Presidente del TSJ respalda abrir CPE por la justicia

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, declaró su administración por los diez años de gobierno del presidente Evo Morales y respaldó la iniciativa de abrir la Constitución Política del Estado si es para mejorar la administración de justicia en el país.

Mamani expresó sus afectos al proceso de cambio, durante la inauguración del Año Judicial 2017 en la ciudad de Sucre, a donde  declaró su alegría de verlo al presidente en dicho acontecimiento.

“Admiro la gestión que él ha desempeñado esta última década, sólo de la talla como él puede hacer una verdadera revolución en el campo de la justicia en un trabajo conjunto entre los tres Órganos del Estado”, declaró Mamani poco después que el presidente Morales hablara de un referendo para introducir la figura de la cadena perpetua para casos de violación seguida de muerte a niños y niñas.

La autoridad sostuvo que ninguna Constitución Política en el país, ni  códigos el mundo es perfecto ni definitivo, ni para la eternidad.  Todas las constituciones, todas las leyes y los códigos son perfectibles y susceptibles de cambio y transformación cuando su pueblo lo pide.

En su discurso sostuvo que “en Bolivia no tenemos otra alternativa que la Constitución debe abrirse, consultar al pueblo, cambiar o lograr una justicia que sea revolucionaria,  estructural y al servicio del pueblo”.

Sin embargo considera que además de las reformas planteadas por el Ejecutivo, el Tribunal plantea la desaparición del Consejo de la Magistratura porque esa entidad encargada de la parte administrativa y disciplinaria del Órgano Judicial, “es un cáncer” de la justicia boliviana.

En su opinión, esa entidad ha cumplido su papel y estaría por demás en la actual estructura del Órgano Judicial y porque el rol de los administradores de justicia, no tiene que tener trabas en su camino, sino leyes a su alcance para transformar la justicia.

La mañana de este martes, Morales envío proyectos de ley a la Asamblea por el cual conforma una comisión de implementación de las reformas judiciales aprobadas en la Cumbre de Justicia de Sucre, reformas al procedimiento penal acortando tiempo procesales y sanciones a los abogados que ejerzan la profesión al margen de los código de ética.