Medicamentos contra la salud (II Parte)

Efecto dañino del contrabando de medicamentos pediátricos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado como “crímenes de lesa humanidad” al contrabando y la falsificación de medicamentos, por los riesgos que implican para la salud de las personas. Pero esta actividad delictiva prolifera con decenas de denuncias diarias.

“En los últimos cuatro meses, algunos países notificaron incidentes relacionados con jarabes pediátricos de venta libre contra la tos, que confirmaron las sospechas de contaminación con altos niveles de dietilenglicol y etilenglicol. Los casos se notificaron en al menos siete países y guardaban relación con más de 300 defunciones en tres de esos países. La mayoría de los casos correspondían a niños menores de cinco años.

“Estos contaminantes son sustancias químicas tóxicas que se utilizan como disolventes industriales y anticongelantes y pueden ser mortales, incluso en pequeñas cantidades, por lo que nunca se deben incluir en medicamentos”, reportó la entidad.

¿Qué riesgos hay para la población en el consumo de este tipo de medicamentos? “El mayor riesgo que se enfrenta será la muerte, ya que el consumir productos farmacéuticos que ingresan al mercado sin control ha provocado graves problemas a la salud. En otros casos, estos productos no han tenido eficacia alguna, agravando el cuadro de salud y afectando a la economía de las familias”, explicó Josip Lino, ejecutivo de la CIFABOL.

“En el caso de los medicamentos pediátricos de contrabando, siempre nos queda la duda en términos de composición. Los medicamentos certificados nos dan la certeza de que tienen el gramaje, la medida del medicamento de acuerdo a su descripción: 500 miligramos, o 200. En cambio, en los medicamentos espurios, esa certeza no existe”, dijo la pediatra Paola Díaz Carrasco. El neonatólogo de la Unidad de Terapia Intensiva, del Hospital de la Mujer, Luis Bedregal, afirmó que “vemos muy frecuentemente medicamentos que ni nosotros, como médicos conocemos; llegan de Chile, Perú o Argentina. Tratándose de la salud, es un riesgo muy alto”, añadió Bedregal. El intensivista especialista en la atención neonatal -desde que el bebé nace hasta los 28 días- alertó que, en esa etapa, la administración de medicamentos “que no tienen la calidad ni la concentración, el gramaje, que deben tener, producen efectos adversos y fallan en su terapéutica”.

“Un medicamento debe producirse bajo ciertas normas de calidad, gramaje, composición, excipiente y solvente que garantice su efecto en el organismo. Ese medicamento debe ser transportado y almacenado en condiciones adecuadas. Luego se controla su distribución y comercialización en farmacias, para posteriormente ser vendido al consumidor bajo receta médica. Ése es el conducto regular, pero el contrabando elude todas estas etapas, no garantiza un centro adecuado de almacenamiento, ni un transporte adecuado porque se camufla, se oculta y no se expende bajo receta”, remarcó el intensivista.

Desde la experiencia del neonatólogo Bedregal, “estamos hablando de antibióticos, analgésicos, antipiréticos, antigripales, antialérgicos, algunos productos dermatológicos y fórmulas lácteas”.

Alerta roja en fórmulas lácteas

El tema de las fórmulas lácteas causa especial preocupación. “Yo lo he visto, no me lo han contado”, aseguró Bedregal, al referirse a varios casos que ha atendido con intoxicación por productos lácteos. “Hemos tenido que internar a pacientes deshidratados a causa de diarreas, porque la leche no estaba en buenas condiciones”. Como especialista, aseguró que todos los medicamentos que se utilizan en su área deben tener una certificación de la fábrica que los produce para garantizar una cadena de transporte y almacenamiento que asegure su llegada adecuada a los pacientes, “normas que se violan sin ningún escrúpulo en el caso del contrabando”.

Otro médico, el doctor Fernando Álvarez, detalló los riesgos fatales para los niños que consumen leche de fórmula de contrabando. “Lo que al inicio parece más barato para el bolsillo, puede resultar en varios problemas de salud posteriores en el niño, causando grandes gastos y visitas frecuentes al hospital”, dijo. Coincidió con la doctora Díaz en que hubo casos en los que se encontró que la fórmula había sido reemplazada con leche entera, que puede causar daño a nivel gastrointestinal, alergias e incluso deterioro renal irreversible, porque no es apta para la primera infancia.

Álvarez dijo que “el cuerpo del niño o niña demanda nutrientes, vitaminas y minerales esenciales para su crecimiento. Si la leche es de dudosa procedencia puede generarle infecciones, alergias, interacciones con otros químicos y serios problemas que impedirán su normal desarrollo”. Aseguró que las leches de fórmula se administran a infantes de cero a dos años, no se deben adquirir de lugares que no sea una farmacia legalmente establecida.

