El Killer recibía Bs 7.900 de sueldo como militar jubilado

Felipe Froilán El Killer Molina recibía 7.900 bolivianos de sueldo como militar jubilado del Ejército. Así lo demuestra una boleta de pago de noviembre de 2015 que indica que está en servicio pasivo.

El documento fue proporcionado por José Antonio Quiroga,  sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz. La boleta es de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) e identifica a Molina como suboficial maestre.

El domingo 31 de enero, El Killer fue capturado en un operativo en el que actuaron 80 policías, la Fiscalía y otras autoridades.

El presidente Evo Morales dio una conferencia de prensa esa noche desde Santa Cruz para informar sobre su detención. Señaló que durante mucho tiempo se hizo un trabajo de inteligencia y de seguimiento para dar con Molina, puesto que no se conocía su paradero.

La abogada  de El Killer, Carla Ascarrunz Kempff, aclaró que su cliente no estuvo en calidad de prófugo de la justicia en ningún momento y que fue capturado por la Policía en cumplimiento de una sentencia condenatoria que, desde su emisión hasta la ejecución, no era de conocimiento de su cliente.

En la casa donde fue capturado, Molina tenía un escondite en el entretecho. Sin embargo, según fotografías mostradas por la Policía, el sentenciado salía a la calle cuando quería.

Una de las víctimas de la dictadura, Victoria López, contó que Molina estuvo unas tres veces en la carpa que tienen en El Prado. “Se le explicó nuestros pedidos y habló conmigo por lo menos en tres oportunidades, estuvo allí y preguntó si había alguna investigación por las torturas”, dijo.

Con los datos expuestos, El Killer estaba en las calles paceñas incluso para cobrar su sueldo.

El Ministerio de Defensa se encarga de los temas administrativos de los miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos, la percepción de salarios.

Página Siete se comunicó con el Ministerio de Defensa para conocer la opinión del ministro Reymi Ferreira al respecto, pero en comunicación  no se obtuvo respuesta.

Punto de vista
José Antonio Quiroga, 
sobrino de Marcelo

Negligencia o complicidad estatal

El exmilitar Froilán El Killer Molina fue atrapado el domingo pasado en el mismo domicilio en el que vivió antes, durante y después del largo juicio (11 años) que lo sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por su participación en el asesinato y desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal.

La sentencia fue ratificada el 25 de octubre de 2010, tras una fallida apelación. La abogada de Froilán Molina, Carla Ascarrunz Kempf, dijo que su cliente hacía una vida normal porque desconocía esa sentencia. Con una inexplicable demora, la orden de captura se emitió el 26 de noviembre de 2013, más de tres años después del fallo judicial.

Durante todo este tiempo, Molina acudía mensualmente a la Corporación del Seguro Social Militar  para cobrar su pensión. Recibía   7.974 bolivianos mensuales, una suma considerablemente más alta que la que percibe la media de jubilados en este país. También tenía una panadería cerca de su casa. En una de sus caminatas habituales, lo entrevistó hace unos ocho años la periodista Roxana Lizárraga, de UNITEL.

Al anunciar su captura, Evo Morales declaró que su gobierno no sabía si Froilán Molina “estaba dentro o fuera de Bolivia”. Tampoco conocía su oficio: “yo tenía información que era un civil paramilitar, pero nos informan que era de profesión militar”, dijo el Presidente. Y remató: “casi estoy seguro, él debe saber dónde está el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ojalá por razones humanitarias dé información”.

Por razones humanitarias: es decir, que El Killer Molina tenga la generosidad de decirnos dónde están los restos de Marcelo. Como probaron documentadamente los familiares de los desaparecidos, esa información está en las FFAA, que se negó a cumplir una orden judicial de desclasificación de archivos. El propio Evo Morales declaró que esos archivos habían desaparecido y ofreció acompañar a los familiares de las víctimas a verificar su inexistencia. No lo hizo, ni por razones humanitarias. En lugar de ello, condecoró a las FFAA con la Medalla al Mérito Democrático Marcelo Quiroga Santa Cruz, la institución responsable del golpe de Estado del 17 de julio de 1980 (7 de agosto, según el Presidente) en cuya sede principal fue torturado, asesinado y desaparecido Marcelo Quiroga Santa Cruz. Además de obstrucción de la justicia, la conducta del Gobierno podría ser tipificada en este caso como de apología del delito.

La captura de El Killer Molina puso en evidencia la negligencia de las autoridades estatales que tienen la obligación de hacer cumplir los fallos judiciales y garantizar la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

La Policía no tendría que haber necesitado contar con la información proporcionada por los familiares de Quiroga Santa Cruz para realizar el operativo que permitió, en pocas horas, dar con su paradero. 

Es justo que Froilán Molina haya sido capturado y cumpla su condena, pero no es bueno que una causa que compromete la salud democrática del Estado sea tratada con tan sistemática ineptitud o con abierta complicidad con los responsables de crímenes de lesa humanidad.