Medicamentos contra la salud

Las extensas fronteras que posee Bolivia con sus vecinos latinoamericanos la convierten en un territorio vulnerable para el contrabando de medicamentos. Cómo operan las bandas delincuenciales, sus jugosas ganancias y la enorme fragilidad para combatir un millonario delito.

De la a frontera con Chile, en la zona de Tarapaca y Parinacota, una fila de camiones y movilidades hacen vista ciega a la internación de mercadería de todo tipo: automóviles, usados, piezas, artículos de tocador entre los que cuentan como genéricos medicamentos de diverso uso, pasando por comestibles, cosméticos, ropa y una variedad de mercadería se internan a Bolivia desde la zona Franca de Iquique a través de una llamada zona de Extensión que el año 2022 recaudó US$ 2.800 millones. Una vez aquí se venderán en ferias y en el mercado informal a precios un 50% menos de que los que ofrece el mercado formal.

Ese comercio ilegal ha movido al presidente de Chile a nombrar un delegado presidencial para la región del norte chileno, porque la información relevante es que en esa zona desértica entre su país y Bolivia están operando organizaciones criminales que lideran el comercio ilegal que fractura la tranquilidad del país.

Se sabe, de acuerdo a información proporcionada por la oficina del delegado presidencial chileno, que el temible grupo criminal venezolano Tren de Aragua, domina las operaciones ilegales y se ha convertido en poco tiempo en una preocupación para la seguridad, ya que su presencia se ha extendido hasta la capital, Santiago.

En Bolivia, el camino expedito se hace notorio cuando se visita el mercado informal, en el caso que nos ocupa, la internación ilegal de medicamentos, que después de la pandemia de la Covid-19 ha cobrado una importancia descomunal para el cuidado de la salud de la población. Dat0s pudo comprobar que los operativos policiales son insuficientes para frenar la ola de contrabando que se ha apoderado en ciudades del país. Operativos del Servicio de Salud SEDES La Paz para recopilar muestras y estudiar los componentes de los medicamentos que son vendidos libremente, arroja resultados alarmantes. La entidad identificó al menos 20 medicamentos falsificados y de contrabando que circulan en el departamento y que ingresan por Perú, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.

Radiografía del sector

Pero para entender este negocio ilegal que mueve alrededor de US$ 100 millones al año es necesario conocer su composición. Una radiografía ayudará a establecer parámetros de lo que está en juego. Los actores que participan directamente en la aplicación de la Política Nacional del Medicamento son los ministerios de Salud y Deporte; Economía y Finanzas Públicas y Desarrollo Productivo, además de organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, tal el caso de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED). A esta estructura estatal se suman los privados: Asociación de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos (ASOFAR), la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL).

AGEMED, es en los hechos, la oficina que define la comercialización, vigencia y control a la importación de insumos médicos y de medicamentos; cumple con los requisitos de registros; regulación, gestión de calidad y el uso racional en tecnologías en salud. Se le cuentan alrededor de 55 funciones lo que la hace pesada y poco eficiente. Esta encargada de realizar campañas para la reducción de la comercialización de medicamentos ilícitos en el mercado boliviano.

Con información proporcionada por la misma AGEMED en 2020 –ya que para el presente estudio no contestó un cuestionario enviado en el mes de junio de este año- el mercado estaba constituido de la siguiente manera: Del 100% de empresas registradas ante AGEMED, el 14.2% correspondían a la Industria Nacional, el 81.5% a Importadoras y el 4.2% a Distribuidoras de Medicamentos. Según la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LINAME) la industria nacional atiende la demanda de 39.7% de medicamentos esenciales. El saldo, 60,3% es cubierto por medicamentos importados del extranjero.

Los operativos policiales son insuficientes para frenar la ola de contrabando que se ha apoderado en ciudades del país. Operativos del Servicio de Salud SEDES La Paz para recopilar muestras y estudiar los componentes de los medicamentos que son vendidos libremente, arroja resultados alarmantes. La entidad identificó al menos 20 medicamentos falsificados y de contrabando que circulan en el departamento y que ingresan por Perú, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.

La conclusión es que el mercado de los productos farmacéuticos se encontraba marcado por las importaciones. Esta situación no ha cambiado drásticamente. Por eso, se plantearon reformas que pretendían modificar la Ley del Medicamento de 1996 ajustándola a la nueva realidad y a la evolución de la industria con acciones para revitalizar el papel de AGEMED; establecer estándares de control evitando la presencia de fármacos de dudosa calidad y procedencia; lograr el abastecimiento de medicamentos esenciales en el sistema de salud publicó y estimular el desarrollo de la industria farmacéutica nacional.

 Desarrollo de la Industria Farmacéutica

Estas buenas intenciones del poder central no acompañan los adelantos de la industria farmacéutica en su integridad. De acuerdo a los ejecutivos de CIFABOL la industria se ha desarrollado con tecnología de punta y estaría en condiciones de “abastecer el mercado local hasta con el 75% de los productos de LINAME”. Este planteamiento obedecía a la necesidad de lograr una participación equitativa de la industria frente a los importadores, fortalecer la industria para el consumo de medicamentos de fabricación local y una política de estímulos como la implementación de medidas arancelarias que permitan condiciones de reciprocidad con los países exportadores.

Para formarse una idea de la importancia de los medicamentos en Bolivia, el mercado -antes de la pandemia- generaba alrededor de US$ 410 millones y estaba conformado de la siguiente manera:

• Mercado Privado US$ 315 millones
• Mercado Público US$ 95 millones
• Mercado Ilegal estimado en 20% del total, es decir aproximadamente US$ 80 millones al año

Una de las conclusiones de la investigación de 2020 es que no existía información precisa sobre el número de laboratorios que operan en Bolivia. De acuerdo al Perfil Farmacéutico del Estado Plurinacional existían 26 laboratorios; según el INE 22 y CIFABOL tenía registrados 19. Entretanto, AGEMED informó en enero de 2020 que existían 36 laboratorios, 606 importadoras y que solo 82 productos estaban regulados por la agencia.

Un dato curioso es que de acuerdo a información de AGEMED, la participación de mercado de las empresas importadoras de medicamentos se ha incrementado notoriamente. En 2014 las importaciones subieron de US$ 177 millones a US$ 189,3 millones el 2015. Un año después subieron a US$ 190,4 millones y en 2017 alcanzaron los US$ 199,6 millones.

El contrabando

Estas cifras son una muestra del interés de participar en el mercado. Bien regulado, pero sin restricciones a la penetración del contrabando, el gobierno ha dispuesto que AGEMED, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, la Aduana Nacional, la Policía Nacional y los militares en la frontera eviten la internación de medicamentos, pero el éxito del control que ejercen está en entredicho por sus exiguos resultados. Se reportan decomisos de productos importados sin registro sanitario de antinflamatorios, antigripales, analgésicos, antibióticos y lácteos.

Los encargados del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, explican que los productos de contrabando susceptibles a la venta ilegal son en su mayoría: Antigripal Tapsin Plus día y Tapsin plus noche, ENO, Uroplus, Sulfocarbon, Dolo Reumin, Rheumazin Forte, Magnatil, parche León, bloqueadores solares Off, Flogiatrin B12, pastilla del Día después y Enterogermina, entre otros. En junio de 2022, personal de la Aduana encontró en un bus de transporte público 10.325 medicamentos distribuidos en cajas sin ningún tipo de documento que acredite su legal importación, ni la autorización emitida por AGEMED. Entre los medicamentos de origen argentino se encontraron: Broncofar, Rimaficina, Rowatines, Reumacin Forte, Maganatil y Tonsulan Duo. La inspección de otro bus de transporte público halló cajas llenas de proteínas (aminoácido) y suplementos (creatina) ilegales, hasta ampollas de botox, proveniente de Brasil.

Se encuentran medicamentos de contrabando en el popular mercado de La Cancha, de Cochabamba, en el mercado Barrio Lindo, de Santa Cruz, en la zona de La Tablada y en la populosa Huyustus en La Paz; en la feria 16 de julio de El Alto, de las ciudades del eje y en otras del país. El contrabando mueve, según un estudio de la CNI, alrededor de US$ 3.331 millones al año. “El contrabando representó el 7,96% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2022, lo que significó un mes de la producción total de Bolivia y una evasión tributaria de US$ 930 millones en GA (Gravamen Arancelario) e IVA (Impuesto al Valor Agregado), aseguran desde la organización de los industriales bolivianos.

