El GIEI investigó los hechos de violencia ocurridos en Senkata, El Alto, en Sacaba (Puente Huayllani) en Cochabamba, y otras localidades, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Estableció que existió violación a los derechos humanos y reportó 36 personas fallecidas, y formuló 36 recomendaciones dirigidas a efectuar investigaciones “serias, efectivas, exhaustivas y diligentes” para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió este domingo que las recientes decisiones tomadas por operadores de justicia en favor de Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari podrían derivar en un incumplimiento de las 36 recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre vulneración de los derechos humanos en 2019, lo que pondría al Estado boliviano en riesgo de recibir sanciones.

“Con las decisiones que han tomado algunos operadores de justicia estos últimos días, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones que ha sido revisado por estos organismos internacionales, más propiamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estamos en un apronte de incumplir dichas situaciones y al incumplir dichas situaciones, el Estado va a ser responsable por el no cumplimiento”, alertó el procurador en una entrevista con Bolivia Tv.

El procurador explicó que la responsabilidad por el incumplimiento será del Estado en general. “No al Órgano Ejecutivo de manera particular, no al Órgano Judicial de manera particular, me refiero a todo el Estado y a todos los que componen este Estado, sea el Ministerio Público, Órgano Judicial, entre otros actores”, dijo.

Condori señaló que de hecho, ya hay un incumplimiento porque los sucesos acontecieron en 2019 y pasaron 5 años y 4 años de la investigación.

“Si el Estado incumple, obviamente se van a venir severas sanciones para el Estado boliviano conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que nosotros somos parte”, insistió.

El GIEI investigó los hechos de violencia ocurridos en Senkata, El Alto, en Sacaba (Puente Huayllani) en Cochabamba, y otras localidades, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Estableció que existió violación a los derechos humanos y reportó 36 personas fallecidas, y formuló 36 recomendaciones dirigidas a efectuar investigaciones “serias, efectivas, exhaustivas y diligentes” para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

“El informe recomendó entre varias puntualizaciones, promover actos públicos para reconocer la dignidad de las víctimas y la responsabilidad estatal de las vulneraciones de derechos humanos, apoyar y acompañar las iniciativas de la sociedad, pero también ha recomendado, investigar de manera seria, exhaustiva, diligente, respecto a los derechos de las víctimas y las personas imputadas y procesadas; juzgar y en su caso aplicar las sanciones con las responsabilidades de los documentos y este informe y otros similares; y particularmente esas recomendaciones han sido para el Ministerio Público para el Órgano Judicial”, remarcó el procurador.

El 22 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó a los tribunales regionales revisar “de manera inmediata” los plazos procesales que se siguen a Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari.