Asesor destaca el rol de la víctima en nuevo código penal

El experto argentino en derecho penal Alberto Binder, asesor en la parte procesal del nuevo Código del Sistema Penal boliviano, dijo a Los Tiempos que la norma plantea cambios importantes basados en la realidad del país como un procedimiento específico para crímenes y otro diferente para delitos comunes.

Explicó que la primera fase de aplicación, como la construcción de salas de audiencia y reorganizar las oficinas judiciales, debe realizarse en no más de un año.

En una entrevista muy cordial de casi 30 minutos, el profesor Binder explicó que para el proceso de reforma de la justicia penal en Bolivia no es el pilar fundamental la inversión económica sino la capacitación a los operadores de justicia y a los futuros abogados. Fijó como un tiempo ideal de un año para implementar la base de lo que propone el Código del Sistema Penal.

Los Tiempos (LT) ¿Desde cuándo usted colabora en la construcción de esta propuesta del Código del Sistema Penal?

Alberto Binder (AB) Aproximadamente hace un año. Ya venían trabajando equipos de Bolivia, ya cuando hubo una propuesta me pidieron ayudar a revisarlo en base a la experiencia de otros países, así que desde ahí estoy viendo junto con el doctor Reynaldo Imaña. Estoy viendo la parte procesal del código del sistema único porque el sistema comprende toda una revisión del código penal que eso lo ve otro equipo, después lo compatibilizamos.

LT.- ¿Existen algunos cuestionamientos en torno a por qué todo el tema penal se condensó en una sola norma?

AB.- Que tiene que haber una visión integrada entre la legislación penal y la legislación procesal penal sí, esto se puede hacer en dos textos o en un solo texto. No es una razón así de fondo y la razón de fondo es tener una mirada conjunta de las dos legislaciones para que haya armonía, por ejemplo nosotros tratamos de generar los mejores enganches entre lo penal y lo procesal penal.

Por ejemplo, hay todo un sistema distintivo, según se trate de crímenes y delitos; pero esa diferenciación la hace la legislación penal que desencadena mecanismos penales distintos. Entonces, es así donde se ve la importancia de tener una mirada integrada. Eso se puede hacer en una o dos normas, eso no es importante, lo importante es la integralidad.

LT.- ¿Haría más compleja la aplicación que hagan los jueces y fiscales?

AB.- Ese es otro problema. Que tenemos que hacer una norma lo mejor posible, lo más adecuado a la realidad posible, con la mayor comprensión posible de los propios operadores; pero ponerlo en marcha es otro trabajo, los procesos de implementación han sido arduos en general. Nuestros abogados y operadores judiciales no saben litigar o litigan de un modo o interpretan a su modo, no hay un apego a la regla del juego.

Bueno, es como que cada uno hace lo que quiere y eso es un problema en todos los países no sólo en Bolivia. Entonces, los procesos de implementación se hacen difíciles; pero bueno, no hay otro camino que ir profesionalizando, especializando y generando más adhesión de los cuerpos profesionales.

LT.- ¿Qué aspectos puede destacar del Código del Sistema Penal boliviano?

AB.- Bueno, la diferenciación entre crímenes y delitos.

LT.-  ¿Por qué es importante hacer esa diferenciación?

AB.- El código toma una decisión de política criminal y organización de la justicia en aquellos casos que son los más graves que vive la sociedad como homicidios, violencia grave de género, violencia sexual. Los crímenes, en ese sentido, tienen un régimen en el cual se le dice al fiscal: Usted vaya lo más rápidamente posible al juicio oral y no se entretenga con salidas alternativas. Su cometido es llegar al juicio oral cuanto antes y que la sociedad vea que no hay impunidad. Eso en crímenes.

Un mensaje claro en las instituciones policiales, del Ministerio público y a todo el sistema de justicia penal es que los crímenes son algo que tienen que movilizar la maquinaria del Estado rápida y eficientemente porque ahí es donde se paga caro la impunidad.

Ahora, por otra parte, hay todo un mundo de delitos que causan daño pero son menores, por eso se llaman delitos y no crímenes, en lo cual el código se orienta más que nada a una protección intensa hacia la víctima. Entonces, es en el mundo donde hay mucho acuerdo reparatorio, justicia restaurativa, donde hay mucho tratamiento del conflicto para tratar de encontrar la forma más rápida de resolver el conflicto y de dar mayor participación a la víctima. Entonces, como un sistema que funciona con dos carriles: una pista para los delitos y otra pista para los crímenes, con reglas distintas.

Eso me parece que es un gran cambio, respecto de lo que venía funcionando porque había un tratamiento uniforme que terminaba haciendo que a los delitos graves y a los crímenes no se les preste atención y se queden ahí. Y a los delitos donde muchas veces la víctima  quiere soluciones más rápidas también se le cierra el paso, entonces no era ni chicha ni limonada.

Acá, claramente por un lado va la chicha y por otro lado la limonada, esta diferenciación es como uno de los ejes de comprensión de todo el código.

LT.- ¿Cuál sería otro aspecto que podría destacar?

AB.- Un código que está generando muchísimos mecanismos de participación de las víctimas durante todo el proceso ya sea directamente acusando, directamente controlando al Ministerio Público, directamente proponiendo soluciones…  Bueno tiene muchas formas de participación, sin descuidar los derechos del imputado que forman parte del estado de derecho y que hoy son derechos que todos reconocen y se siguen manteniendo firme en el código.

