Caso: Legitimación de Ganancias Ilícitas | Avasallamientos y muerte en Guarayos

En la edición de diciembre de 2012 datos publicó un reportaje titulado “Hollywood cambia la historia en Bolivia” en el que narró la sorprendente historia de cómo el poder político manipuló la justicia para extorsionar a inversionistas extranjeros. 12 años después, con los actores de ese reportaje, que por diferentes motivos abandonaron el país, otros fueron detenidos, exonerados de sus cargos o cayeron en desgracia, los cabecillas de la trama continúan gozando de prerrogativas utilizando la presión de grupos de choque a los que les infundan apelativos “interculturales”, y otros parecidos; los que comúnmente se llaman avasalladores que se han convertido en moneda de uso corriente en Bolivia, poniendo en duda la fe del Estado para garantizar el desarrollo económico, el trabajo de los bolivianos honestos, la inversión nacional y extranjera.

La historia de los avasallamientos ilegales

La mañana de sábado 11 de marzo un grupo de no más 50 personas entre mujeres y hombres, algunos niños de corta edad, desde amamantados por los rellenos pechos de sus madres al descubierto, ingresaron con violencia a la propiedad El Cruce ubicada en la provincia Guarayos a unos 400 kilómetros de la carretera que une Santa Cruz de la Sierra y el Beni. Usando a los gritos la palabra “justicia”; “se tiene que hacer justicia con nosotros”, llamaban algunas exaltadas mujeres del grupo la atención que pedía apoyo. “Ya estamos aquí, ahora necesitamos su apoyo diputados, asambleístas, senadores”, clamaba la voz desconfiada. Ella no sabía que alguien del mismo grupo la estaba grabando y que más tarde esas imágenes se transmitirían casi en directo por el poder descomunal que tienen las redes sociales.

Los avasalladores se habían acomodado en el terreno de la propiedad El Cruce desde varios flancos. Distraídos en el letargo del calor húmedo y abrasador los habitantes de San Antonio del Junte se enteraron por las voces y los motores de los carros que llegaban copiosamente que algo malo estaba ocurriendo. Camionetas, vagonetas, autos de diverso tamaño y una veintena de motocicletas irrumpieron ese día la tranquilidad adormecida de la población asentada a la ribera del camino. La diversidad de motorizados de distinto tamaño, algunas movilidades 4×4 último modelo dieron para pensar que no se trataba precisamente de un grupo sin recursos ni que por ellos habría que hacer algún tipo de “justicia”.

Uno de los trabajadores de El Cruce se comunicó con sus compañeros del sindicato cuando vio con sus propios ojos la invasión del grupo a la propiedad. Entre garrafas de gas, carpas, vituallas y toda clase de enseres domésticos, se lucían algunas banderas y pancartas que aludían a su interculturalidad, disfrazada en el enjuague poco suspicaz de sus dispuestos vehículos El trabajador de El Cruce apenas atinó a digitar su celular para comunicarse con la propietaria del terreno. No había perdido comunicación con ella desde hace muchos años atrás, quizá nueve o diez, quiso recordar contando con sus dedos, pero se olvidó del tiempo, cuando alguien desde la otra línea le contestó. Solo atinó a decir “los avasalladores se han entrado”, cuando una piedra silbó cerca del arco de su ceja.

Está historia es una más de las tantas que se registran casi a diario en Bolivia. Apenas unos meses antes, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), recibió denuncias sobre la invasión a unos predios productivos por parte de un grupo de gente extremadamente violenta. Los directivos organizaron un viaje no muy distante del centro capitalino en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y rajaron con un grupo de alrededor 20 periodistas a documentar el avasallamiento. Pero apenas habían comenzado a escuchar la denuncia in situ, cuando un grupo de alrededor 70 encapuchados munidos con armas modernas que no se dejaban ver el rostro cubierto con máscaras negras, salieron de los matorrales disparando y profiriendo insultos obligando a todos a echarse sobre la hierba. Estaba ocurriendo un ataque.

