El desmonte, un negocio rentable en Bolivia

El costo de cada hectárea “habilitada” vale 10 veces más por los incendios forestales.

El informe Fuego y Mercurio de Oxfam al que accedió dat0s muestra que en la región de la Chiquitania la hectárea de tierra sin desmontar fluctúa entre los US$ 100 y US$ 250, dependiendo de la legalidad, tenencia, uso de suelo, accesibilidad e infraestructura. Sin embargo, una vez deforestada y habilitada para la agricultura, así como para la ganadería aumenta su valor y puede costar entre US$ 1.500 y US$ 2.500. Y en otras zonas de mayor valor comercial, como el Norte Integrado, los precios se elevan hasta US$ 5.000 por hectárea.

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“Quemar abarata mucho más los costos de desmonte y los grupos organizados aprovechan esta práctica para habilitar predios para la agricultura, lo que lleva al tráfico de tierras”, según Oxfam. Autoridades y dirigentes indígenas denuncian que hay intereses oscuros en los incendios y lo que impulsa a la quema es el negocio rentable de la tierra.

El informe también señala que las condiciones son muy favorables para el desmonte debido a que obtener permisos es comparativamente fácil, incluso en zonas ecológicamente sensibles o legalmente protegidas.

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Sanciones Mínimas

Asimismo, las sanciones por desmonte ilegal son mínimas, careciendo de un desincentivo efectivo en un contexto de reducido control y regulación. Hoy las multas fluctúan entre Bs 2,5 y Bs 15 por hectárea y se sitúan muy por debajo de otros países también afectados por incendios, como Brasil, Argentina y Paraguay, donde las sanciones oscilan entre US$ 200 y US$ 27.000 por hectárea.

El subsidio del diésel

Además, el costo económico del desmonte es relativamente bajo, en parte debido al subsidio del diésel. Se estima que el subsidio a los hidrocarburos durante el proceso de desmonte con maquinaria pesada alcanza los US$ 100 por hectárea, representando una cantidad insignificante frente al costo efectivo de desmonte de aproximadamente US$ 350 y US$ 400 por hectárea.

Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, coincide en que el fuego es una forma económica de habilitar tierras. Según detalla el 22% está ubicada en áreas protegidas, donde se presume que se desmonta y se quema para demostrar que cumplen una actividad económica. Eso ocurre por ejemplo en la reserva de Guarayos, El Chore y Bajo Paraguá.

Otra hipótesis es que, a raíz de denuncias que ha hecho la ABT y bomberos voluntarios, se puede deducir que hay intereses políticos detrás del fuego. La normativa es muy blanda a la hora de sancionar y abre caminos para el desmonte. La Ley 741 es muy permisiva, porque solo exige llenar un formulario y con eso dan permiso para el desmonte de hasta 20 hectáreas, aunque sean tierras forestales.

Esta norma autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal sin la presentación de planes de ordenamiento predial, ni de gestión integral de bosques y tierras en propiedades pequeñas, comunitarias o colectivas, o asentamientos humanos.