Embajador: Bolivia también pide antecedentes penales

El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, sostuvo que Bolivia también pide antecedentes penales a los ciudadanos argentinos que quieren radicar en el país, así como sucede en otras naciones de la región.

“Son documentos que todos los países piden, inclusive Bolivia también pide antecedentes penales. También exige a todos los ciudadanos argentinos que vinieron a vivir acá el certificado de antecedentes, el prontuario. O sea que  creo que se ha exagerado el tema”, declaró a Página Siete.
Álvarez expresó esas aseveraciones ante  la escalada de declaraciones, protestas e incluso rechazo que provocó la puesta en vigencia del  decreto que modifica la Ley de Migraciones de    Argentina.   Para el diplomático, las reacciones sólo son muestra del desconocimiento que se tiene del decreto polémico.  Y en ese marco  llamó a la calma a la población boliviana.
“Primero, lo que yo quiero es llevar tranquilidad a los hermanos bolivianos. No hay nada que lleve a tener problemas. Los hermanos bolivianos van a seguir viviendo en la Argentina, estudiando, trabajando, comerciando, porque está demostrado y lo sabemos, todos los argentinos saben, que el boliviano es un pueblo trabajador, con una gran capacidad de crecimiento. Por eso tenemos que terminar estas discusiones y estas falsas alarmas”, enfatizó la autoridad.
El diplomático manifestó  que Argentina y Bolivia mantendrán sus buenas relaciones porque se trabaja  de forma conjunta en  la lucha contra el narcotráfico.  Además, indicó que lo que ambos países hacen es establecer reglas de radicación que no representan trabas, sino refuerzan la seguridad en la frontera. 
“No hay para nada una decisión o posicionamiento xenófobo o antiboliviano o antiperuano o antiparaguayo. Inclusive hay muchos colombianos en Argentina que están estudiando, muchos brasileños; o sea que en Argentina se va a encontrar distintas colonias de distintos pueblos: español, italiano, ruso, chino…  Eso es así, lo que se va a hacer es un mayor control en la frontera. Yo pienso que Bolivia también lo hará así en la frontera con Argentina, en la frontera con Perú, en la frontera con Brasil”, remarcó.
El embajador informó que en los últimos 10 años su país  acogió a más de un millón y medio de migrantes  provenientes de distintos países de Sudamérica. 
Lamentó que por la falta de información y la “exageración” de las declaraciones  de algunas autoridades de su país, que generalizaron al relacionar   a los migrantes con la  delincuencia,  se haya generado  preocupación en los residentes no sólo bolivianos, sino también de otras nacionalidades.  
Indicó que    la delincuencia e inseguridad  en Argentina no se puede relacionar directamente con  la presencia de migrantes y que tampoco se debe culpar a ellos de los problemas que hay en su país.  “La inseguridad en Argentina, que hay sobre todo en las grandes ciudades, la mayoría son hechos por ciudadanos argentinos, delitos cometidos por argentinos. Los delincuentes existen en todos los países. Acá en Bolivia también la gente reclama por seguridad, eso es en el mundo”, explicó.
Tampoco, dijo,  se puede relacionar el decreto migratorio con la delincuencia y los ciudadanos que vienen de otros países para quedarse a trabajar o estudiar en Argentina.
El diplomático  explicó que la  norma se aplicará a quienes incurrieron en ilícitos. “El decreto, si uno lo lee, únicamente  actúa sobre aquellos que cometen delitos, tienen antecedentes penales;  inclusive con expulsión de aquellos que fomenten la prostitución; por ejemplo, que actúan o han actuado en situaciones de terrorismo, gente que ha falseado documentación para vivir en Argentina”, explicó.
El polémico decreto migratorio, que está vigente desde el lunes, busca, entre otras medidas, agilizar la extradición de extranjeros que cometieron delitos en ese país.
“Se   agilizará las extradiciones a quienes han cometido delitos, a quienes están en Argentina, que han viajado a Argentina no a trabajar, no a estudiar, no ha crecer personal o familiarmente, sino que han ido a delinquir”, afirmó. 
Un decreto que generó polémica
El artículo sexto del decreto polémico  cambia  el artículo 62 de la Ley N° 25.871, que es  de migraciones. La modificación establece, entre otras medidas, que la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina podrá cancelar la residencia cuando se den los siguientes casos:- Con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada o hubiese omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de seguridad.
– El residente hubiese sido condenado, en Argentina  o en el exterior, “aunque dicha condena no se encuentre firme”, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.