Carta de García Meza culpa de sus crímenes a Banzer y no revela secretos

A las 3:00 de ayer, un paro respiratorio terminó con la vida de Luis García Meza Tejada, el dictador que gobernó Bolivia entre el 17 de julio de 1980 y el 4 de agosto de 1981, en uno de los coletazos más violentos de los ciclos de facto del país, que comenzó con el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB) y la desaparición forzosa de Gualberto Vega Yapura, Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Con su muerte, el militar se lleva a la tumba dónde están los restos del líder del Partido Socialista 1 y descarga los crímenes de su dictadura en otro gobernante de facto, el extinto Hugo Banzer Suárez, a quién, en un documento que será relevado hoy y adelantado en parte por su abogado Frank Campero, acusa de ser autor intelectual y material del golpe de Estado y ordenar no solo el asesinato de Quiroga Santa Cruz, sino el traslado de sus restos a su estancia en San Javier.  Sin embargo, en enero de 1980, cuando era comandante del Ejército, García Meza advirtió a Quiroga Santa Cruz que no toleraría más insultos a las Fuerzas Armadas y que él mismo se encargaría de “ponerlo en su lugar“. Ese ‘lugar’ se desconoce hasta hoy.

El cadáver del exdictador es velado en la capilla castrense de Irpavi, en la zona sur de la sede de Gobierno, una muestra de que pese a ser condenado a 30 años de cárcel, nunca perdió el cobijo de las Fuerzas Armadas (FFAA). Su condena debió pagarla en Chonchocoro, la gélida prisión de máxima seguridad del altiplano paceño, donde purga una pena similar su hombre fuerte, Luis Arce Gómez, pero García Meza solo estuvo en la cárcel entre 1993 y 2003, el resto del tiempo lo pasó internado en el hospital militar de Cossmil, donde la noche del sábado lo salvaron y lo reanimaron tras tres infartos, pero ya no pudieron ante otro paro.

Un lugar en la historia
Uno de los mejores resúmenes de lo que se vivió en el país durante el Gobierno de García Meza fue publicado en el diario español El País el 23 de abril de 1981. Lleva por título Más de 1.000 millones de dólares procedentes de la cocaína “engrasan” el Gobierno golpista de Bolivia y tiene el siguiente encabezado: “El tiempo transcurrido desde el golpe militar del 17 de julio de 1980, que llevó al poder al general Luis García Meza, ha permitido establecer que el actual régimen castrense mantiene activos contactos con la mafia internacional de la cocaína, que deja en el país ilegalmente 1.600 millones de dólares al año, casi el doble del total de las exportaciones”.

Sin embargo, tanto la familia como su abogado defensor consideran que debe recibir un homenaje por los “aportes que realizó” cuando ejerció el poder. “El general pasa a la historia como un presidente de facto que no fue acompañado por sus camaradas. Decirles a las Fuerzas Armadas que disfruten del salario que reciben y los lujos que tienen, porque son gracias a García Meza”, dijo Campero.  

La familia mantiene su duelo en reserva, aunque Lucía, su hija, señaló: “Sí, ha fallecido. ¿No tiene derecho de morir?“, cuando el portal ‘urgentebo’ buscaba confirmar el deceso; Luis, otro de sus herederos, se limitó a indicar que el tiempo juzgará a su padre, evitando responder más preguntas.

Autoridades y protagonistas

El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, aseguró que ni las FFAA y tampoco el Ejército honrarán la memoria de su excomandante. “Es uno de los ejemplos malos que tienen las instituciones castrenses dentro de su historia.”, manifestó la autoridad.

Explicó que si es velado en una capilla militar es porque estaba bajo el cuidado de un afiliado a Cossmil y aseguró que “la historia solo lo recordará como un dictador”. 

Su muerte, a juicio del canciller, Fernando Huanacuni, debe ser tomada bajo dos términos: “uno como ser humano, la solidaridad a la familia por la pérdida y segundo, reflexionar sobre estos aspectos de la historia. Nosotros apostamos por la democracia no por la dictadura”.  
Ningún tipo de reacción amerita la muerte del expresidente tanto para Juan Del Granado, uno de los abogados que logró la sentencia contra el paramilitar en 1993, como para José Antonio Quiroga, sobrino del líder del Partido Socialista 1.

La Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras lamentó que hasta después de su fallecimiento el militar goce de protección e impunidad, al ser velado por sus camaradas. “Muere este dictador, que ha ordenado el asesinado de muchos hombres y mujeres”, sostuvo Victoria López, secretaria del grupo que clama justicia.

Seguirá la investigación

La Comisión de la Verdad debía entrevistar a García Meza para intentar recabar información sobre los desaparecidos durante su periodo dictatorial. Pese a su deceso, las indagaciones sobre los 13 meses de Gobierno del militar seguirán, de acuerdo a Teodoro Barrientos, exdirigente campesino e integrante del grupo de investigación.

“No hubo tiempo para tomarle las declaraciones, pero el trabajo continuará. Ya se habían hecho las gestiones, tenía que recibirnos en el hospital de Cossmil, aunque sabíamos que nos iba a decir mentiras porque él nunca iba a hablar”, explicó.

No dejó un testamento
El abogado de García Meza dijo que no dejó ningún testamento “porque no tenía nada” y reveló que desde hace unos cuatro años sabía que no volvería jamás a Chonchocoro, razón por la que se vació el espacio que ocupaba y parte de sus pertenencias fueron regaladas a los internos.
Comentó además que hace dos meses el militar se aisló y solo recibía visitas de su familia.

Pese a ser condenado gozó de privilegios

Salud endeble
Luis García Meza padecía 12 enfermedades, según un parte clínico de 2016, entre ellas  hipertensión arterial, prótesis valvular y arritmia cardiaca.

Tiempo en el hospital
Sentenciado a 30 años, cumplió 10 en la cárcel de Chonchocoro y 13 internado en el centro médico militar de Cossmil.

Último veredicto en su contra
En enero de 2017 la justicia italiana dictó cadena en su contra por su participación en la muerte de una veintena de ciudadanos de ese país durante el Plan Cóndor.

Investigación pendiente
Los tres hijos del exdictador son investigados por favorecimiento ilícito. Entre 1999 y 2012 se movieron en cuentas bancarias 4 millones de dólares.