Un fiscal convocará a representantes de la iglesia para conocer su grado de participación en el “golpe de estado” en noviembre de 2019.
Como en Nicaragua aquí la iglesia católica es blanco del Gobierno por su participación en los luctuosos sucesos que se vivió tras las elecciones de 2019. Entonces, representantes de la iglesia por iniciativa propia o convocados por la dirigencia política (está por verse la Fiscalía alista una investigación) acudieron a las reuniones en las que se definieron salidas a la crisis política que enfrentaba el país.
Ahora que el Gobierno tiene el sartén por el mango después de la detención de quien es apuntado como el artífice de la salida de Evo Morales de la Casa del Pueblo, la fiscalía quiere escuchar a los involucrados religiosos para saber el punto de su participación en la transición: Hasta dónde llegaron, cuáles fueron sus recomendaciones y sugerencias en el periodo.
Los obispos han indicado que están dispuestos a acudir al tribunal para aclarar el objeto de su activa participación cuando grupos de políticos de la oposición, legaciones diplomáticas acreditadas en La Paz, voceros del MAS y otros actores entre ellos representantes del clero se reunieron para discutir la sucesión constitucional.
La versión del Gobierno del MAS es que ese grupo actuó al margen de la constitución y promovió un golpe de Estado que ahora es investigado hasta sus últimas consecuencias en la justicia. El tema de larga data es como un dogal sobre la espalda de la oposición que ha denunciado que el MAS quiere desarticular cualquier brote que haga sombra para borrarla del mapa. El caso se produce en medio de una aguda crisis incluso al interior del MAS.
En esta coyuntura, hay quienes sostienen que la arremetida judicial contra la oposición es irreversible.