J. Torres a Chile. Pero varios de los miembros del grupo, continuaron viviendo en Bolivia, en espera de otra oportunidad. Formaba parte de ellos, Carlos Núñez del Prado, que estuvo preso en el panóptico, después vivió en el Perú y retornó a Bolivia. El es hijastro del ex senador del MAS, Antonio Peredo, pues es hijo de su esposa María Martha González Quintanilla. Con la llegada de Evo al poder, el Partido Comunista en masa y por supuesto los integrantes del otrora ELN, se incorporaron a la administración pública y Carlos Núñez, con su profesión de fisioterapeuta, que es un escalón entre la enfermería y la medicina, apareció nada menos como Director de Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Gobierno.

Carlos Núñez del Prado también habría participado activamente en los luctuosos hechos que se registraron en la Calancha, Sucre, en 2007, con el trágico resultado de tres estudiantes muertos. Por este caso, el ministro Alfredo Rada enfrenta un Juicio de Responsabilidades. Ya los ex integrantes del EGTK están vinculados al vicepresidente Álvaro García Linera que incursionaron en la lucha armada cuando el país había recuperado la democracia. Descubiertos, acabaron detenidos durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993).

El ex ministro de Gobierno Alfredo Rada, está casado con María Estefanía Peredo González, hija de Antonio Peredo y por tanto, es cuñado de Núñez. De ahí por qué la gente entiende que un fisioterapeuta pueda también, por lazos sanguíneos, ocuparse de la seguridad del Estado. La prensa señala que se trata de un hombre “raro”, que habría participado en algunas extorsiones y que en todo caso actuó en el operativo del Hotel Las Américas, donde se ejecutó a Eduardo Rózsa Flores, húngaro boliviano; Árpad Magyarosi, húngaro y Michael Dwyer, irlandés; y de dónde él (Núñez) personalmente se habría llevado el video del hotel. Con la llegada de Sacha Llorenti al Ministerio de Gobierno, Núñez se retiró con los colaboradores inmediatos de Rada, pero reapareció como el segundo hombre en la Defensoría del Pueblo, al lado del pastor metodista Rolando Villena.

Estallado el escándalo del video, el pastor metodista Rolando Villena actual representante de la Defensoría del Pueblo, da la cara en la televisión, pero se enreda en sus versiones. Primero asegura que no sabe cómo apareció Núñez en sus oficinas y que en todo caso había renunciado apenas se dio a conocer el video. No dijo que fue él quien lo nombró ni por qué, y añadió que de haber conocido sus antecedentes no habría permitido que trabaje allí. La red ERBOL, no fue desmentida cuando sostuvo que Villena fue visitado por el ministro de la Presidencia Óscar Coca y la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, que le hicieron conocer los antecedentes de Núñez, sugiriendo que debería echarlo, cosa que Villena no hizo. La pregunta es ¿por qué tanta injerencia oficial, unas veces a favor y otras en contra de determinadas personas? Esta secuencia de hechos desnudaría las discrepancias internas para salvar responsabilidades en un caso que ha comenzado a calentar en las manos de los protagonistas como papa caliente. Pero los puntos fragiles del Gobierno no terminan ahí.

Ha quedado claro que si ya no hay gastos reservados, ni tampoco el Ministerio de Gobierno tiene una partida para coimas, los miles de dólares que recibió “El Viejo”, no son del bolsillo de Rada ni de Núñez, ni de Peredo. Otra de las preguntas que habría que hacerse por lo tanto es de dónde procede el dinero de la coima. Además viene a colación la obsecuencia de jueces y fiscales ante el Poder Ejecutivo. Más de 150 bolivianos han tenido que abandonar el país, perseguidos por demandas judiciales y unos 40, por lo menos, se hallan detenidos, sin que se inicien sus juicios.

Los grupos de poder

En el primer periodo del mandato de Evo Morales había tres grupos dominantes en el entorno del presidencial. Los últimos hechos demuestran que la gente del ELN, ha caído en desgracia, el ex senador Antonio Peredo, otrora vocero del MAS, apenas sale de su departamento de la avenida Arce, su hermano el “Chato”, también dejó el Concejo Municipal de Santa Cruz y ahora se dedica a las “regresiones” y aunque sigue creyendo en el socialismo, prefiere cobrar como capitalista; el ministro Rada y su grupo mantienen un perfil bajo. El segundo grupo, es el místico e irracionalista del canciller Choquehuanca, que ama a la Pachamama, quiere un retorno al pasado inmemorial, cree que el peso crece más rápido en luna llena y prefiere no leer, sino aprender la sabiduría en las arrugas de los viejos,(método poco aconsejable ahora, para negociar con Chile o con cualquier otro país). Y, finalmente, el tercer grupo conformado por la gran influencia que ejerce en el aparato estatal el vicepresidente Álvaro García Linera.

Por lo que se puede ver, hay muchísimo todavía que desglosar en este sabroso enredo del supuesto grupo terrorista de Rózsa. Este nuevo escenario ha puesto color hormiga la investigación de la Fiscalía, aunque en su lista de investigación que no cierra, ya se han encontrado a 39 culpables muchos de ellos prófugos o privados de libertad. La segunda parte de la investigación promete mucho misterio, revelaciones y más sorpresas.