ONU afirma que la crisis de la justicia se profundizó en 2013

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El organismo cuestiona la lentitud judicial en varios casos como la intervención policial a la marcha indígena en Chaparina; los casos Porvenir y terrorismo.

La oficina local del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) alertó ayer que la crisis en la justicia boliviana se profundizó en 2013 y se caracteriza por la retardación, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos.
El informe sobre Derechos Humanos en Bolivia, que elabora anualmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue presentado ayer por el representante de la  OACNUDH en el país, Denis Racicot.
Las autoridades judiciales electas mediante voto popular en 2011 adoptaron numerosas medidas, pero “éstas aún no han podido revertir la profunda crisis en la administración de justicia, crisis que se profundizó aun más en 2013”, dijo Racicot. 
Además de las debilidades anotadas, Racicot subrayó “la falta de recursos del sistema judicial, cuyo presupuesto alcanza únicamente a 0,53 % del Presupuesto General del Estado”. 
El funcionario recordó que la ONU, la agencia de cooperación española (Aecid) y la Unión Europea (UE) respaldaron a Bolivia para la realización en 2013 de programas de capacitación para alentar la independencia judicial y el acceso a la justicia.
En el marco de la nueva Constitución, las principales autoridades de los tribunales de Justicia, Constitucional y Agroambiental fueron electas   en 2011 por voto popular, sistema inédito en el país, aunque la oposición afirma que esos magistrados son afines al Gobierno. 
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El informe, además, describe la “grave situación del sistema judicial penal, el 75 % de rezago judicial, la aplicación excesiva y prolongada de la detención preventiva, la insuficiente cobertura del Ministerio Público”, entre otras debilidades del sistema. 
Asimismo, Racicot expresó su preocupación “por la lentitud” con que se desarrolla el proceso judicial por la intervención de la Policía contra la marcha indígena en 2011, conocido como  caso Chaparina. 
Sobre la protección de derechos de los pueblos indígenas, la OACNUDH señala que “continúa representando un desafío para el país” y pide al Ministerio de Hidrocarburos mejorar la consulta a estos grupos sobre los proyectos en sus territorios. 
También expresa su preocupación porque esas consultas no se apliquen en el sector minero. 
Asimismo, detalla varios problemas que afectan el cumplimiento del “debido proceso” para víctimas y acusados de algunos juicios. 
Entre ellos, el documento menciona el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada “por los hechos trágicos de 2003”. Otro caso que incluye el informe es la agresión violenta contra indígenas en 2008 en Sucre, la denominada  masacre de Porvenir  del mismo año en Beni  y el caso de una presunta banda terrorista desmantelada en 2009 en Santa Cruz. 
Por otro lado, el informe de la OACNUDH destaca los avances en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en el país; la reducción de pobreza, el hecho de que el país superara los Objetivos del Desarrollo del Milenio sobre el derecho al agua potable y la reducción de la tasa de abandono escolar.
También considera positiva la aprobación de una ley para proteger a las mujeres ante la violencia machista, aunque pidió más recursos para su aplicación.

Consulta  previa

Hidrocarburos  El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con  respecto a la situación de los derechos humanos en Bolivia 2013 plantea la necesidad de elaborar una ley de consulta previa para la explotación de hidrocarburos y minerales en comunidades indígenas. 
Requisitos  El alto comisionado de OACNUDH en Bolivia, Denis Racicot, dijo que la iniciativa del Ministerio de Gobierno para preparar un anteproyecto de la consulta previa, llena los requisitos exigidos a nivel internacional.
Prontitud  El representante de la ONU dijo que “sería bueno aprobar esa norma en el transcurso de este año, para aplicar la consulta previa en los casos que amerite”.

Minería  Por otro lado, afirmó Denis Racicot, “nos preocupa la falta de aplicación (de la consulta previa) en materia de minería, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia.

ONU pide al Gobierno respetar la independencia del defensor

ANF  / La Paz
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, recomendó al gobierno del presidente Evo Morales respetar la labor e independencia del defensor del Pueblo, Rolando Villena, respecto al trabajo que realiza en defensa de los derechos humanos. 
Ayer se presentó el sexto informe anual de la Alta Comisionada de la ONU, Navanethem Pillay, respecto a la situación de los derechos humanos en Bolivia en 2013, en el que, entre otros puntos, se menciona la preocupación de las posiciones gubernamentales en contra del defensor, cuando lo acusan de respaldar intereses de la oposición, tras haber solicitado la destitución del exministro de Gobierno Sacha Llorenti por el caso Chaparina.
“Es importante para el Gobierno seguir respetando, como los años anteriores se había hecho, la labor del defensor y la independencia de la Defensoría del Pueblo… Es un deber de todos los gobiernos respetar esa independencia, esa autonomía administrativa”, manifestó Racicot. 
En ese marco, recordó que la ONU promueve la existencia de estas instituciones en todo el mundo, así como su independencia para coadyuvar en la defensa de los derechos humanos. 
Racicot dijo que en muchos países  los defensores del pueblo “siempre tienen tensiones con los gobiernos de turno”, por lo que consideró fundamental el respeto a su trabajo. 
Dentro de las 12 recomendaciones de la ONU, se pide que “el Gobierno siga respetando la independencia de la Defensoría del Pueblo, facilite la implementación de sus resoluciones y recomendaciones, e implemente mecanismos que permitan a los defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil el desarrollo de su labor sin restricciones en todos los ámbitos”. 
Tras las declaraciones de Villena sobre  la falta de equidad en la distribución de la ayuda a las víctimas de las inundaciones, el MAS planteó cambiar la Ley del Defensor del Pueblo para regular la actividad de éste.