La crisis de la justicia

Con el recambio de personas en el Tribunal Constitucional Plurinacional no se acabó la pesadilla que viven los ciudadanos que deben recurrir a litigar en alguna instancia del órgano judicial. Resistiendo hasta último momento ser sustituido -a pesar de haber presentado su renuncia-, finalmente Ruddy Flores dejó la presidencia del TCP. Lo reemplaza Efren Choque. Su nombre por sí solo no garantiza que la administración de justicia sea más expedita, sin influencias políticas y confiable. Las cartas parecen estar echadas luego que el propio Flores revelará la mañana del pasado 19 de febrero que sus líneas son espiadas por inteligencia del Estado. Semejante osadía le valdría más tarde su renuncia al cargo que ocupaba desde enero de 2012 cuando el Gobierno inició una inédita selección del Órgano Judicial a través de elecciones. El vicepresidente Álvaro García Linera descalificó esas declaraciones, pero más allá del desmentido ha quedado un aire de tensión que no se resolverá con el recambio de personas. La crisis de la justicia que atraviesa el país es una de las más agudas y críticas de los últimos años, devenida por la intromisión política en varias instancias de su administración.

Elecciones

En octubre de 2011, los bolivianos concurrieron a las urnas para escoger 56 magistrados  entre un centenar de nombres desconocidos a ocupar puestos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Las elecciones según declararon las autoridades buscaba transparencia en la administración de justicia. Sin embargo, fueron un zambullón al vacio. El 56% de los votos en esa elección fueron nulos y blancos. Igual así, el Gobierno posesionó a las autoridades en enero de 2012 en medio de poca expectativa de la población pero de gran entusiasmo para los representantes del Gobierno que aseguraban que se trataba de un paso histórico para desterrar del país la corrupción que había hecho presa en varios estamentos del Órgano Judicial.

No era la primera vez que se recurría a la palabra reforma para aplicarla ala justicia. Durante el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se aprobó la Ley Blatman ahorrando el mérito de esa reforma a quien entonces ocupaba la cartera de Justicia, René Blatman. La ley fue un nuevo experimento para acelerar la retardación de justicia y otras normas destinadas a su funcionamiento más ágil y moderno. Pero, como sucede ahora, la ley pronto ingresó en una baldosa fría y resbaladiza. Los mecanismos mejoraron su pesado funcionamiento pero la elección de magistrados seguía siendo digitada desde el poder político. Un cuerpo que difícilmente parece funcionar solo y que es engrasado por la osadía de los encargados del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, un hecho destacado de esa ley fue acortar el periodo de detención y ejecutar sentencia para los detenidos que se encontraban recluidos en cárceles sin el debido proceso. En una entrevista publicada en marzo de 2004 el actual vicepresidente Álvaro García Linera declaró a la revista Datos que salió en libertad gracias a la Ley Blatman. Otros cientos de detenidos también alcanzaron su libertad.

Con la elección de magistrados a través del procedimiento del voto se pensó que la justicia se limpiaría de corrupción y se facilitaría la independencia del Poder Judicial. Un año después, la reforma se ha convertido en una carga pesada para la actual administración de Gobierno. Hoy más que nunca se han presentado denuncias sobre la corrupción de sus elegidos. La pugna de intereses entre ellos mismos ha devenido en verdaderos escándalos que amenazan paralizar el órgano plurinacional. De nada valieron las criticas y el rechazo que se expresó no solo en la votación sino a través de declaraciones de políticos, analistas y profesionales que reclamaron porque se anule el proceso y se haga una selección mediante otro tipo de mecanismos.

El 3 de enero de 2012 los 56 elegidos fueron posesionados en un acto solemne que contó con la presencia del primer mandatario de la Nación, en los ambientes del Poder Judicial en Sucre. Ese mismo día se inició el descalabro de la justicia, coinciden en advertir varios jurisconsultos. Solo para tener una idea cabal de lo que representó ese proceso. El candidato que más votos recibió en esas elecciones, el vocal del Tribunal Agroambiental Bernardo Huarachi Tola que obtuvo 292.740 votos, siendo un representante indígena ha sido acusado por actos dolosos en el ejercicio de sus funciones. Igual que él, otra gran mayoría de sus representantes atraviesan procesos por varias irregularidades que no debería ser la máxima en las personas que administran justicia. Hay una corriente que reclama que los elegidos a estos cargos deberían ser además de personas idóneas, ampliamente entendidas en leyes e intachables. Los elegidos han declarado su propia aversión a ciertas reglas ineludibles. Hay magistrados que han señalado que antes de dictar un fallo leen la suerte de una decisión suprema en las hojas de coca. Otros han sido suspendidos de sus funciones por consumir bebidas alcohólicas en sus propias oficinas y hay hasta quienes han sido acusados por agresión.

En medio de este cuadro de situación alarmante y de parálisis del Tribunal Supremo Plurinacional, Bolivia se adentra durante los próximos cinco días en la efervescencia carnavalera. El Gobierno ha dispuesto que este viernes se trabaje en horario continuo para dedicar el resto de las horas a la tradicional c´halla de las oficinas públicas. Como si habría motivos para festejar este cuadro de crisis extrema que se advierte en el andamiaje del Poder Judicial.