Entre junio y julio de 2023, AGEMED, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC – El Alto, efectuaron operativos a establecimientos no autorizados (ilegales) ubicados en la Zona Franz Tamayo, la zona Villa Ingavi y Huayna Potosí del municipio de El Alto, donde se identificó la dispensación de medicamentos por auxiliares, comercialización de medicamentos con fecha de vencimiento expirado, sin registro sanitario, fraudulentos y de contrabando. Además de haber incumplido con las buenas prácticas de almacenamiento, se identificó residuos de ampollas, jeringas y agujas usadas para la administración de inyectables.

Por su sensibilidad y los peligros que conlleva para la salud pública, el contrabando y la falsificación de medicamentos se ha constituido no solo en una amenaza para la salud pública, sino en un problema estructural para el país. “Tenemos que sacarnos de la cabeza que estamos hablando de ‘contrabando hormiga’, porque en realidad estamos enfrentándonos a una actividad que tiene que ver con el crimen organizado”, aseguró, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.

En la populosa zona de La Tablada, en la ciudad de La Paz, así como en sus calles adyacentes, hormiguean productos farmacéuticos no regulados por el fisco y que ingresan de contrabando. Más alarmante aún es recorrer la calle Garcilazo de la Vega, a unos pasos del mercado Huyustus, donde las vendedoras ofrecen libremente fórmulas de leche materna para todas las etapas. Las latas del alimento para los lactantes se exhiben en pleno sol, sin ningún tipo de reserva, a la vista de cualquier comprador interesado.

Lo mismo sucede en el popular mercado de La Cancha, de Cochabamba, y en el mercado Barrio Lindo, de Santa Cruz, hablando solo de las ciudades del eje troncal. Para la CNI, el principal problema de la industria nacional es el contrabando que mueve, según esa organización, alrededor de US$ 3.331 millones al año. “El contrabando representó el 7,96% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2022, lo que significó un mes de la producción total de Bolivia y una evasión tributaria de US$ 930 millones en GA (Gravamen Arancelario) e IVA (Impuesto al Valor Agregado), aseguran desde la gerencia de la CNI.

En el caso específico de los medicamentos, representaría aproximadamente un 20% del mercado farmacéutico nacional, superando los US$ 80 millones, según la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia (CIFABOL).

Efecto dañino del contrabando de medicamentos pediátricos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado como “crímenes de lesa humanidad” al contrabando y la falsificación de medicamentos, por los riesgos que implican para la salud de las personas. Pero esta actividad delictiva prolifera con decenas de denuncias diarias.

“En los últimos cuatro meses, algunos países notificaron incidentes relacionados con jarabes pediátricos de venta libre contra la tos, que confirmaron las sospechas de contaminación con altos niveles de dietilenglicol y etilenglicol. Los casos se notificaron en al menos siete países y guardaban relación con más de 300 defunciones en tres de esos países. La mayoría de los casos correspondían a niños menores de cinco años.

“Estos contaminantes son sustancias químicas tóxicas que se utilizan como disolventes industriales y anticongelantes y pueden ser mortales, incluso en pequeñas cantidades, por lo que nunca se deben incluir en medicamentos”, reportó la entidad.

¿Qué riesgos hay para la población en el consumo de este tipo de medicamentos? “El mayor riesgo que se enfrenta será la muerte, ya que el consumir productos farmacéuticos que ingresan al mercado sin control ha provocado graves problemas a la salud. En otros casos, estos productos no han tenido eficacia alguna, agravando el cuadro de salud y afectando a la economía de las familias”, explicó Josip Lino, ejecutivo de la CIFABOL.

