Ruleta rusa a la boliviana

Con la pólvora no se juega. Incluso respetando las normas y siendo muy exigentes con estas prácticas de riesgo se producen accidentes, algunos de gravedad extrema. La prudencia y las leyes aconsejan andar dentro de las reglas. Lo demás, es jugar con las vidas a la ruleta rusa.

Acosados por las manifestaciones de grupos afines al partido del expresidente Morales, el país vive un ambiente de incertidumbre y extremadamente cambiante previo a las elecciones que han sido postergadas hasta el 18 de octubre, que las protestas con bloqueos de un grupo radical exigen se respete el cumplimiento de convocatoria marcada en principio para el 6 de septiembre. El haber recorrido la fecha alentada por la enorme cantidad de contagios que se están registrando de forma singularmente curiosa, ha hecho pensar a los radicales del MAS que se trata de una crisis política, en lugar de una emergencia en salud, alargando las hostilidades y erosionando la antesala de una crisis generalizada que recién estaría por comenzar.

En esa antesala, el Gobierno transitorio promete atender los pedidos que circulan a través de las redes sociales en las que se exige el cumplimiento de la ley para evitar que los bloqueos -que los radicales han dispuesto en más de 100 puntos intransitables de los caminos- sigan creciendo y erosionen aún más la precariedad. El llamamiento en las redes es para que la Policía y el Ejército intervengan antes que el cuadro de asfixia empeore y la resistencia atente la provisión de alimentos y mercaderías que ya llegan a los centros urbanos imponiendo restricciones al normal abastecimiento de productos y a la libre circulación.

El pasado 6 de agosto en el 195 aniversario de la independencia de Bolivia, el clima de hostilidades continuo invariable. La presidenta transitoria volvió a defender entre argumentos ya conocidos que el país se encuentra al borde una crisis económica sin precedentes por las restricciones impuestas en la Asamblea Legislativa -dominada por el MAS- por bloquear créditos de más de 1 000 millones de dólares que necesariamente requieren aprobación congresal. La presidenta repitió al menos siete veces el mismo argumento responsabilizando de la crisis a los asambleístas del principal partido de la oposición.

Todavía hay sectores de opinión que consideran que pacificar el país -misión encomendada al Gobierno transitorio- podría aun entrar en agenda con variables que ninguno de los actores políticos quiere jugar. Por ejemplo, se plantea la renuncia de Añez a su candidatura, pero ese deseo es lejano como lejano que la Asamblea atienda el pedido clamoroso del Ejecutivo para trabajar la carpeta enviada desde el palacio quemado con el correspondiente justificativo de los créditos concedidos por organismos de financiamiento externo, léase FMI, BM, BID, CAF y otros. Por el momento, el Ejecutivo ha dispuesto pagar adelantado el aguinaldo del bono Dignidad que alcanza a un universo de alrededor 900 000 personas de la tercera edad. Su plan crediticio de reactivación 1, 2, 3 al 3% de interés para emprendedores y familias, por muy buenas intenciones exige condiciones difíciles de acceder para los prestatarios: garantías que en la mayoría de los casos son difíciles de cumplir. Una fuente del Banco Unión que pidió mantener su nombre en reserva ha revelado que apenas 1 entre 10 solicitantes es atendido y aun bajo observación para obtener esa línea de crédito.

Entretanto, los bolivianos conviven en largas filas, ora para adquirir gas domiciliario o tubos de oxígeno -con incrementos hasta de un 2 000%- que han desaparecido de circulación, ora para adquirir medicamentos esenciales que se venden con incrementos abusivos. Las filas alcanzan cuadras frente a los policlínicos estatales o a los laboratorios privados para acceder a las pruebas de la covid-19 a costos que en estos momentos muy pocos pueden pagar.

Los sistemas de registro de identificación trabajan atendiendo con la mitad del personal. Lo mismo ocurre en casi todas las reparticiones públicas para no paralizar el Estado. A diferencia de muchas empresas privadas que han creado protocolos de trabajo en línea; las oficinas de la administración estatal requieren presencia física de sus funcionarios. Al menos 40 ministros y viceministros están guardando cuarentenas obligatorias luego de haber dado positivo en las muestras. Hay un ambiente volátil e incierto como si la pandemia se iría a apoderar de las esquinas para matar como un asesino escondido.

Ante este desolador panorama el Gobierno ha clausurado el año escolar, medida que no se aplicaba desde 1971, fecha del último golpe militar. La decisión ha sido duramente criticada. En estas condiciones las poblaciones más pobres sin asistencia de tecnología están cada vez más lejos del derecho a la educación universal.

Los hospitales públicos ya no dan cabida y las clínicas privadas se reservan el derecho de admisión a pacientes dispuestos a depositar adelantos de 70 000 a 100 000 bolivianos. Nada garantiza la vida; ni la educación ni recursos para la sobrevivencia. El miedo ha invadido de lleno en la población mientras desde el Gobierno y la oposición no hay la capacidad de fomentar el diálogo en un clima de exasperación general alentado por algunas dirigentes y por las mismas autoridades. Ninguno de los actores políticos de la oposición que pugnan la silla presidencial aportan al equilibrio. El diálogo es precario.

LA OPOSICIÓN JUEGA SU ROL

Los radicales parecen dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. El líder campesino y fundador del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) Felipe Quispe Huanca, alias el “Mallku”, está activo visitando comunidades en varios puntos alentando los bloqueos y arengando a la gente a no ceder hasta lograr la renuncia de Añez. El mismo dirigente fue quien provocó la caída del Gobierno de Sánchez de Lozada en 2002 con la misma estrategia. El “Mallku” ha sido parte de la organización terrorista descabezada en 1992 en el Gobierno del expresidente Paz Zamora, de la que también formaban parte los hermanos Álvaro y Raúl García Linera.

El Gobierno ha declarado “estado de calamidad pública” que no se vivía desde 1985 cuando la hiperinflación llegó al 21 000%. Hace un año -agosto de 2019- el Gobierno del MAS (2006 – 2019) se opuso terminantemente declarar Estado de Emergencia Nacional cuando se quemaron 5 millones de hectáreas en la Chiquitania, hecho que le costó la victoria en el primer turno de las elecciones de octubre; es otro motivo de preocupación ya que por estos días el fuego está devorando selva, recursos y el derecho a la libertad sobre la que se asienta la vida.