Académicos exigen anulación del acuerdo con mineros para la explotación aurífera en áreas protegidas

Los Colegios de Biólogos y Forestales del país se han declarado en estado de emergencia; exigen la anulación del acuerdo firmado por el Gobierno y las federaciones de cooperativas auríferas, que comprometen la modificación en las zonificaciones y planes de manejo, para que las operaciones mineras de explotación del oro ingresen y se consoliden en las Áreas Protegidas Nacionales como Cotapata, Apolobamba y Madidi.

Las promesas firmadas por el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha sido considerado por los biólogos y forestales, como “un atentando contra los derechos fundamentales de la Madre Tierra y dejando en vulnerabilidad a todas las áreas protegidas del país”.

De ese modo, el Colegio de Biólogos de La Paz (CBLPZ), el Colegio de Biólogos de Santa Cruz (Colbiocruz), el Colegio de Biólogos de Cochabamba (CBC) y el Colegio de Profesionales Forestales de Cochabamba (CPFC) hicieron público su rechazo al convenio firmado por el MMAyA y el Sernap con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz R.L. (Fecoman).

“El acta firmada plantea cambios en los planes de manejo y la zonificación de las áreas protegidas para facilitar el ingreso de la minería en áreas que hasta hoy resguardan el patrimonio cultural, religioso y natural del país, así como las únicas fuentes de respuesta a los desafíos del cambio climático, en las cuales, actividades destructivas y contaminantes como la minera están prohibidas”, deja en claro la posición de los profesionales.

Respeto a la zonificación de las Áreas Protegidas, aprobadas legalmente, los Colegios de Abogados y Forestales, hacen notar que cualquier modificación o reforma, que no se sustenten en análisis técnicos, participativos y jurídicos. Y mucho menos que respondan a las demandas de un solo sector de la población boliviana.

En esa línea, señalan que los planes de manejo vigentes de las Áreas Protegidas son herramientas de planificación, y que son el resultado de procesos participativos y técnicos y cuya actualización debería ser realizada por personal técnico multidisciplinario capacitado, que permita la participación de todas las organizaciones territoriales de base e instituciones relacionadas al tema, rescatando la visión de preservación y conservación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos.

Vulnera derechos

El acuerdo suscrito entre el Gobierno y las cooperativas auríferas, en análisis de los biólogos e ingenieros forestales, vulnera derechos fundamentales de los bolivianos y principalmente de las comunidades indígenas, cuyos sistemas de vida dependen totalmente de la salud de las áreas protegidas, derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales.

“Existe evidencia científica que da cuenta de los serios impactos a la salud, a la sociedad y al ambiente, altamente destructivos, que genera la actividad minera, con el uso de químicos contaminantes”, señala el pronunciamiento en alusión al mercurio.

Al respeto, señalan que el mercurio está catalogado entre los 10 elementos químicos más nocivos, ya que se acumula en todos los organismos a través del consumo de alimentos contaminados con mercurio, como el pescado.

“El mercurio afecta el aparato digestivo, sistema nervioso, sistema inmune, piel, daño a los pulmones y riñones, afecta al desarrollo del feto, genera retraso mental, ceguera, incapacidad de hablar, irritabilidad, temblores, cambios en la visión o la audición, problemas de memoria, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la presión sanguínea o del pulso cardiaco”, argumentan.

Biólogos y forestales se declaran indignados por el atentado contra la vida que genera el mencionado acuerdo, por lo que exigen respeto a la salud de los pueblos indígenas, que son afectados directamente por esta actividad.

“Ratificamos nuestro compromiso con la defensa, conservación y protección de la naturaleza, sin contemplar fines político-partidarios, por lo que exhortamos al Sernap, a la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del MMAyA y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, al cumplimiento de sus funciones en el marco de la implementación de la Constitución, la Ley 071, Ley 300 de la Madre Tierra y sobre todo el DS 24781 que guía el accionar del Sernap”, señala partes del pronunciamiento.

Enfatizan que el desarrollo de actividades mineras es un tema complejo y sensible, que no tiene respuestas sencillas y necesita que las entidades a cargo, especialmente el Sernap y MMAyA, actúen con objetividad y rigurosidad técnica, en total respeto a las normas.

BD JMC