Mesa espera una decisión adecuada de la Fiscalía

El expresidente de Bolivia y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, afirma que espera  una “decisión adecuada” de la Fiscalía General del Estado, que hoy comunicará si admite o no la proposición acusatoria planteada por el Gobierno en su contra por el denominado caso Quiborax.

En esta entrevista con Página Siete considera que entregó suficientes pruebas acerca del manejo del proceso contra del Estado boliviano en el tribunal internacional de la CIADI.

La Fiscalía definirá hoy si lo investiga por el caso Quiborax o archiva obrados, ¿cuál será la posición de Carlos Mesa si decide investigarlo?

No sería prudente dar una respuesta ahora porque eso establecería ya un prejuicio de mi parte con relación a la propia Fiscalía General, de la que espero una decisión adecuada en función de los elementos de juicio que le han dado las partes, particularmente los seis memoriales que hemos enviado junto con mi abogado Carlos Alarcón a lo largo de estos días, desde que nos enteramos de la acusación, y el elemento que es muy importante y es fundamental nosotros hemos planteado una acusación contra Héctor Arce, Pablo Menacho, Elizabeth Arismendi y César Navarro, esto es muy importante, porque nosotros consideramos que quienes deben ser juzgados, a quienes se les debe abrir una investigación para establecer sus responsabilidades, son las autoridades que defendieron el caso desde el año 2008 hasta el 2018.

Un elemento clave aquí es que yo no estoy en la línea de defensa. En mi lógica yo no me estoy defendiendo. Yo estoy planteando que la responsabilidad le corresponde a quienes defendieron al Estado, mal defendido por cierto, en el gobierno del presidente Evo Morales.

Se podrá decir que el proceso contra Mesa se ha convertido en un búmeran contra el Gobierno porque comenzaron a salir elementos que complican a autoridades del Ejecutivo.

En mi opinión lo que ha ocurrido es que las autoridades que abrieron esa acusación asumieron que tenían elementos suficientes y no quisieron entender que había un conjunto de elementos muy fuertes en contra suya. Aquí el elemento jurídico ha sido determinante para establecer las verdaderas responsabilidades, más allá de si desde el punto de vista político se planteó un búmeran, lo que queda claro es que desde el punto de vista jurídico los errores tan graves de tanto bulto que cometió la defensa del Estado como la propia Procuraduría han sido gigantescos.

El aspecto clave aquí es que primero el punto de partida de este juicio se hace a través de una falsificación. No sólo el señor David Moscoso, que es el socio boliviano más importante, sino el socio chileno Allan Fosk y otro grupo de personas. ¿Cómo puede ser comprensible que se acepte una defensa sin plantear los elementos jurídicos adecuados sobre la base de una evidencia: la falsificación de un documento?

Es un primer aspecto y, segundo, acabamos pagando 42,6 millones de dólares a dos falsificadores, al señor David Moscoso y al señor Allan Fosk. Moscoso tiene 49% de las acciones de Non Metallic Minerals, es decir un hombre que falsifica un acta para poder entrar a un juicio porque modifica la composición de acciones, sin esa modificación eso no habría sido posible , va a recibir 20 millones de dólares, es una cosa de locos.

¿Este señor Moscoso qué cantidad de acciones tenía cuando se realizó la reversión?

El elemento central y aquí está la diferencia de fondo entre lo que nosotros hicimos y la forma en que defendió el gobierno del presidente Morales. Está en la anulación,  porque aquí hay un equivoco: el planteamiento de que la palabra revocatoria era un error y que no se estableció la palabra anulación.

Este es el elemento que se plantea como base del error que nosotros habríamos cometido. Nosotros subsanamos esa cuestión formal cuando en mi gobierno, octubre 2004, la Superintendencia de Minas establece la anulación de las concesiones.