Los que pudieron escaparon en las camionetas en las que habían llegado a Las Londras. Los encapuchados disparaban y gritaban ejecutando órdenes. Los agredidos fueron maniatados tirados de boca contra la maleza y registrados, uno por uno. Policías, camarógrafos y fotógrafos sufrieron las consecuencias. Les dispararon arrebataron sus equipos y los destruyeron convencidos de que no debía quedar un solo registro en sus memorias portátiles. Así transcurrió ese día de miedo hasta que finalmente fueron liberados unas ocho horas después del ataque. Los medios habían reproducido declaraciones de lo que estaba sucediendo en Las Londras. “Quizá fue eso lo que nos salvó”, diría una periodista que no paraba de llorar al ser recibida por sus familiares que la aguardaban en la estación de buses donde se dirigió el convoy salvador que los sacó del infierno. Abrazos, entre sollozos los recibieron a todos. Al presente existen apenas dos detenidos de un caso que consternó Santa Cruz y ha quedado impune a pesar de las denuncias planteadas y de la investigación que se mantiene abierta en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC-C) y la Fiscalía.

El trabajador de El Cruce sin soltar el celular se refugió en la pequeña habitación de su vivienda de barro y jatatas. El avasallamiento alcanzó a tomar por sorpresa a todos. San Antonio del Junte es un pueblo bien nacido. Allí viven no más de 250 familias que empezaron a asentarse en la zona desde el año 2008 cuando la propiedad comenzó a producir arroz. Un grupo de inversionistas suizos a cargo de un bufete que explora oportunidades de inversiones en América Latina a la cabeza de Claudia Liliana Rodríguez Espitia y André Abraham Zolty había estado estudiando años atrás la posibilidad de destinar una importante inversión en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El lugar crecía cada año sostenidamente y figuraba entre las ciudades de mayor crecimiento de la región. Estudiadas las condiciones de inversión, se destinó un capital inicial de algo más de 25 millones de dólares para un ambicioso proyecto agroindustrial y de ganadería, bautizado en la oficina de Ginebra como “Proyecto Bolivia”, por un total de 600 millones de dólares.

 Las inversiones del grupo suizo

El Bufete de André Zolty había aceptado como socia a Claudia Liliana Rodriguez Espitia, hacía un par de años, una joven y brillante abogada, nacida en San Juan de Rio Seco, Cundinamarca, Colombia, pequeña población cafetera de cerca de 10.000 habitantes que se encuentra a unos 100 kilómetros de Bogotá. Se graduó de bachiller a los 15 años y, con excelencia académica, egresó como abogada a los 19 años en el año 2000 de la prestigiosa Universidad del Externado en Bogotá; estudió Historia del Arte en Italia, trabajó en la embajada colombiana ante el Vaticano; luego realizó un Master en Gestión Empresarial en Ginebra-Suiza e ingresó como pasante de tesis en el estudio jurídico de André Zolty, del que luego se convirtió en socia. También estudió en Londres, en el London School of Economic, Derecho Anglosajón, y obtuvo varios diplomados con la Organización Mundial del Comercio (OMC), habla y escribe cinco idiomas, además de español, por supuesto, habiendo realizado numerosas publicaciones en el exterior en varios idiomas.

Claudia Liliana llegó a Bolivia el año 2007 para fundar y poner en marcha el “Proyecto Bolivia”. Una vez en Santa Cruz tomó contacto con los colonos y propietarios de las haciendas que habían sido ubicadas para la inversión. Claudia Liliana tenía el don natural de la comunicación así que no demoró mucho tiempo en establecer los contactos adecuados para poner en marcha el proyecto. Es así como desde las cómodas instalaciones del hotel Los Tajibos, donde residió por más de un año, trabajando desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, logró poner en marcha el proyecto. Las inversiones se originaban en el bufete de Ginebra, cada envío de dinero fue respaldado y se hizo a través de Swift bancarios de la Unión de Bancos Suizos (UBS) y otros bancos utilizados en el mundo. Las sociedades creadas por Claudia Liliana en Bolivia adquirieron los terrenos, compraron maquinaria, prepararon la tierra, limpiándola para hacerla apta para agricultura y ganadería; el dinero para estas labores se recibió por la misma modalidad, algunos proveedores fueron pagados de manera directa. Claudia Liliana Rodriguez compró tierras en las provincias de Guarayos y la Chiquitania del departamento de Santa Cruz por un total aproximado de 25 000 hectáreas.