El ejecutivo de CIFABOL también llamó la atención sobre las leches maternizadas. “Existe la ley de fomento a la lactancia materna que impulsa esta etapa hasta los seis meses. Después de esto, por las carencias que surgen, pueden consumir sucedáneos de la leche materna. Estos son considerados medicamentos y, por lo tanto, deben tener registro sanitario. Todo sucedáneo tiene que tener esas condiciones de higiene, salubridad e inocuidad. El contrabando omite todo esto. Hay muchos riesgos para los menores lactantes de someterlos a productos sin control ni garantía”.

Riesgo de los antibióticos de contrabando

En el caso de los antibióticos, la principal consecuencia puede ser la creación de resistencia al medicamento, con consecuencias futuras para el infante. La composición no confiable puede derivar a su vez en mala dosificación, mal tratamiento, la persistencia de la enfermedad y sus correspondientes complicaciones por la atención equivocada y tardía a la enfermedad inicial.

Debido a la gravedad de las consecuencias que puede generar la administración de antibióticos de contrabando, que fundamentalmente se refieren a la posibilidad de no solo dañar el sistema digestivo del infante, sino también la creación de resistencia a los antibióticos, el neonatólogo Bedregal, recomendó actuar aún con mayor precaución en este tema.

Recomendó, primero, no administrarlos bajo ningún concepto sin receta médica y, en segundo lugar, con las respectivas garantías. “En Bolivia tenemos varios tipos de antibióticos y varios de ellos producidos en el país. Hay industria farmacéutica boliviana que realmente está apoyando mucho lo que es la atención médica, grandes laboratorios y empresas que se arriesgan haciendo convenios con otros países para obtener las licencias y producirlos legalmente”, afirmó.

La automedicación y el perjuicio para el sector legal

Bedregal aseguró que “es imprescindible que la población entienda algunas cosas esenciales: primero, que no debe automedicarse; segundo, que no compre medicamentos en la calle; tercero, que si va a comprar medicamentos en una farmacia lo haga bajo receta médica. Agregó que “no hay en el mundo país en el que se vendan medicamentos sin receta médica”, como lamentablemente ocurre en Bolivia.

“Si de algo tenemos que sentirnos orgullosos los bolivianos es de la calidad de nuestra industria farmacéutica. Los laboratorios están homologados a estándares internacionales, alta tecnología, y una calidad que se ubica muy por encima de todos los productos de contrabando”, afirmó, el presidente de la CNI, Pablo Camacho.

Entre los hallazgos más relevantes de la investigación El negocio de la muerte: Venta ilegal de medicamentos en Bolivia, es que el contrabando de medicamentos representa entre el 18% al 21% del total de las ventas de la industria farmacéutica en el mercado interno. Los efectos que conlleva esta permisividad implica en términos macroeconómicos una pérdida de crecimiento del PIB en aproximadamente 0,2%, una destrucción de empleos cercana a 1.100 fuentes de trabajo cada año y una evasión impositiva que bordea los US$ 15 millones. Los productores nacionales indican que, en promedio, el contrabando de medicamentos oscila entre un mínimo de 18% a un máximo de 25% del total de sus ventas. Los importadores, por su parte, con mayor afectación en casos de falsificación, reportan un promedio de 20% del total de sus ventas.

“Como industriales, nos vemos directamente afectados por la presencia de estos productos, ya que nos restan competitividad en el mercado, ocupando espacios que pueden ser perfectamente cubiertos con producción nacional, representando en muchos casos una caída de las ventas entre el 30% al 40% aproximadamente, sin dejar de lado que la situación desincentiva el desarrollo y la inversión de una industria legal que satisface la demanda de los principales medicamentos requeridos para las patologías existentes; tiene capacidad instalada ociosa que puede ser utilizada”, dijo Josip Lino, de CIFABOL.

Sin registros de control ni certificación de consumo final 

Los médicos, laboratorios y autoridades advierten otro gran frente de lucha que, a partir de la pandemia, se ha desarrollado de manera exponencial: Las redes sociales. “En todo caso, analizando el panorama global, lo que estamos evidenciando es que hay un control insuficiente en el tema de expendio de medicamentos. Es impresionante, pero en redes sociales se puede comprar prácticamente cualquier cosa, sin ninguna certificación ni registro sanitario. Es urgente legislar este tema”, advirtió el médico Luis Bedregal.

“El Estado tiene también el desafío de enfrentar al contrabando en redes sociales. Cualquier producto que se necesita se encuentra en las plataformas, por eso es necesario regularlas, no en términos de contenidos, sino en términos de contribución delictiva al contrabando. La venta ilícita de medicamentos sin registro ni control debería ser abordada como los delitos de trata de personas o venta de drogas”, dijo por su parte el presidente de los industriales, Pablo Camacho.

