Gobierno y Fiscalía intervienen DDRR ante hechos gravísimos

El Gobierno y la Fiscalía intervinieron las oficinas de Derechos Reales (DDRR) en las ciudades de Santa Cruz y Warnes, después de descubrir “hechos gravísimos” de corrupción. Se determinó que son siete las denuncias penales contra funcionarios y ocho las personas involucradas en delitos.

Desde la capital cruceña, los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Justicia, Héctor Arce, dieron una conferencia de prensa para informar sobre dos operativos que se realizaron en esas oficinas, luego de conocer casos de graves irregularidades.

“Es una primera incursión, sobre esto vamos a seguir trabajando a ver qué más encontramos en un manejo caótico e irresponsable en Derechos Reales. Se debe aclarar que esto se ha puesto en conocimiento del presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, y él se comprometió a apersonarse en estos procesos como víctima y a cambiar a los funcionarios”, dijo ayer el ministro Arce.

Los hechos de corrupción se descubrieron después de verificar que en DDRR de Sucre ocurrió lo mismo. Personal del Ministerio de Justicia revisó documentación de Santa Cruz y descubrió desde desvíos de miles de dólares a favor de cajeros hasta cancelaciones temporales de hipotecas para la venta de inmuebles, entre otras ilegalidades.

“Hay ocho personas involucradas, cinco en Santa Cruz y tres en la ciudad de Warnes con casos concretos y gravísimos”, declaró Arce. Explicó que los implicados, entre ellos el juez registrador Alfredo Echeverría, tienen  denuncias por los delitos de manipulación informática, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, entre otros.

“Esta es una primera incursión de manera conjunta y coordinada, con ayuda del Ministerio Público y vamos a seguir trabajando en un manejo irresponsable, caótico de una institución fundamental que tiene la responsabilidad de dar fe y registrar la propiedad de las personas”, aseguró el Ministro de Justicia.

Anteriormente, el  Consejo de la Magistratura estableció que hubo un desvío de 700 mil bolivianos en las oficinas de Montero  y que más de 300 folios desaparecieron de las oficinas de la capital cruceña.

Ambos ministros ya habían denunciado estos hechos de corrupción y lamentaron que el Consejo de la Magistratura no tome cartas en el asunto.

Luego de la intervención conjunta, el Ejecutivo se comprometió a seguir con operativos y  revisar documentos para “precautelar la seguridad” de la población.

Desde hace tiempo que se revelan hechos de corrupción en Derechos Reales de Santa Cruz.

La primera grave alerta surgió en octubre del pasado año, cuando Página Siete reveló el caso del gravamen de más de 100 departamentos en esa ciudad por una deuda de 15 millones de bolivianos, y  los dueños no lo sabían.

El domingo 31 de marzo, este diario publicó otro reportaje sobre cómo se cometían ilícitos “a pedido” en esas oficinas, en las que funcionarios y tramitadores trabajaban  coordinadamente.

El detalle de los delitos en DDRR

El ministro de Justicia, Héctor Arce, contó en conferencia de prensa cuáles eran las irregularidades que se cometían en Derechos Reales de Santa Cruz en los últimos años.

1 Citó el caso de un banco que logró una orden para hipotecar legalmente un bien;  sin embargo, en DDRR se bloqueó esa acción con el argumento de que el bien debía ser transferido antes a una tercera persona, por lo que el gravamen no se hizo.

2 Se descubrió que funcionarios levantaron las hipotecas de dos inmuebles que estaban gravados por dos deudas, una de 80.000 dólares y otra 200 mil dólares y ni el acreedor ni el deudor sabían de esa acción. El acreedor inició una demanda.

3 Bajo el mismo modo de operar, los funcionarios cancelaban gravámenes para que sean vendidos algunos bienes. Estas operaciones no podían ser de conocimiento exclusivo de una sola persona. En todo este proceso ilegal había más de tres personas involucradas que supuestamente recibían fuertes sumas de dinero.

4 Existe también daño económico al Estado por afectaciones al patrimonio de Derechos Reales. Había una modalidad de pago de 4 x 1.000 que pagaban los ciudadanos. Por ejemplo, si una persona pagaba 40.000 bolivianos, esas boletas de pago eran anuladas por los funcionarios y se reemplazaban por otras de 1.000  bolivianos o menos. Todo para que el sobrante vaya a manos de los cajeros y ellos eran quienes retiraban el monto grande.

5 La desaparición de los folios de inmuebles también era  otro tipo de irregularidades. De estas acciones ilegales también los funcionarios se beneficiaban con fuertes sumas de dinero. Los montos cobrados llegaban al juez registrador Alfredo Echeverría, según las hipótesis.

La Policía aprehende al juez registrador Alfredo Echeverría

La Policía detuvo al juez registrador de Derechos Reales, en Santa Cruz, Alfredo Echeverría, por las denuncias de corrupción que pesan en su contra. Previamente,  el Consejo de la Magistratura determinó suspenderlo por 30 días sin goce de haberes.

El ministro de Justicia, Héctor Arce,  dijo que al margen del proceso disciplinario que debe seguir el juez Echeverría también cometió delitos. “Aparte de la sanción interna, tiene responsabilidades penales que tiene que afrontar”, aseguró ayer la autoridad en una conferencia de prensa desde Santa Cruz.

Minutos después,  los policías y representantes de la Fiscalía llegaron a su oficina para detenerlo.

En la mañana, el representante distrital del Consejo de la Magistratura, José Antonio Baldelomar, declaró sobre su proceso.  “Seguro vamos a hacer una evaluación de todo este proceso, suspensión por 30 días inicialmente y obviamente  eso es sin goce de haberes”, afirmó.

Los últimos días de marzo las oficinas de Derechos Reales (DDRR) de las ciudades de Santa Cruz y Montero fueron intervenidas. Se  constató, tras la acción,  la desaparición de 357 folios y el desvío de 700 mil bolivianos a cuentas personales de un funcionario, además de otros presuntos indicios de irregularidades.

Días después, un reportaje de Página Siete reveló que en DDRR de Santa Cruz se puede    anular deudas, gravar inmuebles, sacar “certificados negativos”, corregir errores y realizar otros trámites ilegales -a pedido- con tramitadores y funcionarios, quienes tienen precios para cada ítem.

Esta revelación derivó a que Echeverría acuse al periodista que hizo la nota y jefe de Redacción de este medio, Alcides Flores, de ser parte de un clan. “Ese señor de Página Siete, y les advierto,  aparentemente está trabajando con un clan de loteadores que se llama creo Monasterio-Iglesias, algo así los apellidos (del clan)”, afirmó el exjuez.  Sobre el registrador Echeverría  pesan al menos 10 procesos penales por manipulación informática y otros delitos.