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Cierta mañana lluviosa de 2009 con vientos huracanados que podría arrancar las palmeras de raíz, mientras revisaba la cartera de inversiones, Claudia Liliana que ya se encontraba en plena producción de arroz en una de las estancias del grupo La Colina S.A, recibió la visita de dos personas que se anunciaron como representantes de un hacendado vecino, quien estaría interesado en venderle sus propiedades. Al cabo de un par de semanas ella había consolidado la adjudicación de otras 6 000 nuevas hectáreas de tierras. Fue otro momento de celebración, significaba que la expansión del negocio estaba dando frutos sorprendentes. Rodríguez comunicó a Zolty la compra de las propiedades de los hermanos Dorado mediante el mecanismo diferido de pagos por campañas de cosecha.

La comunicación era fluida. Claudia Liliana hablaba con su socio de las maravillas que ofrecía Bolivia, era un país que ofrecía muchas oportunidades en la agroindustria. En uno de esos contactos André Zolty le comunicó a Rodriguez que un nuevo inversionista minoritario se había sumado al proyecto, le dio detalles de la persona, le proporcionó el nombre que respondía al de Jacob Ostreicher. Le pidió no recibirlo personalmente, pero sí asignar una persona para que le mostrará lo que hacía el grupo en Bolivia.

Hasta ese día lluvioso y huracanado todo marchaba de acuerdo a los planes del grupo suizo. Jacob Ostreicher diría más tarde en sus declaraciones a la policía antinarcóticos de Bolivia que no conocía de agricultura, que realizaba vuelos en avionetas privadas para ver desde arriba los campos de arroz que en 2009 llegaron a convertir al grupo entre los más grandes arroceros de Bolivia, con más de 350 trabajadores dedicados a las labores del cultivo, la propiedad El Cruce estaba produciendo 4.800 hectareas de arroz. Se constituía en un polo de desarrollo que estaba a punto de igualar los tradicionales asentamientos de japoneses que llegaron a Santa Cruz después de la Segunda Guerra Mundial y producen un arroz de excelencia en la colonia de Okinawa. Lo que Ostreicher no dijo fue que todo había sido fundado, creado y desarrollado por el sacrificado y denodado trabajo de Rodríguez Espitia. Es decir, Ostreicher se adjudicó sin sonrojarse todo el trabajo de la joven emprendedora.

La compra de propiedades a los hermanos Dorado

Todo transcurrió plácidamente hasta el atardecer de un día caliente de diciembre de 2010. Ese día una patrulla de agentes de la policía antinarcóticos allanaron el domicilio de Maximiliano Dorado y se llevaron todo lo que encontraron a su paso; computadoras, documentos de transferencia, entre los que se encontraba las ventas a Rodriguez Espitia. Los agentes antinarcóticos requirieron la presencia de la señora Rodriguez y emitieron edictos para su comparecencia en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Sin nada que esconder, cumpliendo ese requerimiento ella se presentó ante las autoridades y allí fue informada que las últimas propiedades adquiridas a dos ciudadanos de origen brasileño estaban bajo la mira de la policía antinarcóticos. Los hermanos Dorado tenían antecedentes por su participación en actividades en el comercio ilícito de drogas.

Las investigaciones corrieron desde entonces con una suerte de anomalías a pesar de que un dictamen pericial de auditoria realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) -a pedido del Ministerio Público-precisó que la procedencia del dinero de la inversión había llegado al país mediante el sistema de registro Swift, avalado por la Unidad de Investigación Financiera (IUF) de Suiza, procedimiento de análisis y justificación de las cuentas signatarias del dinero. El peritaje concluyente señaló que “a partir de los resultados obtenidos en los dos puntos de la pericia anteriores, el patrimonio con el que cuenta la señora CLRE, se justifica en razón a los vínculos financieros y comerciales existentes entre la involucrada y los recursos provenientes de la Unión de Bancos Suizos (UBS)”. Por lo que se explica, no había posibilidad de calificar las cuentas suizas con la figura de lavado de dinero o como más tarde se conoció la imputación contra Rodriguez y Ostreicher por “legitimación de ganancias ilícitas”. Rodriguez fue detenida en mayo de 2011 y Ostreicher corrió la misma suerte un mes después.