A nivel mundial, el 96% de las farmacias online son ilegales. Más de 30.000 farmacias ilegales en internet son de acceso libre en Europa.

Insuficiente control y propuesta de los industriales

Las entidades del Estado no están escatimando esfuerzos para enfrentar la actividad criminal de contrabando de medicamentos. Sin embargo, estas acciones resultan a todas luces insuficientes. La AGEMED está claramente rebasada. No atiende solo al sector formal, sino también vigila a los laboratorios, certifica la calidad de los medicamentos importados y realiza acciones en contra de la venta de medicamentos de contrabando e ilegales.

Modificar la norma que tipifica al contrabando como la carga valuada en 200.000 o más UFV’s, y rebajar esta valorización a 10.000 o 50.000 UFV’s. “200.000 UFV’s equivalen más o menos a medio millón de bolivianos, entonces el contrabandista fracciona su carga y evade así las sanciones al delito penal que comete. Si este valor se bajara a 50.000 UFV’s ya sería más o menos 125 mil bolivianos, que equivaldría a un camión de mercadería, de esta manera se daría un golpe estratégico al contrabando”. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias.

En la labor de interdicción del contrabando de medicamentos, la Aduana no actúa a nivel de puntos de venta, sino más bien de depósitos o al detectar los productos en camiones y trailers que los internan habitualmente mezclados habitualmente con otras mercaderías.

“Muchas instituciones apoyamos la lucha contra este flagelo, a la cabeza del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando. Está presente la Aduana, la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, el SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), el INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal), la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y muchas otras instituciones. Sin embargo, es importante la participación de nuestros gobiernos subnacionales, tanto gobernaciones como alcaldías”, declaró la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo.

Pero las soluciones deben enmarcarse en una estrategia estructural de combate al contrabando. La CNI presentó en julio de 2023, una estrategia de cuatro pilares, que permitiría avances sustanciales no solo en términos del contrabando de medicamentos, sino de la actividad delincuencial en general, para proteger el mercado interno boliviano. La reactivación del Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando, incorporando a otros actores que deben intervenir en el tema, como el Servicio de Impuestos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Salud y otras entidades.

Modificar la norma que tipifica al contrabando como la carga valuada en 200.000 o más UFV’s, y rebajar esta valorización a 10.000 o 50.000 UFV’s. “200.000 UFV’s equivalen más o menos a medio millón de bolivianos, entonces el contrabandista fracciona su carga y evade así las sanciones al delito penal que comete. Si este valor se bajara a 50.000 UFV’s ya sería más o menos 125 mil bolivianos, que equivaldría a un camión de mercadería”, afirmó la CNI convencida de que con ello se daría un golpe estratégico al contrabando. Restructurar restablecer y precisar las competencias de los gobiernos locales y municipales en el control e incautación de mercadería de contrabando.

“Una vez que el contrabando traspasa nuestras fronteras, no hay una instancia que se encargue del comiso de las mismas. Está dentro de las tuiciones de los gobiernos municipales, pero ellos indican que no es clara esa tuición, por eso hemos mandado al Gobierno una propuesta de redacción ampliando las competencias y aclarándolas estableciendo que los municipios, a través de los guardias municipales, deben luchar contra el contrabando”, explicó Camacho.

Apoyar con mayores recursos tanto a la Aduana como al Ejército. “El crimen organizado ha demostrado que tiene una mayor cantidad de recursos, tiene medios de comunicación satelitales, una estructura organizada y extendida en todo el país. Aquí tenemos que ser claros, ya son varias las vidas de efectivos que luchan contra el contrabando que el crimen organizado se ha llevado”, recordó el líder de los industriales.

“Ante cualquier problema, los padres de familia deben acudir a un médico o centro de salud. Si les han recetado algún medicamento, éste debe ser adquirido de un establecimiento farmacéutico legalmente autorizado. Deben evitar acudir al mercado informal, internet o las redes sociales, porque enfrentan serios riesgos al adquirir productos de estos medios”, ratificó Josip Lino, de CIFABOL.

En todo caso, además de velar por la calidad de los productos adquiridos para evitar consecuencias en la salud de los niños y niñas, es también vital tener presente que “los medicamentos bolivianos producidos en el país representan un compromiso de calidad con los bolivianos”, dijo Lino.

A pesar de todas estas consideraciones en octubre de este año (2023) el Gobierno del Estado Plurinacional ha decidido crear su propia Industria Farmacéutica dejando al sector privado librado a millonarias inversiones que destinó esos años y a expensas de la competencia del propio Estado para el suministro de medicamentos al sistema de salud.

La presente investigación por su extensión ha sido dividida en dos partes. La primera parte se encuentra aquí. En su íntegra en la edición impresa.

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