“En el caso de los medicamentos pediátricos de contrabando, siempre nos queda la duda en términos de composición. Los medicamentos certificados nos dan la certeza de que tienen el gramaje, la medida del medicamento de acuerdo a su descripción: 500 miligramos, o 200. En cambio, en los medicamentos espurios, esa certeza no existe”, dijo la pediatra Paola Díaz Carrasco. El neonatólogo de la Unidad de Terapia Intensiva, del Hospital de la Mujer, Luis Bedregal, afirmó que “vemos muy frecuentemente medicamentos que ni nosotros, como médicos conocemos; llegan de Chile, Perú o Argentina. Tratándose de la salud, es un riesgo muy alto”, añadió Bedregal. El intensivista especialista en la atención neonatal -desde que el bebé nace hasta los 28 días- alertó que, en esa etapa, la administración de medicamentos “que no tienen la calidad ni la concentración, el gramaje, que deben tener, producen efectos adversos y fallan en su terapéutica”.

“Un medicamento debe producirse bajo ciertas normas de calidad, gramaje, composición, excipiente y solvente que garantice su efecto en el organismo. Ese medicamento debe ser transportado y almacenado en condiciones adecuadas. Luego se controla su distribución y comercialización en farmacias, para posteriormente ser vendido al consumidor bajo receta médica. Ése es el conducto regular, pero el contrabando elude todas estas etapas, no garantiza un centro adecuado de almacenamiento, ni un transporte adecuado porque se camufla, se oculta y no se expende bajo receta”, remarcó el intensivista.

Desde la experiencia del neonatólogo Bedregal, “estamos hablando de antibióticos, analgésicos, antipiréticos, antigripales, antialérgicos, algunos productos dermatológicos y fórmulas lácteas”.

Alerta roja en fórmulas lácteas

El tema de las fórmulas lácteas causa especial preocupación. “Yo lo he visto, no me lo han contado”, aseguró Bedregal, al referirse a varios casos que ha atendido con intoxicación por productos lácteos. “Hemos tenido que internar a pacientes deshidratados a causa de diarreas, porque la leche no estaba en buenas condiciones”. Como especialista, aseguró que todos los medicamentos que se utilizan en su área deben tener una certificación de la fábrica que los produce para garantizar una cadena de transporte y almacenamiento que asegure su llegada adecuada a los pacientes, “normas que se violan sin ningún escrúpulo en el caso del contrabando”.

Otro médico, el doctor Fernando Álvarez, detalló los riesgos fatales para los niños que consumen leche de fórmula de contrabando. “Lo que al inicio parece más barato para el bolsillo, puede resultar en varios problemas de salud posteriores en el niño, causando grandes gastos y visitas frecuentes al hospital”, dijo. Coincidió con la doctora Díaz en que hubo casos en los que se encontró que la fórmula había sido reemplazada con leche entera, que puede causar daño a nivel gastrointestinal, alergias e incluso deterioro renal irreversible, porque no es apta para la primera infancia.

Álvarez dijo que “el cuerpo del niño o niña demanda nutrientes, vitaminas y minerales esenciales para su crecimiento. Si la leche es de dudosa procedencia puede generarle infecciones, alergias, interacciones con otros químicos y serios problemas que impedirán su normal desarrollo”. Aseguró que las leches de fórmula se administran a infantes de cero a dos años, no se deben adquirir de lugares que no sea una farmacia legalmente establecida.

El ejecutivo de CIFABOL también llamó la atención sobre las leches maternizadas. “Existe la ley de fomento a la lactancia materna que impulsa esta etapa hasta los seis meses. Después de esto, por las carencias que surgen, pueden consumir sucedáneos de la leche materna. Estos son considerados medicamentos y, por lo tanto, deben tener registro sanitario. Todo sucedáneo tiene que tener esas condiciones de higiene, salubridad e inocuidad. El contrabando omite todo esto. Hay muchos riesgos para los menores lactantes de someterlos a productos sin control ni garantía”.

Riesgo de los antibióticos de contrabando

En el caso de los antibióticos, la principal consecuencia puede ser la creación de resistencia al medicamento, con consecuencias futuras para el infante. La composición no confiable puede derivar a su vez en mala dosificación, mal tratamiento, la persistencia de la enfermedad y sus correspondientes complicaciones por la atención equivocada y tardía a la enfermedad inicial.

