CIDH condena el uso de la fuerza policial y de grupos civiles violentos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se pronunciaron ayer sobre los conflictos sociales registrados en el departamento de Santa Cruz, tras la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y condenó el uso excesivo de la fuerza policial en contra de los movilizados y la violencia de grupos de civiles.

“La CIDH expresa su firme condena a todo tipo violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días”, refiere parte de la nota de prensa de ambas instancias internacionales.

La CIDH y la RELE han dado seguimiento al desarrollo de una serie de manifestaciones que iniciaron en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 28 de diciembre, a razón de la detención del gobernador Camacho.

Según el documento, en el contexto de estas manifestaciones se han reportado enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales, resultando personas heridas y denuncias de posibles casos de uso excesivo de la fuerza policial, incluso contra personas que desempeñan como periodistas y comunicadoras sociales, según información de la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana y la Sociedad Interamericana de Prensa.

La Defensoría del Pueblo informó que, según sus registros, durante los 13 días de protestas se han producido “25 casos de presunta vulneración de los derechos humanos, que comprenden el uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos (particulares y públicos), entre otros”.

La CIDH informó que ha tomado conocimiento de las diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluido la casa de un ministro de Estado, en relación al ataque a la vivienda del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

“En este sentido, el Estado informó sobre casos de violencia contra personas funcionarias públicas. Además, reportó daños a 44 vehículos y 27 infraestructuras, incluyendo incendios de instituciones estatales, así como intentos de toma de instalaciones policiales. Respecto de estos hechos, el Ministerio de Gobierno reportó que 76 personas fueron aprehendidas por destrucción o deterioro a bienes del Estado, entre otros delitos; de las cuales 24 ya habrían sido sentenciadas”, refiere la nota.

La instancia internacional expresó su preocupación por las amenazas de grupos violentos a defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa a través de redes sociales.

Para la CIDH, esta situación genera una vulneración grave a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, con consecuencias perjudiciales para el ejercicio de estas actividades.

Recordó que la protesta social y pacífica es esencial para el funcionamiento de la democracia, por lo que exhortó a identificar si existen grupos violentos que desnaturalizan ese derecho. “Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta”, remarcó esa instancia.

La CIDH también rechazó todo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes públicos, en este caso la Policía Boliviana, y reprobó los actos de violencia ejercida por personas en el contexto de las manifestaciones.

¿Qué pide al Estado?

El organismo internacional pidió al Estado boliviano adoptar medidas para proteger a las personas que ejercen su derecho legítimo a la protesta, así como salvaguardar la seguridad de las personas que no participan en ésta, de acuerdo a los estándares interamericanos.

Asimismo, remarcó que las fuerzas policiales no deben perpetrar violencia contra la prensa. “Los medios de comunicación y personas comunicadoras sociales tienen un rol en el control social durante la organización, convocatoria y el ejercicio de las protestas y como canalizadores privilegiados del debate público”, refiere.

Finalmente, llamó a los líderes políticos a utilizar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar la violencia y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad. Recomendó a no caer en discursos públicos de intolerancia por parte de altas autoridades.

En ese sentido, la CIDH comprometió que hará un seguimiento cercano a los procesos judiciales que tienen que ver con las detenciones realizadas en los conflictos en Santa Cruz, a fin de monitorear el respeto de derechos y las garantías judiciales.

No consigna la muerte de Erwin Chávez

El informe de la CIDH no se refiere a la muerte de Erwin Chávez, ya que el seguimiento que hizo fue de 13 días, antes del deceso del ciudadano cruceño que fue después, el 13 de enero.

Ese día autoridades sanitarias confirmaron la muerte de Chávez, el hombre que perdió un ojo tras la represión policial de los manifestantes en Santa Cruz, registrada el primer día de enero. Cívicos y opositores pidieron que la Policía sea investigada por este hecho y organismos exigen que se investigue la muerte para dar con los responsables.

La Caja Petrolera, centro médico donde se encontraba internado desde el 1 de enero, informó que el hombre perdió la vida después de sufrir un paro cardiaco previo a la realización de nuevos estudios de salud.

“La CIDH expresa su firme condena a todo tipo violencia y rechaza de manera enfática las denuncias de uso excesivo de la fuerza”.