El Gobierno aumenta la presión para cambiar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró ayer que, si no asume el Vicegobernador como primera autoridad, lo que corresponde es convocar a elecciones para elegir a una nueva autoridad departamental.
En tanto, funcionarios de la Gobernación cruceña aseguran que Camacho está ejerciendo el cargo de gobernador de Santa Cruz sin problema alguno, e incluso han abierto una oficina en la ciudad de La Paz para facilitar el flujo de documentos que tiene que firmar desde la cárcel de Chonchocoro.
Ayer, el vicegobernador Mario Aguilera manifestó que el gobernador Camacho “está en condiciones de cumplir sus funciones” y que un ejemplo de ello es un decreto departamental que firmó y ratificó a sus siete secretarios departamentales.
Según declaración de Lima, “si el Gobernador y el Subgobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento. El Tribunal Supremo Electoral tendrá la palabra y vamos a tener una definición (…). Lo que no vamos a permitir es que el estatuto no se respete”, dijo.
Sin embargo, Aguilera ratificó que las causales para que Camacho deje de ser gobernador son las que figuran en artículo 26 del Estatuto Autonómico que señala que el mandato de gobernador cesará “únicamente en caso de muerte, renuncia formal presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y revocatoria del mandato”.
Camacho fue detenido el 28 de diciembre de 2023 por no declarar ante el Ministerio Público por el caso denominado Golpe I. Dos días después, el 30 de diciembre, un juez decidió detenerlo de manera preventiva por cuatro meses al penal de Chonchocoro.
Lima insistió en que “nuestra posición es exigir el respeto del Estatuto y la Carta Orgánica que han sido aprobados por los cruceños y la misma Constitución, y estamos evaluando a partir de algo que no esperábamos, que la Asamblea Legislativa representada por Zvonko Matkovic no ha consultado con toda la Asamblea porque veo que hay asambleístas que están dando diferentes declaraciones, y especialmente el Vicegobernador que ha dicho que no va a ejercer su obligación”, manifestó.
Trabajo político
Sin embargo, desde la oposición, se denunció a la vocal del Órgano Electoral Dina Chuquimia, designada en un segundo mandato de manera ilegal por el presidente Luis Arce, de realizar trabajo político, y no garantizar la independencia que debe haber entre los poderes del Estado.
El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi denunció que Chuquimia cometió injerencia al pronunciarse sobre la situación de Santa Cruz, al aseverar que el Subgobernador de ese departamento debe asumir el cargo de Gobernador, ante la ausencia de Camacho, según Brújula Digital.
La asambleísta departamental de Creemos, Paola Aguirre, dijo ayer que se enviará en avión los decretos para que Camacho pueda firmarlos desde la cárcel.
“Con relación a las funciones no delegables, por supuesto que va a continuar llevándolas adelante. Hay funciones que pueden ser delegables a los secretarios que pueden estar en territorio cruceño, la Gobernación y ejecutar los actos administrativos. Hay una oficina que funciona en La Paz y esta oficina va a adquirir mucha importancia ahora que el Gobernador está recluido en Chonchocoro”, declaró Aguirre a Urgente.bo.
Afines al MAS piden 30 años de cárcel
Varias marchas de sectores sociales afines al Gobierno se realizaron ayer en las ciudades de La Paz, Cobija, Oruro y Cochabamba como respuesta a las protestas cívicas del pasado martes y en defensa de la democracia y demanda de justicia por las masacres de Sacaba y Senkata de 2019, según reporta Urgente.bo.
Los movilizados pidieron que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea sentenciado con la pena máxima de 30 años de cárcel por su participación en el presunto golpe de Estado de 2019, que derivó en la toma del poder por parte de Jeanine Áñez y las muertes de Sacaba y Senkata.
Amplían denuncia contra Camacho por 2 delitos más
La Fiscalía presentó la ampliación de la denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ante el juez décimo de Instrucción Penal Cautelar por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas para “evitar futuras nulidades” en el caso golpe de Estado I.
El Ministerio Público puso en conocimiento la ampliación de la denuncia el 4 de enero de este año ante el juez para efectos de control jurisdiccional a solicitud de la representante legal del Ministerio de Gobierno por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y seducción de tropas.
El memorial especifica que es “para evitar futuras nulidades” y de conformidad al Código de Procedimiento Penal, la ampliación de la investigación es en contra de Camacho, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha, en La Paz.
La solicitud de ampliación fue planteada por Daniela Norma Zabala en su condición de directora general de Asuntos Jurídicos, Julisa Irene Durán como jefa de Unidad de Gestión Jurídica como apoderados y en representación legal de Ministerio de Gobierno, según el memorial publicado por Gigavisión.
La denuncia fue ampliada el mismo día que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó el movimiento financiero de las cuentas bancarias de Camacho.