Marchistas discapacitados se acercan a La Paz

Desde hace 21 días una cruz envuelta en cadenas encabeza la marcha de 200 personas con discapacidad que avanza hacia La Paz en busca de un bono de 500 bolivianos mensuales. En la punta de la cruz  la bandera tricolor y la oriental flamean con el viento helado del altiplano.

Wilson Irala tiene 30 años, ojos hundidos, cabellos negros y una piel morena que en una pierna, un brazo y la mitad de su cabeza  se torna amarillenta. Casi la mitad de su cuerpo tiene  platino o algún metal.

Hace más de 20 días salió junto a dos de sus amigos  de Pailón, puerta de la  Chiquitanía. Al empezar la marcha, entre los tres cargaron por turnos la cruz. Hoy sólo Wilson lo hace.

“Es la cruz  de Semana Santa la que nos hemos traído. Éramos tres, pero ellos no pudieron seguir… entonces les he prometido que yo iba a llevar la cruz hasta La Paz, para que Dios nos dé fuerzas en nuestro Vía Crucis”, explica  con un acento particular mientras se descarga la cruz.

Mostrando una cicatriz que le atraviesa la cabeza cuenta que “no siempre fue así”. No entra en detalles de su accidente, pero asegura que el aire, el agua o el fuego ya no se sienten igual.

“El aire fresco ya no es un alivio, es dolor. La piel de mi brazo ya no siente nada. Es igual la  lluvia, que hacerme gotear una vela. Pero el dolor, en la cabeza o en la cadera, no desaparece”, comenta, mientras intenta sentarse.

En su descanso, de rato en rato abre su billetera. En ella dos pequeñas lo miran sonrientes.

“Son mis dos ‘peladingas’. Aún están pequeñas y no quiero que sufran. Ellas me necesitan y por ellas trabajo lavando  autos y parabrisas porque sólo para eso me sirve esta otra mano. Pero no alcanza… hay días que sólo llevo cinco pesos a la casa”, dice.

La madrugada del lunes  Wilson, junto a los rezagados de   la Caravana, llegó   a  Vila Vila, entre La Paz y Oruro. Se desencadenó de la cruz y reposó.

“Al traer la cruz le he pedido a Dios fuerzas, pero le he pedido también que tumbe el corazón de los gobernantes para que nos entiendan y ayuden”, asevera.

La Ministra de Justicia llama una vez más al diálogo

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, convocó ayer al sector movilizado de las personas con discapacidad a entablar nuevamente el diálogo. Indicó  que ayer   ya cerraron siete  mesas de trabajo.

“Los invitamos al diálogo para determinar los  puntos de su pliego petitorio. No hay voluntad de parte de ellos. Con mesas técnicas estamos arreglando y ya hemos cerrado siete mesas. Sólo faltan las de Pando y Beni”, dijo.

Ante la ruptura del diálogo el pasado viernes, la Asociación de Personas con Discapacidad de Oruro decidió suspender la vigilia de esa ciudad para  sumarse a la marcha  que va hacia La Paz.

“Vamos a suspender la vigilia y vamos a incorporarnos a la marcha y llegar juntos a la ciudad de La Paz. Nuestra voz es por aquellas personas con discapacidad grave, muy grave, que no pueden trabajar ni estudiar y necesitan un apoyo del Gobierno”, dijo la dirigente Griselda Tapia.

Asimismo, las delegaciones de  personas con discapacidad de La Paz y El Alto informaron que  hoy partirán a Patacamaya para esperar allí a los marchistas que llegarán desde Cochabamba.

“De La Paz son dos buses, cada uno con 40 personas, y otro bus de El Alto. Somos más de 120 personas que partiremos mañana (hoy)”, dijo el dirigente de las personas con discapacidad de El Alto, Rolando Alcázar.

Rechazan alza de impuestos para financiar el bono

La Cámara Boliviana de Fabricantes de Cerveza (Caboface) rechazó la propuesta de un incremento de impuestos al sector para financiar el bono de 500 bolivianos mensuales que piden las personas con discapacidad. El director ejecutivo de dicha  entidad, Alfredo Candia, pronosticó una crisis.

Tras el primer intento de diálogo  entre el Gobierno y las personas con discapacidad, el representante de este sector, David Cayo, señaló que entre las  propuestas para financiar el bono estaba el uso de  una parte de los impuestos a las bebidas alcohólicas, a los juegos de azar y  lo incautado al  narcotráfico.

“El sector cervecero y la industria en general rechazan la intención del Gobierno de aplicar un impuesto a la cerveza para subsidiar el bono para las personas con discapacidad. Las empresas cerveceras y el sector privado en general no se oponen a las demandas de las personas con discapacidad, las cuales son legítimas y a las cuales el Gobierno debe dar una solución”, indicó.

Candia afirmó que  financiar este bono incrementará la presión tributaria y generará un desequilibrio  en la industria cervecera, que “ahora  ya  sufre una carga impositiva excesiva”. Sostuvo que de implementarse  un incremento se afectará el desempeño productivo  y se pondrá en riesgo miles de empleos.

Explicó  que la industria de la cerveza es el principal contribuyente privado del Tesoro General del Estado. “La presión tributaria es la más alta de la región. El impuesto al consumo de la cerveza es del 34,6%, mucho mayor al de Argentina (8,7%), Paraguay (8%), Chile (20,5%), Brasil  y Venezuela (15%), a la que se suma  el bono ProLeche, que grava con 0,10 bolivianos  por cada litro de cerveza consumido”, dijo.