El gobierno de Luis Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS) tienen una “actitud de política agresiva de colonización del oriente” del país en el tema de tierras y a la vez buscan desequilibrar la balanza electoral y la destrucción de la cultura chiquitana, afirmó este jueves el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach.
Observó que exista una posición discriminatoria hacia los indígenas del oriente del país y de preferencia a las personas de occidente a través de diferentes mecanismos gubernamentales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Precisó que lo único que se busca en el departamento de Santa Cruz es hacer respetar las leyes en el tema de la dotación y saneamiento de tierras.
“¿Por qué a nuestros indígenas les discriminan y no se les da tierras? Nosotros lo que vemos es que hay una actitud (del Gobierno) de una política agresiva de colonización del oriente boliviano, y que busca, además de desequilibrar la balanza electoral, la destrucción de la cultura chiquitana. Ojo quiero recalcar que no estamos (en contra) de que bolivianas de otras latitudes vengan al oriente, de ninguna manera”, indicó Larach a la ANF.
La gobernación de Santa Cruz e instituciones y cívicos de ese departamento asumieron una serie de decisiones orientadas a defender las tierras frente a los avasallamientos y distribución irregular de tierras, que han sido denunciados por ejemplo en la Chiquitanía.
Una de las determinaciones a las que arribaron en un “congreso de la tierra” es poner en funcionamiento la Comisión Agraria Departamental (CAD) que sería una de las instancias de decisión final sobre asentamientos, junto al INRA.
Mientras tanto, el INRA no asistió a la convocatoria de la gobernación porque dijo que esta carece de legitimidad, ya que “no cumple los procedimientos formales y legales para su funcionamiento”. En esta misma línea se pronunció el Pacto de Unidad del MAS que se declaró en emergencia ante el anuncio de la gobernación cruceña sobre activar una defensa de la tierra.
Larach aseguró que los cívicos están convencidos de que el Gobierno tiene una política de “invasión” y “colonización” del oriente boliviano y aseguró que irrisoriamente el gobierno del MAS creó un Viceministerio de Descolonización.
Manifestó que el Comité pro Santa Cruz recibió una gran cantidad de denuncias de que el INRA no atiende las solicitudes de los pueblos indígenas del oriente, pero sí agiliza las que vienen del occidente de país. “Entendemos nosotros de que hay una preferencia hacia uno y discriminación hacia otro. Y eso es pues penado por ley, nuestra función es que se cumpla la norma”, sostuvo.
Afirmó que el INRA a título de que son tierras fiscales ignora la ley de uso de suelos que establece cuáles son las tierras para las diferentes áreas de uso. Explicó que una de las consecuencias de la dotación de tierras, que estaría una gran parte en “manos de interculturales y campesinos afines MAS”, es que pueda ocurrir un nuevo incendio forestal como en el 2019 en que se quemó al menos 4 millones de hectáreas.
En base a los datos del INRA y con una posibilidad de caer en el error, dijo que en los últimos 14 a 15 años el Instituto Nacional de Reforma Agraria dotó de tierras al menos a 1.400 comunidades y con ello surgió el riesgo de que en 84.000 hectáreas se produzca incendios. “Mal sumado, póngale 1.400 comunidades por 1.500 hectáreas que se le haya dado y sumados son 2.100.000 hectáreas que sean entregadas, por el 40% que pueden desmontar, sale 840.000 hectáreas que han sido o que son riesgo de incendios en nuestros bosques”, aseveró Larach.
Por último, manifestó que la CAD está establecida en normativas vigentes como la Ley INRA, Ley 3545 de noviembre de 2006 de reconducción comunitaria y reglamentada con el Decreto Supremo 29215, que habla de la conformación de las comisiones agrarias nacional y departamentales.