GAMLP: App que oferta servicio de transporte, no es legal ni segura

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Foto: Página Siete

En un operativo que duró tres horas, desarrollado entre  la avenida Arce y la plaza España, funcionarios de la Alcaldía de La Paz decomisaron cinco placas a vehículos particulares por transportar de forma “ilegal” a pasajeros  gracias a la  digital de la empresa Uber que, pese a lo citado, hoy continuará trabajando con total normalidad.

“Los vehículos directamente no tenían ningún distintivo que los identificaba como taxi, se sancionó  con 100 bolivianos a cada uno y el decomiso de sus placas”, informó Luis Oliden, de  la Secretaría Municipal de Movilidad de la Alcaldía paceña.  Uber es una aplicación tecnológica que ofrece un servicio de transporte a los usuarios a través de un celular inteligente. Lo único que se necesita es tener un vehículo propio e inscribirse a Uber. El pasajero avisa por la aplicación que necesita ir a un lugar y el conductor que esté cerca se ofrece para hacer la carrera.
Voceros de Uber aclararon a este medio que el número de viajes realizados ayer gracias a esa aplicación es una cifra que no es pública en ninguna ciudad y no puede ser compartida.
“Uber es una empresa de tecnología, no de transporte. Buscamos ofrecer un modelo innovador de movilidad para La Paz, muy diferente a las categorías que hoy en día existen.  La propuesta de Uber es lograr que los vehículos privados que ya circulan por la ciudad dejen de ser un problema y se conviertan en parte de la solución a la congestión, la polución y la escasez de espacio público”, dijo el vocero.  El secretario municipal de Movilidad de la Alcaldía paceña, Ramiro Burgos, afirmó  que Uber no funciona legalmente en el municipio y que tampoco  garantiza la seguridad de los usuarios, por lo que realizarán operativos sorpresa en la ciudad y sancionarán a los responsables.
“La Secretaría ha tomado la decisión de realizar los operativos y acciones que sean necesarias para sancionar como corresponde a quienes operen prestando un servicio que es irregular, ilegal y que no tiene la autorización de la autoridad en materia de transporte”, aseguró el secretario municipal de Movilidad.

 

"Todo intelectual tiene la obligación moral de poner en discusión las decisiones que emanan del poder político"

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