Yo diría que éste es el más importante en términos de que se entienda cuál es el proceso de cambio. Se acentúa la oralidad, otro gran cambio, y se avanza en nuevos modelos de organización judicial, es decir, si se pretende poner un sistema oral no se puede tener la misma estructura organizativa que se utilizaba para tramitar expedientes porque entonces las organizaciones se imponen sobre las reglas de la oralidad. Acá se avanza y se avanza hacia sistemas de horizontalidad de jueces, sistemas organizativos que hacen que el juez avance prácticamente todo el trabajo en la audiencia.

Ese es otro gran mecanismo y respecto al Ministerio Público se acentúa los contenidos, planificación y uso de información para que su trabajo sea diferenciado según fenómenos criminales y no estén haciendo lo mismo frente a todo. Es decir, (para que) el Ministerio Público tenga capacidad de mirar y planificar junto con la Policía cómo se es eficaz frente a un fenómeno criminal en particular.

LT.- Surgieron observaciones y críticas, una de ellas sobre el tema del aborto, ¿qué opina usted sobre el tema?

AB.- Eso, respecto a la parte sustantiva, es una discusión que siempre se da. El Código Penal no es que avanza en la despenalización; son bastante prudentes las normas que tiene el Código Penal, yo creo que lo que tenemos es una despenalización ficcional del aborto y eso nos impide preocuparnos de los problemas de salud productiva, educación sexual de las madres pobres que no tienen cómo mantener a sus hijos y, en general, de las situaciones de violencia que vive la mujer cuando tiene que hacerse cargo sola.

Los problemas reales graves que paga la mujer son una especie de ficción en los distintos países, y no es que la justicia penal tenga casos de éstos, es mentira. Es cómo usamos la penalización para esconder el problema bajo la alfombra y eso es inadmisible porque es un problema grave social que causa muertes.

LT.- Por otro lado, la Policía también ha criticado este código, indicando que se les quitaría algunas competencias.

AB.- No, no… yo he visto muchas de las críticas pero son de técnica, se pueden resolver fácilmente y la Policía y el Ministerio Público están condenados a trabajar juntos y en vez de estar viendo quién avanza sobre quién es hora de poner a todos en un mismo tablero porque en términos generales yo tengo una gran insatisfacción sobre cómo estamos organizando la actividad de investigación policial y la actividad de persecución penal.

No se están haciendo bien las cosas en muchos países y, por lo tanto, hay que dar un paso adelante en la tecnificación, hoy la investigación moderna es mucha acumulación de datos, mucho análisis de datos, mucha capacidad científica tecnológica, mucha gente especializada y esto lo van hacer fiscales y policías en conjunto así que yo no vi observaciones que fueran, digamos, muy determinantes y son fáciles de resolver.

No vamos a tener éxito en resolver el tema de criminalidad sin la Policía, a nadie se le ocurre pensar que fuera de otro modo pero también la Fiscalía necesita trabajar de un modo nuevo, ambos necesitan trabajar de un modo nuevo a través del análisis de información.

LT.-   ¿Cuánto tiempo se demorará en implementar esta nueva estructura?

AB.- Esa es una decisión que también la tienen que tomar todavía en el plano legislativo, hoy día se está trabajando en un modelo de implementación intensa y no tan largo.

L.T.- ¿De cuántos años?

AB.- Siempre la implementación tiene fases, hay una primera implementación de cuando entra en vigencia y uno ya tiene las estructuras básicas que yo creo que no hay que pasar de un año en eso. Como cuando uno está construyendo la casa, hay un punto donde llegó y se fue a vivir a la casa, seguro le faltarán muchas cosas pero uno ya está viviendo en la casa. Eso un poco por la experiencia de otros procesos de implementación, creo  que alargarlo es contraproducente.

LT.- ¿Cuál sería la base que debería implementarse en ese año?

AB.-  Acá hay que construir muchas salas de audiencia, hay que reorganizar las oficinas judiciales para organizar el nuevo modelo de trabajo de los jueces, hay que organizar los cuerpos de investigación de la Policía y hay que trabajar en la reorganización y seguir avanzando en los nuevos modelos de gestión de la Policía y hay que hacer un plan muy intenso de capacitación a todos los abogados para que sepan utilizar la oralidad.

LT.-  Para montar una nueva estructura se requieren recursos económicos importantes.

AB.- Hay algunas inversiones que hay que hacer para modernizar la infraestructura, sobre todo en las audiencias orales pero no es el eje, no pasa por una gran inversión que hay que hacer en estos cambios sino que pasa por un trabajo, por cambiar la interacción, por hacer cambios organizacionales que permitan que todo funcione con interacciones distintas y si hay que hacer una intensa capacitación, eso también requiere dinero.

EXPERTO EN DERECHO PENAL COMPARADO

La Asamblea Legislativa Plurinacional contactó a varios especialistas bolivianos e internacionales para la redacción y revisión del proyecto de ley del Código del Sistema Penal que en la actualidad se encuentra en proceso de socialización.

Además del penalista argentino Alberto Binder, el proyecto de ley cuenta con el asesoramiento del experto boliviano Reynaldo Imaña así como del  exjuez español Baltazar Garzón, el profesor y exmagistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor.

Binder es  profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, abogado y doctor en derecho por esa misma universidad. Fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

También fue asesor en procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y otros países de América  Latina. Asesor de organismos de cooperación internacional en temas  de reforma judicial. Autor de numerosas obras de la especialidad.