La “fiebre del oro”, el mercurio y la violencia entran al parque Madidi de Bolivia

“Es preocupante ver que estos grupos de mineros están tomando el control de territorios indígenas y áreas protegidas y todo se va poniendo cada vez más violento”, denunció a France 24 la dirigente Ruth Alipaz, del grupo étnico Uchupiamonas, que vive en el corazón del Madidi.

“Se supone que este territorio está titulado para los Uchupiamonas, pero cualquiera llega con un título minero y dice ‘esta parte del río y esta concesión son mías’ y se instalan ahí y la ley los protege”, protestó la también líder de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos (Contiocap), que en marzo llevó su queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia es que las cooperativas mineras, que son un sector influyente en el Gobierno de Luis Arce como lo fueron en el de Evo Morales (2006-2019), están ocupando áreas superpuestas a los territorios indígenas debido a las contradicciones entre la legislación para proteger esas zonas y la política extractivista de recursos naturales.

Si bien la Constitución de 2009 reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contradictoriamente el Estado desde el 2014 ha aprobado leyes que permiten los asentamientos mineros que “arriesgan nuestra existencia” en el Madidi, sostuvo la dirigente indígena.

El fondo del problema es la “fiebre del oro” que vive esa región debido a los precios del mineral precioso al punto de que se ha convertido en el principal producto exportado en 2021 por Bolivia con un valor de 2.557 millones de dólares, por encima de la venta de los hidrocarburos.

La minería ha volcado a muchas personas a la Amazonia para explotar el oro con dragas y mercurio en los ríos Beni y Tuichi provocando que pueblos como el de los Uchupiamonas, que viven del ecoturismo comunitario, vean “destruidas sus propias opciones de vida”, sostuvo la dirigente indígena.

Alipaz entiende que la explosión de la minería aurífera tiene que ver con la pobreza de mucha gente, pero también, según dijo, con la presencia incluso de empresas chinas y colombianas que operan con dragas y maquinaria pesada que amenazan la vida de las etnias, entre las que también están los pueblos ancestrales Tacana y Leco.

El Madidi posee una extensión de 1,8 millones de hectáreas en el noroeste de Bolivia, fronterizo con Perú, y es considerado como un paraíso de nivel mundial para la ciencia por la diversidad de flora y fauna que ha revelado en los últimos años.

El Gobierno ha negado haber entregado nuevos permisos para operar en áreas protegidas y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dijo que rechazó 97 peticiones de empresas, pero reconoció la existencia de derechos mineros anteriores a 2014.

Sin embargo, según los indígenas y legisladoras que visitaron el Madidi, las cooperativas mineras legales e ilegales siguen instalándose y no hay quien las controle, generando escenarios de confrontación.

Los niveles de mercurio alarmantes en los indígenas

Uno de los ángulos alarmantes del problema es el nivel de mercurio detectado en los indígenas a partir de su consumo del pescado contaminado con ese metal usado en los ríos para explotar el oro.

El Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (CEDIB) constató a fines del 2021 que en 350 muestras de cabellos de los indígenas de la zona se ha detectado en promedio la presencia de 7 partes por millón (ppm) de mercurio, cuando lo tolerable, según la Organización Mundial de la Salud, es solo 1ppm.

La investigación incluso detectó el extremo de una persona con 27ppm.

El director del CEDIB, Oscar Campanini, dijo a France 24 que el estudio se complementará en agosto con un análisis sobre el sector etario más afectado, las actividades económicas y el consumo de alimentos, “aunque todos los indicios dan cuenta de que el pescado es el canal de contaminación con mercurio”.

Campanini, que también participó en la audiencia de la CIDH, dijo que ve “muy poca o nula voluntad política” en el Estado para reducir o eliminar el mercurio, pese a que el país ha firmado el convenio de Minamata (Japón) y tiene plazos encima para presentar sus planes regulatorios y de acción.

En la audiencia de marzo en la CIDH, el relator de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, advirtió que la exposición al mercurio genera discapacidades graves y “puede ser letal” y recordó que se han comunicado las preocupaciones sobre el aumento de las importaciones y el “tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia a otros países” como Perú y Colombia.

Bolivia es considerado como el primer importador de mercurio de Sudamérica y el segundo en el mundo. Según el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre 2015 y febrero del 2022, se importaron 1.292 toneladas de mercurio, que costaron 45 millones de dólares.

Durante en la sesión de la CIDH, el director de medio ambiente del Ministerio de Minería, Fausto Vélez, admitió que el tema del mercurio es “preocupante”, pero dijo que “es difícil sustituirlo en la minería aluvional”, aunque se comprometió a que se trabajará en la contención del comercio del producto.

Senadora: la violencia se torna común ante la vulnerabilidad 

La senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Medioambiente, visitó la zona hace unos días, pero su delegación sufrió agresiones supuestamente de mineros que le impidieron bajar de una lancha amedrentándola con explosiones desde tierra y luego lanzándole piedras a su bote.

Requena pretendía visitar la localidad de Chushuara donde horas antes se produjeron conflictos violentos y confusos que implicaban a mineros, campesinos e indígenas y que se saldaron con la detención de 18 personas y un herido de bala.

La senadora dijo a France 24 que “se ha visibilizado la vulnerabilidad extrema de las personas y la violencia que se está volviendo cada vez más común en la región del norte del departamento de La Paz y que en muchos casos está relacionada con la minería”.

Pero más allá de eso, existe el riesgo de un mayor descontrol por la falta de una presencia del Estado en esas zonas.

“Hay lugares al norte de La Paz, cerca de la frontera con el Perú, donde se están juntando las actividades del narcotráfico con la explotación del oro porque es muy rentable. Ya en esos casos estamos hablando de otro nivel de violencia”, advirtió sobre las posibles consecuencias.