“La red de extorsión”

Las oficinas de la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobierno en la avenida Arce de La Paz sostenía un empeñoso trabajo ininterrumpido incluso pasadas las 11 de la noche. Cuando el director de esa dependencia y su secuaz se recogían a esas horas apenas circulaban un par de extraviados peatones por las frías arterias aledañas a esa repartición estatal. Fernando Rivera y Denis Roda salían frotándose las manos no para darles calor incitados por el tibio aliento, sino en señal de una inminente, triunfalista que a la larga acabó como una fatídica victoria. Ambos habían hilvanado una estrategia para hacerse ricos en poco tiempo a través de una “red de extorsión” diseñada conjuntamente con jueces y fiscales, detenidos y encarcelados posteriormente, que tenían a su cargo torcer investigaciones, manipular, intimidar y si era el caso torturar para extorsionar a sus víctimas en varios casos de relevancia nacional. Uno de ellos, fue conocido con el título “caso Ostreicher” que involucraba a Claudia Liliana Rodriguez y al socio minoritario, Jacob Ostreicher.

Ese título, que en mérito a los atributos del detenido no tenía nada que ver con la realidad, se instaló en el medio por lo que el abogado Álvaro La Torre -que en la actualidad defiende a Claudia Liliana Rodriguez- llama la “psicología de la repetición”. Ostreicher, centró foco de atención por ser amigo del actor de cine, Sean Penn, por entonces conocido del presidente Morales. Cuentan que el actor fue presentado al entonces mandatario boliviano (2006-2019) por el comandante de la revolución bolivariana, el difunto Hugo Chávez. Sean Penn llegaba a Bolivia con regularidad, posaba para las fotos con la casaca de la selección de fútbol o con las típicas monteras de las poblaciones indígenas y se convirtió en un excelso interprete de las causas de la izquierda latinoamericana. Pero rompió todo encantamiento al enterarse que su amigo Jacob Ostreicher guardaba reclusión en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. Llegó a Bolivia por última vez en diciembre de 2012. El actor logró su excarcelación con detención domiciliaria a una clínica privada, para luego ser trasladado a su domicilio de la capital cruceña desde donde lo ayudó a escapar.

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Al amparo de una cobertura mediática inusual, el socio minoritario de la sociedad comenzó a enlodar a Rodriguez en sus declaraciones a la Fiscalía usando una serie de mentiras para apoderarse de la inversión que estaba en juego. Resultó ser un hábil actor de enfermedades que el mismo fabricó para trazar esa estrategia de apropiación con un libreto basado en una cadena de contradicciones en las que llegó a declarar a los medios que lo escuchaban que había invertido más de 25 millones de dólares aupando en su imaginario lo que en realidad no le pertenecía. Esas declaraciones quedaron al descubierto si se revisa el cuaderno de investigaciones del Ministerio Público en las que refrenda de manera textual:  “quiero aclarar que invertí con Zolty en este emprendimiento la suma de 1,3 millones de dólares”.

La detención de 20 meses de Rodríguez Espitia

Claudia Liliana no tuvo la misma suerte. Ella pasó 20 meses recluida en cuatro cárceles sufriendo la ejecución del plan siniestro de la “red de extorsión” que presionaba para que cediera el 60 por ciento de sus propiedades a cambió de su libertad. Ella prefiere no hablar de ese periodo oscuro que le tocó vivir en Bolivia. Su abogado comenta: “la trasladaron por varias cárceles del país para doblegar su espíritu y voluntad, primero de la cárcel de mujeres de Palmasola a la cárcel de máxima seguridad de Miraflores en La Paz con una resolución de la Dirección de Régimen Penitenciario absolutamente ilegal sin intervención de un fiscal, con el argumento de que se trataba de una presa de alta peligrosidad sin tener antecedentes ni en Bolivia ni en el extranjero. Luego fue llevada a la cárcel de Sucre y de ahí nuevamente a Palmasola. Jamás se doblegó a las presiones para que cediera sus bienes a favor de delincuentes confesos”. La “red de extorsión” cayó en desgracia. Casi todos se sometieron a procedimiento abreviado y se declararon culpables, los que no, se encuentran en juicio respondiendo la acusación por “crimen organizado”.