Debido a la gravedad de las consecuencias que puede generar la administración de antibióticos de contrabando, que fundamentalmente se refieren a la posibilidad de no solo dañar el sistema digestivo del infante, sino también la creación de resistencia a los antibióticos, el neonatólogo Bedregal, recomendó actuar aún con mayor precaución en este tema.

Recomendó, primero, no administrarlos bajo ningún concepto sin receta médica y, en segundo lugar, con las respectivas garantías. “En Bolivia tenemos varios tipos de antibióticos y varios de ellos producidos en el país. Hay industria farmacéutica boliviana que realmente está apoyando mucho lo que es la atención médica, grandes laboratorios y empresas que se arriesgan haciendo convenios con otros países para obtener las licencias y producirlos legalmente”, afirmó.

La automedicación y el perjuicio para el sector legal

Bedregal aseguró que “es imprescindible que la población entienda algunas cosas esenciales: primero, que no debe automedicarse; segundo, que no compre medicamentos en la calle; tercero, que si va a comprar medicamentos en una farmacia lo haga bajo receta médica. Agregó que “no hay en el mundo país en el que se vendan medicamentos sin receta médica”, como lamentablemente ocurre en Bolivia.

“Si de algo tenemos que sentirnos orgullosos los bolivianos es de la calidad de nuestra industria farmacéutica. Los laboratorios están homologados a estándares internacionales, alta tecnología, y una calidad que se ubica muy por encima de todos los productos de contrabando”, afirmó, el presidente de la CNI, Pablo Camacho.

Entre los hallazgos más relevantes de la investigación El negocio de la muerte: Venta ilegal de medicamentos en Bolivia, es que el contrabando de medicamentos representa entre el 18% al 21% del total de las ventas de la industria farmacéutica en el mercado interno. Los efectos que conlleva esta permisividad implica en términos macroeconómicos una pérdida de crecimiento del PIB en aproximadamente 0,2%, una destrucción de empleos cercana a 1.100 fuentes de trabajo cada año y una evasión impositiva que bordea los US$ 15 millones. Los productores nacionales indican que, en promedio, el contrabando de medicamentos oscila entre un mínimo de 18% a un máximo de 25% del total de sus ventas. Los importadores, por su parte, con mayor afectación en casos de falsificación, reportan un promedio de 20% del total de sus ventas.

“Como industriales, nos vemos directamente afectados por la presencia de estos productos, ya que nos restan competitividad en el mercado, ocupando espacios que pueden ser perfectamente cubiertos con producción nacional, representando en muchos casos una caída de las ventas entre el 30% al 40% aproximadamente, sin dejar de lado que la situación desincentiva el desarrollo y la inversión de una industria legal que satisface la demanda de los principales medicamentos requeridos para las patologías existentes; tiene capacidad instalada ociosa que puede ser utilizada”, dijo Josip Lino, de CIFABOL.

Sin registros de control ni certificación de consumo final 

Los médicos, laboratorios y autoridades advierten otro gran frente de lucha que, a partir de la pandemia, se ha desarrollado de manera exponencial: Las redes sociales. “En todo caso, analizando el panorama global, lo que estamos evidenciando es que hay un control insuficiente en el tema de expendio de medicamentos. Es impresionante, pero en redes sociales se puede comprar prácticamente cualquier cosa, sin ninguna certificación ni registro sanitario. Es urgente legislar este tema”, advirtió el médico Luis Bedregal.

“El Estado tiene también el desafío de enfrentar al contrabando en redes sociales. Cualquier producto que se necesita se encuentra en las plataformas, por eso es necesario regularlas, no en términos de contenidos, sino en términos de contribución delictiva al contrabando. La venta ilícita de medicamentos sin registro ni control debería ser abordada como los delitos de trata de personas o venta de drogas”, dijo por su parte el presidente de los industriales, Pablo Camacho.

A nivel mundial, el 96% de las farmacias online son ilegales. Más de 30.000 farmacias ilegales en internet son de acceso libre en Europa.

Insuficiente control y propuesta de los industriales

Las entidades del Estado no están escatimando esfuerzos para enfrentar la actividad criminal de contrabando de medicamentos. Sin embargo, estas acciones resultan a todas luces insuficientes. La AGEMED está claramente rebasada. No atiende solo al sector formal, sino también vigila a los laboratorios, certifica la calidad de los medicamentos importados y realiza acciones en contra de la venta de medicamentos de contrabando e ilegales.

