Médicos desconocen a Montaño y exigen negociar con Romero
El Colegio Médico de Bolivia descartó retomar el diálogo con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, y sugirió tratar sus demandas con el titular de Gobierno, Carlos Romero. Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, calificó de “criminal” el paro que mantiene el sector de los galenos desde hace 38 días.
“Se ha decidido declarar a la ministra (Montaño) interlocutora no válida y partir de la fecha entablar las negociaciones con el Gobierno (representado) por cualquier otra autoridad”, afirmó ayer el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea. Además, recordó que el ministro Romero ya logró acuerdos con su sector, por lo que los galenos-dijo- sugieren su nombre.
Larrea sostuvo que el principal motivo para la ruptura del diálogo con el Gobierno es lo que llama el “doble carácter” de Montaño: “de dictadora” en las reuniones con ese sector y de “víctima” ante la población.
Además, el representante de los médicos aseguró que la Ministra había cambiado el texto de un preacuerdo al que ya se había llegado. “Por ese hecho se decidió que el paro médico continuaría y se masificaría con piquetes de huelga a nivel nacional”.
En respuesta, la Ministra de Salud dijo que el Gobierno se mantiene abierto al diálogo, pero acusó a los médicos de incumplir su palabra. Denunció que los galenos no asistieron a la reunión de la semana pasada porque tenían una recepción social. “No es correcto”, reclamó Montaño.
Ante este panorama, la Defensora consideró que el paro de los galenos incumple la resolución emitida el 3 de septiembre por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prohibió la huelga indefinida. Por esa resolución, los médicos suspendieron la huelga indefinida, pero inmediatamente comenzaron otra de 20 días, la que mantienen.
“La Defensoría del Pueblo considera que el actual paro está afectando la salud y la vida de la población en general. Consideramos que es obligación del Ministerio de Salud y de los Sedes asumir medidas (…) porque estamos un mes sin servicios. Se podría decir que son hechos criminales. Como Defensoría, consideramos que es necesario adoptar medidas urgentes”, declaró Cruz a la agencia ANF.