Ley Municipal 233 es un golpe a loteadores

La Ley Municipal 233/17, de Fiscalización Territorial, instituye un sistema de control que endurece las sanciones para los que construyen inmuebles fuera de todo control y simplifican los procedimientos.

“El Gobierno Municipal busca frenar a los loteadores con sanciones drásticas y procedimientos ágiles”, declaró el alcalde Luis Revilla, a tiempo de afirmar que los ciudadanos Jaime Vera y Jesús Vera tratan el tema sólo por intereses políticos.

Hasta abril de la presente gestión sólo en la zona Sur se ha logrado recuperar 99.469,42 metros cuadrados de propiedad pública, seguido de la instauración de 149 procesos técnico-administrativos.

Villa San Antonio, Villa Salomé, Ciudadela Ferroviaria y Cotahuma también son severamente afectados por los asentamientos irregulares, donde posteriormente se construyen viviendas precarias y sin servicios, como ocurrió en el Barrio Ferroviario.

En el Barrio Ferroviario, los loteadores no consideraron la existencia de áreas de riesgo, como aires de ríos y tampoco respetaron la zona de preservación natural del Parque Nacional Mallasa, al afectaron al menos 80 hectáreas.

El Alcalde señaló que las sanciones serán aplicadas a las construcciones fuera de norma, “que se realizan vulnerando las disposiciones municipales”.

NO ES RETROACTIVA

La autoridad edil puntualizó que la Ley 233/2017, de Fiscalización Territorial, no es inconstitucional ni retroactiva. Con relación a la constitucionalidad de la normativa, explicó que sanciones como la demolición de construcciones ilegales ya están instituidas en la Ordenanza Municipal 076/2004 aún en vigencia y lo que hace la nueva normativa es endurecer las sanciones a futuro, para desincentivar la práctica de la toma ilegal de tierras.

También fue desvirtuada la supuesta retroactividad de la Ley 233/17 que aún no está en vigencia, debido a que no cuenta aún con la respectiva reglamentación. El instrumento jurídico será concertado con las representaciones vecinales.

IRREGULARIDADES

Operativos de fiscalización y control realizados en la zona Sur pusieron en evidencia que las irregularidades tienen que ver con construcciones que, pese a contar con planos aprobados, los mismos son alterados en la ejecución de la obra, lo que se constituye en un flagrante atentado a la propiedad pública y delito contra las normas municipales.

También representan un problema las construcciones en áreas municipales como ser: áreas verdes, paisajísticas, preservación natural, geológica y de riesgo, en sectores no urbanizados, omisión de construcción de muro divisorio o muro de contención, o la realización de los mismos sin autorización.

Tras conocer la incidencia de quebrantamientos a la norma municipal en la industria de la construcción, el representante del Organismo de Participación y Control Social, Wálter Sempertegui, señaló que se trata de una ley necesaria.

“Es una norma que los vecinos han solicitado para que se detenga la toma ilegal de tierras, en beneficio de personas inescrupulosas y negociantes de la tierra”, afirmó.