Modificar la norma que tipifica al contrabando como la carga valuada en 200.000 o más UFV’s, y rebajar esta valorización a 10.000 o 50.000 UFV’s. “200.000 UFV’s equivalen más o menos a medio millón de bolivianos, entonces el contrabandista fracciona su carga y evade así las sanciones al delito penal que comete. Si este valor se bajara a 50.000 UFV’s ya sería más o menos 125 mil bolivianos, que equivaldría a un camión de mercadería, de esta manera se daría un golpe estratégico al contrabando”. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias.

En la labor de interdicción del contrabando de medicamentos, la Aduana no actúa a nivel de puntos de venta, sino más bien de depósitos o al detectar los productos en camiones y trailers que los internan habitualmente mezclados habitualmente con otras mercaderías.

“Muchas instituciones apoyamos la lucha contra este flagelo, a la cabeza del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando. Está presente la Aduana, la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, el SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), el INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal), la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y muchas otras instituciones. Sin embargo, es importante la participación de nuestros gobiernos subnacionales, tanto gobernaciones como alcaldías”, declaró la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo.

Pero las soluciones deben enmarcarse en una estrategia estructural de combate al contrabando. La CNI presentó en julio de 2023, una estrategia de cuatro pilares, que permitiría avances sustanciales no solo en términos del contrabando de medicamentos, sino de la actividad delincuencial en general, para proteger el mercado interno boliviano. La reactivación del Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando, incorporando a otros actores que deben intervenir en el tema, como el Servicio de Impuestos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Salud y otras entidades.

Modificar la norma que tipifica al contrabando como la carga valuada en 200.000 o más UFV’s, y rebajar esta valorización a 10.000 o 50.000 UFV’s. “200.000 UFV’s equivalen más o menos a medio millón de bolivianos, entonces el contrabandista fracciona su carga y evade así las sanciones al delito penal que comete. Si este valor se bajara a 50.000 UFV’s ya sería más o menos 125 mil bolivianos, que equivaldría a un camión de mercadería”, afirmó la CNI convencida de que con ello se daría un golpe estratégico al contrabando. Restructurar restablecer y precisar las competencias de los gobiernos locales y municipales en el control e incautación de mercadería de contrabando.

“Una vez que el contrabando traspasa nuestras fronteras, no hay una instancia que se encargue del comiso de las mismas. Está dentro de las tuiciones de los gobiernos municipales, pero ellos indican que no es clara esa tuición, por eso hemos mandado al Gobierno una propuesta de redacción ampliando las competencias y aclarándolas estableciendo que los municipios, a través de los guardias municipales, deben luchar contra el contrabando”, explicó Camacho.

Apoyar con mayores recursos tanto a la Aduana como al Ejército. “El crimen organizado ha demostrado que tiene una mayor cantidad de recursos, tiene medios de comunicación satelitales, una estructura organizada y extendida en todo el país. Aquí tenemos que ser claros, ya son varias las vidas de efectivos que luchan contra el contrabando que el crimen organizado se ha llevado”, recordó el líder de los industriales.

“Ante cualquier problema, los padres de familia deben acudir a un médico o centro de salud. Si les han recetado algún medicamento, éste debe ser adquirido de un establecimiento farmacéutico legalmente autorizado. Deben evitar acudir al mercado informal, internet o las redes sociales, porque enfrentan serios riesgos al adquirir productos de estos medios”, ratificó Josip Lino, de CIFABOL.

En todo caso, además de velar por la calidad de los productos adquiridos para evitar consecuencias en la salud de los niños y niñas, es también vital tener presente que “los medicamentos bolivianos producidos en el país representan un compromiso de calidad con los bolivianos”, dijo Lino.

A pesar de todas estas consideraciones en octubre de este año (2023) el Gobierno del Estado Plurinacional ha decidido crear su propia Industria Farmacéutica dejando al sector privado librado a millonarias inversiones que destinó esos años y a expensas de la competencia del propio Estado para el suministro de medicamentos al sistema de salud.

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