El motivo de la anulación es la ilegalidad de origen de las concesiones. Las concesiones fueron otorgadas irregularmente creo en 2001, antes que nosotros entráramos al Gobierno. En consecuencia todo estaba viciado desde el principio y eso se debe subrayar que la anulación que hace la Superintendencia de Minas es ratificada por el gobierno de Rodríguez Veltzé.

El presidente Veltzé abroga mi decreto, lo que hace que desaparezca de la economía jurídica boliviana, pero ratifica la expulsión de Non Metallic Minerals porque dice que la anulación causa Estado y en consecuencia se lleva adelante adecuadamente.

Sobre esa base, argumentar que Bolivia tenía que entrar en la defensa de un juicio internacional es un error, primero porque la anulación tiene que ver con la ilegalidad de las concesiones, lo cual anulaba toda posibilidad de reclamo por parte de la empresa, pero segundo, porque encima de eso aún después de la otorgación ilegal y la anulación que hizo Bolivia Non Metallic Minerals ha falsificado la composición accionaria para entrar al CIADI.

Porque para entrar al CIADI debes tener mayoría de acciones extranjeras, chilenas en este caso, para acogerte al tratado binacional entre Chile y Bolivia que Non Metallic no tenía.

La diferencia es que Non Metallic antes de la falsificación tenía mayoría boliviana y, por lo tanto, no hubiera podido entrar al tratado y la falsificación les da a los chilenos la mayoría (de las acciones) lo cual les permite entrar al litigio.

Ese elemento no se conocía con mucho detalle…

Este es un elemento clave. Se falsifica algo clave. La composición accionaria antes de la falsificación es mayoritariamente boliviana, entonces Non Metallic no podía ir al tribunal internacional. La falsificación consiste en modificar la composición accionaria y hacer aparecer que los chilenos tienen  la mayoría, que es la única forma legal de acogerse al tratado binacional.

La defensa no frenó  de raíz el proceso  por la  falsificación

Frente a la falsificación de la composición accionaria, según el expresidente Carlos Mesa, “si bien  hizo un reclamo de decir aquí hay un acta falsificada, lo que no se hizo y está establecido claramente en el texto del tribunal arbitral que llevó   adelante el laudo es que si tú querías frenar el proceso de raíz, tenías que apelar y citar una cláusula del protocolo complementario del tratado binacional entre Chile y Bolivia”.

“Ese protocolo complementario dice que son excepciones, es decir que tú no puedes entrar a ese tratado si  demuestras que la composición accionaria mayoritaria no es chilena. Y tienes que apelar específicamente y decir: “De acuerdo al inciso 1 del protocolo complementario del tratado binacional, yo a través de la falsificación de este documento demuestro que no hay una mayoría de acciones de parte de Chile en Non Metallic”.

“Eso no lo hizo la defensa boliviana. Eso no lo hizo el Ministerio de Defensa del Estado y no lo hizo la Procuraduría, como está claramente establecido en el texto: Bolivia no apeló como correspondía, esto es una muestra de un error procedimental fundamental que le causó a Bolivia un daño muy significativo”.

Mesa también considera que hay una estrategia de demolición política en su contra con estas denuncias, “porque  no se trata  solo del caso Quiborax”. “En noviembre del 2017 el TSJ en el fallo definitivo sobre el caso misiles incluye un párrafo en el que le pide a la Fiscalía que investiguen a Carlos Mesa”.

“Es un caso insólito en la justicia boliviana porque tú no puedes en un fallo definitivo donde haces las condenas a las personas responsables pedir la investigación sobre alguien que en el proceso jurídico ni era testigo ni era acusado, una aberración jurídica, la cual nosotros, por supuesto, reclamamos y presentamos una explicación al TSJ”.

De la misma manera fue incluido en el caso Castillo de Arena.

Hoja de vida

• Carrera Expresidente de la República de Bolivia, historiador, político y periodista. Vicepresidente de la República y presidente del H. Congreso Nacional.
• Cargo actual Vocero de la causa marítima.
• Procesos Es investigado por el llamado caso Castillo de Arena y ahora por el caso Quiborax.