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Durante el tiempo de su detención, el equipo de trabajadores de sus propiedades se convirtió en el celoso guardia de sus bienes, en gratitud al humano trato que ella siempre les dio. San Antonio del Junte es una población que crecía y desarrollaba gracias a la faena del cultivo de arroz. Allí defienden a “la señora Rodriguez” a muerte. Dicen que sin ella el pueblo no existiría. “Trabajamos aquí porque la señora nos mantenía las condiciones. Somos unas 500 familias que trabajábamos y seguimos peleando para que se haga justicia, que le devuelvan a la señora sus propiedades para que sigan produciendo arroz. Eso es todo lo que deseamos, queremos vivir en paz”, testimonia Sara Cruz, una campesina que resultó detenida luego del enfrentamiento del 19 de marzo día del padre en San Antonio del Junte, Bolivia, tras una reyerta entre pobladores de la zona, que en su mayoría trabajaron en la propiedad y los avasalladores que reclaman asentarse en esas tierras. En medio de la reyerta para el desalojo murió un joven de 22 años que fue identificado como Franklin Delgadillo, hijo de Ricardo “chino” Delgadillo apuntado como cabecilla del grupo de avasalladores. Cuatro trabajadores de El Cruce fueron detenidos por la policía por orden del fiscal de Guarayos, acusados de la muerte del joven que cayó fulminado por el disparo de un arma de salón, escopeta calibre 22 que se usa en la región para la caza. Al no encontrarse pruebas de su participación en el fallecimiento los trabajadores fueron puestos en libertad tres días después.

Hasta el cierre de la presente edición el Fiscal de Ascensión de Guarayos no había realizado una investigación certera para dar con el paradero de los posibles homicidas de Flanklin Delgadillo, ni tampoco había aceptado la denuncia por avasallamiento. Dat0s lo requirió a las 09:00 del viernes 22 de abril en sus oficinas de Asención de Guarayos, a 300 kilómetros de Santa Cruz, pero ni él ni la secretaria de la Fiscalía aparecieron a esa hora. En la FELC-C un oficial policía poco atento reconoció que tres semanas después del hecho no se había realizado un solo estudio de campo que precise la planimetría del disparo. Nada. “Esta en investigación”, se limitó a decir. El único rumor que se escucha por las calles del pueblo es que no hay la mínima intención de que el hecho sea esclarecido. “La muerte del muchacho les sirve a los avasalladores de bandera para seguir penetrando cada día un poco más a la propiedad ajena”, dicen.

Los bienes incautados

Otra ilegalidad del proceso que cursa en un expediente voluminoso de 60 cuerpos del Tribunal Colegiado Primero de Sentencia contra Rodriguez Espitia es que le incautaron todas sus propiedades, cuando se debió usar ese procedimiento únicamente con las parcelas negociadas con los hermanos Dorado. Entonces por una cuestión de estrategia legal los trabajadores se apersonaron a las oficinas de Dircabi solicitando el depósito de las propiedades a su nombre para el sustento de sus familias. Rodriguez Espitia no se ha rendido, a pesar de la congoja que representa asistir dos o hasta tres audiencias por semana a los tribunales de Santa Cruz, ella está segura que se le repondrán sus derechos. Su grupo de abogados, asegura que “este juicio no tiene asidero legal, ni razón de ser, por las acusaciones que pesan contra ella por legitimación de ganancias ilícitas”.

La invasión a El Cruce. La diversidad de motorizados de distinto tamaño, algunas movilidades 4×4 dieron para pensar que no se trataba precisamente de un grupo sin recursos, ni que por ellos habría que hacer algún tipo de “justicia”.

