Comunarios prevén una huelga y encadenamientos en defensa de Tariquía

Tras dos días de intervención en Chiquiacá, los defensores de la reserva radicalizan su postura ante el ingreso de Petrobras. La Defensoría recordó que el Estado boliviano, en el marco del Acuerdo de Escazú, tiene compromisos internacionales para garantizar la consulta previa, libre e informada, así como la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Tras la arremetida policial que permitió el ingreso de Petrobras Bolivia al área donde se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO-X3), comunarios y defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía advirtieron que radicalizarán sus medidas de presión, entre ellas una huelga de hambre e incluso encadenamientos, en rechazo a la presencia de empresas petroleras en el territorio protegido.

La intervención policial se produjo por dos días consecutivos en el punto de vigilia instalado en la Quebrada Las Vacas, desde donde las fuerzas del orden despejaron el camino para permitir el ingreso de maquinaria y personal de la empresa al cantón Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos. La acción fue calificada por los comunarios como un atropello y una vulneración a sus derechos.

La activista ambiental y defensora de Tariquía, Nelly Coca, entrevistada por El País, denunció que, pese a haber sido objeto de hostigamiento y uso de la fuerza, la convicción de las comunidades sigue firme. En ese marco, convocó a la población tarijeña a sumarse a la defensa de la reserva.

“Somos tratados como animales. A toda esta humillación se suma que notifican a 17 comunarios con procesos penales, tratándonos como una asociación delictuosa. Imagínese hasta dónde están llegando”, manifestó.

Coca aclaró que la movilización no responde a caprichos, sino a la defensa del agua y de la vida. Explicó que la zona donde se prevé la intervención petrolera es un área de recarga hídrica, cuyo recurso es consumido aguas abajo tanto por las comunidades como por sus animales.

En ese contexto, informó que en las últimas horas recibieron la visita de cuatro abogados que ofrecieron asumir su defensa de manera gratuita, gesto que agradeció ante lo que consideran una creciente persecución judicial. Asimismo, exhortó a las autoridades departamentales y municipales, así como a la ciudadanía, a no dejarlos solos.

“No estamos en vigilia por locos o porque no tenemos nada que hacer, sino que dejamos nuestros hogares, nuestros animales, porque queremos defender nuestra reserva, nuestra tierra donde vivimos, nuestra tierra que nos da de comer y vamos a seguir en esta lucha hasta las últimas consecuencias”, apuntó.

Medidas de presión

La defensora ambiental indicó que se prevé una reunión con el Comité de Defensa de Tariquía y las bases comunales para definir nuevas medidas de presión.

“La medida más fuerte que estamos considerando es ingresar en una huelga de hambre, incluso encadenarnos. No vamos a permitir que vengan a contaminar donde vivimos. Ellos actúan por amor al dinero, nosotros lo hacemos por amor a la vida”, sostuvo.

La Defensoría del Pueblo

Ante los hechos registrados, la Defensoría del Pueblo se constituyó en el municipio de Entre Ríos para realizar una verificación in situ de la situación de las personas que participan en la vigilia instalada por el Comité de Defensa de Tariquía.

La delegada defensorial departamental de Tarija, Cecilia Bolívar, informó que la presencia institucional responde a instrucciones del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con el objetivo de recabar información directa, evaluar la actuación policial bajo los estándares del uso proporcional de la fuerza y constatar el estado físico integral de los comunarios.

Durante las entrevistas se verificó la participación de mujeres y personas adultas mayores, todas de origen campesino. Asimismo, se confirmó que 17 personas fueron notificadas con el inicio de un nuevo proceso penal por presuntos delitos como asociación delictuosa, entre otros.

De acuerdo con la información recabada, la vigilia se mantiene de forma continua desde el 8 de diciembre de 2025. Las comunidades solicitaron que autoridades del Órgano Ejecutivo se constituyan en el territorio para conocer de primera mano la situación del área y de las poblaciones afectadas.

Bolívar remarcó que la Defensoría realiza un acompañamiento institucional permanente para garantizar que las actuaciones policiales se desarrollen conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como en respeto a los derechos fundamentales.

La institución también mantiene seguimiento a la situación jurídica de defensoras y defensores de derechos humanos en temas ambientales, entre ellos Nelly Coca, Andrés Miranda y otras personas, quienes enfrentan procesos por presuntos delitos como impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa.

La Defensoría recordó que el Estado boliviano, en el marco del Acuerdo de Escazú, tiene compromisos internacionales para garantizar la consulta previa, libre e informada, así como la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Cívicos cuestionan al Gobierno por intervenir Tariquía

Desde el Comité Cívico Juvenil de Tarija, su presidente Fernando Leytón recordó al presidente Rodrigo Paz que, tanto en su gestión como alcalde como durante su paso por el Senado, se comprometió públicamente a defender Tariquía.

“Hoy está traicionando a su tierra”, afirmó, al cuestionar la actuación del Gobierno frente al conflicto.

Leytón sostuvo que se están vulnerando los derechos de los comunarios y anunció que este miércoles 7 de enero, a partir de las 18.00, se realizará una marcha en defensa de Tariquía y de los habitantes de la reserva.

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