Bolivia registró en 2021 la mayor deforestación de los anteriores 20 años: 286.000 hectáreas y con los diferentes compromisos del Estado para producir etanol, biodiesel y exportación de carne, este proceso se acelerará y pone en riesgo la seguridad alimentaria, advierte la Fundación Tierra en el estudio “Deforestación 2016-2021, el pragmatismo irresponsable de la Agenda Patriótica 2025”.

La investigación realizada por la fundación, en alianza con Welthungerhilfe (WHH), estuvo a cargo de su director Gonzalo Colque y el equipo técnico compuesto por Efraín Tinta, Fernando Alcons y Gustavo Salas, y ofrece al público un reporte actualizado sobre la temática. Contiene información estadística hasta el 2021 y se analiza con mayor detenimiento los últimas gestiones (2016-2021), período denominado como deforestación reciente.

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Los desmontes ocurridos en los años recientes merecían y merecen mayor atención debido a que están conectados a los planes gubernamentales de ampliación de la frontera agropecuaria hasta 2025.

En 2021 la deforestación llegó a su mayor nivel de los 20 años precedentes, con 286.000 hectáreas, según las cifras contenidas en el estudio.

Hasta 2000, la deforestación registrada sumaba 2,68 millones de hectáreas a escala nacional. Durante la década 2001-2010 alcanza a 1,73 millones de hectáreas, es decir 173.000 hectáreas por año. Este número sube a 2,38 millones de hectáreas en la siguiente década 2011-2020, esto significa 238.000 hectáreas por año.

La deforestación acumulada totaliza 7.083.852 hectáreas y el 86%, es decir 6.114.071, se concentra en Santa Cruz. El resto se encuentra, principalmente, entre los departamentos de Beni, la región tropical de Cochabamba y el norte de La Paz.

Durante la implementación de la Agenda Patriótica 2025 (2016-2021), disminuyó levemente la participación de Santa Cruz. En este período se deforestaron 1,8 millones de hectáreas a escala nacional, de las cuales 1,5 están ubicadas dentro del territorio cruceño. Esto representa el 83% de la deforestación reciente, señala el estudio.

La superficie autorizada por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para desmontes alcanzó a 212.000 hectáreas anuales entre 2016 y 2021, lo que representa un cambio radical comparado con el promedio de 76.000 hectáreas del periodo 2011-2015. La diferencia porcentual entre ambos promedios alcanza a 177%.

La superficie autorizada de desmontes comenzó a incrementarse gradualmente desde 2013, al alcanzar una cifra récord en 2018, con 270.000 hectáreas. Una justificación gubernamental es que se habrían comenzado a “legalizar” los desmontes ilegales mediante la flexibilización de requisitos y procedimientos.

De acuerdo con el estudio emergieron nuevas zonas deforestadas para la agricultura mecanizada. La deforestación dejó de ser un fenómeno circunscrito a la Zona Agroindustrial de Santa Cruz y mayormente emerge en nuevos territorios.

La superficie autorizada por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para desmontes alcanzó a 212.000 hectáreas anuales entre 2016 y 2021, lo que representa un cambio radical comparado con el promedio de 76.000 hectáreas del periodo 2011-2015. La diferencia porcentual entre ambos promedios alcanza a 177%. La superficie autorizada de desmontes comenzó a incrementarse gradualmente desde el año 2013, alcanzando una cifra récord, el 2018, con 270.000 hectáreas.

Una justificación gubernamental es que se habrían comenzado a “legalizar” los desmontes ilegales mediante la flexibilización de requisitos y procedimientos. De acuerdo con el estudio emergieron nuevas zonas deforestadas para la agricultura mecanizada. La deforestación dejó de ser un fenómeno circunscrito a la Zona Agroindustrial de Santa Cruz y mayormente emerge en nuevos territorios.

Se identifica y expone con mayor detalle el protagonismo de tres zonas representativas (Laguna Concepción, Bolibras y San Ignacio de Velasco) que se caracterizan por el avance del modelo soyero, presencia mayoritaria de medianas y grandes propiedades empresariales, asentamientos de nuevas colonias menonitas, desmontes en tierras fiscales y comunidades campesinas e indígenas.

También se pierden territorios indígena como la TCO Guarayos, que era la más grande de tierras bajas donde los predios están en manos de comunidades menonitas y han sido deforestados.

Pero el mayor riesgo es que el país deje de producir alimentos. “Un país que siembra gran parte de sus tierras cultivadas con soya y sorgo es un país que está dejando de producir alimentos. En este caso hoy se cultiva menos maíz y eso va traer problemas ya que obligará a importar maíz a precio subvencionado”, remarcó.

Si no se garantiza maíz a costo bajo aumentará el precio de la carne de pollo, cerdo y otros alimentos y habrá problemas económicos porque el Estado no puede subvencionar de manera infinita, complementó Colque.

La principal recomendación del estudio de la Fundación Tierra es abandonar el pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025”. El Gobierno debe suspender la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, al menos en lo que respecta al sector agrario y ambiental.

“Las políticas y normativas agroambientales laxas están anulando los avances que existían para la protección de los bosques, ecosistemas y medios de vida de las poblaciones rurales más vulnerables”, recalca el estudio.