Uno de los miembros de Tribunal Colegiado dice que se trata de un proceso largo y tedioso, pero está seguro que pesa en la balanza de la justicia la capacidad que han tenido algunos imputados de soportar en sus espaldas durante años la pesada carga del juicio asistiendo a las audiencias que se instalaron en octubre del 2020. Él afirma que no hay continuidad debido a los recurrentes cambios de los representantes del Ministerio Público que deberían ser llamados a agilizar el juicio para sellar con un veredicto la sentencia.

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Así pasaron estos últimos 10 largos años. Claudia Liliana Rodriguez Espitia asiste a los tribunales en Santa Cruz donde cada día que pasa no sabe con qué sorpresas se puede encontrar. Como dicen sus abogados, Henry Álvaro Pinto Dávalos, Winter Hinojosa, Álvaro La Torre y Luis Marcelo Gamboa, que no debería haberse llegado a esta instancia desde que la pericia forense estableció que el Patrimonio de Rodríguez es legal y que es muy difícil que se lave dinero con dineros que se depositan en el sistema bancario celosamente diseñado para evitar operaciones de dudosa procedencia. “Pero como el mundo gira al revés en Bolivia, aquí seguimos luchando”, afirma el grupo de abogados que a su vez tienen asistentes juniors que trabajan contra viento y marea, poco antes de cumplir una nueva jornada ante los tribunales de Santa Cruz, Bolivia.

El “caso Ostreicher”

Nadie parece darse cuenta del poder impostor que ha puesto a funcionar Ostreicher que tras fugar del país lanzó una serie de vituperios contra Bolivia, su sistema judicial, político y contra los jueces y fiscales, echando lodo contra todos los altos cargos de su Gobierno de los que no se libró Claudia Liliana Rodriguez a quien la entregó como presa para salvar su pellejo en el proceso. A pesar de que en sus declaraciones informativas expresó que su inversión en el Proyecto Bolivia ha sido de 1,3 millones, dinero que obtuvo de la venta de una fábrica de colocado de pisos en los Estados Unidos, generó repercusiones en la prensa sosteniendo que se le quiere robar su inversión cuando lo cierto es que lo que desprende el voluminoso cuerpo del proceso es que él no tenía conocimiento de las labores de agricultura. Sus visitas a la propiedad El Cruce eran esporádicas; las hacía en vuelos privados, aclarando que jamás pernoctó en ninguna propiedad. Era un agricultor al vuelo y no mantuvo comunicación con los trabajadores de la propiedad.

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Los teléfonos de Jacob Ostreicher de su departamento en Brooklyn en Nueva York suenan de vez en cuando con llamadas que atender de Bolivia. Rara vez lo llaman sus abogados porque no hay causa que merezca tramite. Atiende también de vez en cuando a sus amigos de la prensa. Lo han llamado al día siguiente del avasallamiento a El Cruce para saber su opinión. El alienta sin temor cualquier respuesta, al fin y al cabo, está tan lejos de Bolivia y puede decir lo que se le ocurra. Y afirma exactamente lo que esperan quienes están al otro lado de la línea. Qué Claudia Liliana le está robando su inversión y que volverá a Bolivia algún día a recuperar sus propiedades y su dinero. Luego cae en el papel de víctima. “Desde que volví atiendo a mis padres”, dice. Su amigo Sean Penn entretanto cumple el estelar papel de reportero para la revista Rolling Stone que logró por Kate del Castillo una entrevista con el Chapo Guzmán que le valió cadena perpetua.

Desde Ginebra, Suiza, André Zolty ha revocado los poderes en favor de Ostreicher para que se hiciera cargo de la cosecha de arroz. Cuando se enteró del último avasallamiento a El Cruce volvió a sugerir a su socia Claudia Liliana que vuelva a Ginebra para que ocupe el escritorio que la sigue esperando. Ella le ha vuelto a decir por enésima vez que pierda cuidado, que no volverá hasta no ver sus haciendas produciendo arroz y generando trabajo para la gente boliviana que ha creído en ella. Con él prefiere no hablar los problemas y reír un rato sobre todas las cosas que extraña como su abono al Gran Teatro de Ginebra, el müesli al desayuno, así como el pie de durazno de la Maison du Gateau sobre la Avenida Florissant de Champel, el barrio judío financiero de Ginebra.

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