TIPNIS, peligroso escenario de confrontación

El Gobierno del presidente Morales ha dado señales de una inusitada rapidez  al aprobar la Ley de Consulta Previa que definirá si se construye una carretera asfaltada por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé TIPNIS. El Proyecto de Ley fue presentado por el Consejo Indígena del Sur CONISUR, conformado por un segundo contingente de indígenas de los territorios ubicados en el parque, según la versión del Gobierno, aunque los dirigentes del TIPNIS niegan tal versión. Se acusa al CONISUR de ser una marcha oficialista, en contraposición a la que en el mes de octubre de 2011 efectuaron los pueblos originarios asentados en el TIPNIS, para evitar la construcción de la obra. Los marchistas no recibieron las mismas muestras de apoyo y solidaridad que dispensaron a la marcha del TIPNIS que llegó a La Paz en Octubre pasado tras una serie de hechos que conmovieron a la opinión pública. Quedó en el recuerdo colectivo la violenta represión que sufrieron y la frustrada operación del Gobierno para debilitar la columna de la marcha. Contrariamente, la ciudadanía en todo el país repudió la acción que fue grabada por los principales medios de comunicación a nivel nacional generando la repulsa contra las autoridades que ordenaron la represión.

Días después de los sucesos cayó uno de los hombres fuertes del régimen, apuntado  desde varios frentes como la cabeza visible y el cerebro de la brutal represión policial. El entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti fue alejado del cargo. Días antes había renunciado  el segundo hombre del Ministerio de Gobierno, el viceministro Farfán, a quién se lo acusó en el Gobierno de haber ordenado el operativo. En medio de contradicciones y crecientes dudas que apuntaron incluso al Presidente Morales por la orden de detener la marcha, la columna fortalecida reinició caminata a La Paz y 10 días después ingresó a La Paz en medio de un impresionante apoyo de la población que a su paso echaba mixtura, regalaba juguetes para los cientos de niños que acompañaban a sus padres, comida y flores.

El Gobierno acorralado retrocedió por primera vez su posición y forzado por las circunstancias se vio obligado a aprobar la Ley Corta que determinó la intangibilidad del territorio indígena. Varios analistas coinciden que fue un momento crítico para el Gobierno del Presidente Morales que hasta ese día había actuado en otros frentes por imposición, fruto del respaldo de las organizaciones sociales que consolidaron el denominado proceso de cambio. Pero además fue además un momento de quiebre. Representaciones de pueblos indígenas, campesinos y otros sectores se distanciaron del Gobierno. Cinco asambleístas indígenas se separaron del oficialismo en la Asamblea Legislativa. Fueron días tensos. El Presidente Morales se negó a atender a los marchistas en su despacho. El Gobierno pretendía ganar tiempo, pero era casi imposible; la presencia y la solidaridad de la población con los marchistas del TIPNIS se convirtieron en una verdadera bomba de tiempo. Por cada día perdido, la popularidad del Gobierno y, sobre todo, la imagen del presidente, se deterioraban. El discurso oficialista de defender a los pueblos indígenas y originarios, así como a la madre tierra y los recursos naturales se chocó con una penosa realidad: la construcción de una carretera que debía pasar por medio de una reserva natural sin haber consultado previamente el criterio de los pueblos que habitan ese territorio, tal como señala la nueva Constitución. Tras 10 días de tensión el Ejecutivo a la cabeza del primer mandatario aprobó la Ley Corta que sellaba el acuerdo para dejar sin efecto la construcción de la monumental obra encargada al consorcio brasileño OAS.

Pero la presión que se ejerce desde otros centros de poder fue más fuerte que el respeto a los acuerdos alcanzados con los marchistas del TIPNIS. Campesinos y colonos aglutinados en el CONISUR, que dicen apoyar la construcción de la carretera propiciaron una contra marcha que sin respaldo de la población y virtualmente aislada inició su recorrido hasta llegar a La Paz. A su llegada a la sede de Gobierno presentaron un proyecto de Ley de Consulta Previa. Este mecanismo definirá por consulta a las 64 comunidades asentadas en el TIPNIS si el trazo II de la carretera se construye por medio del parque.

Varias autoridades del Gobierno, entre ellas el vicepresidente Álvaro García Linera, han señalado que la aprobación de Consulta Previa busca corregir dos errores; el primero, no haber consultado a los indígenas del CONISUR la probación de la Ley Corta  y la decisión del Poder Ejecutivo de construir la carretera de manera inconsulta. Al conocer estas declaraciones varios analistas consultados por la REVISTA DIGITAL han advertido que en su momento ningún grupo indígena se opuso a la promulgación a la Ley Corta, lo que deja entrever que la conformación del CONISUR fue organizada por el Poder Ejecutivo, buscando un pretexto para construir la carretera. Existen evidencias de que los dirigentes de la segunda organización de machistas tienen relación con el Gobierno. Es el caso del cacique mayor Gumercindo Pradel que fue fotografiado en una manifestación de apoyo al presidente Morales. Los dirigentes del TIPNIS han señalado que se trata de un dirigente apócrifo que no representa los genuinos intereses de las comunidades que viven en la reserva natural.

Todos estos hechos son factores y síntomas de un visible agotamiento de las organizaciones sociales que sustentaron la base del proceso de cambio. Los dirigentes del TIPNIS han anunciado la IX Marcha de los Pueblos Indígenas. Pero nada hace pensar que el Gobierno retroceda en su propósito de construir la carretera. El argumento del desarrollo nacional al construirse un camino que unirá las costas del Atlántico y el Pacífico, en base a un anhelado proyecto de integración regional encuentra una tenaz resistencia por grupos indígenas que refuerzan el criterio de una voraz fractura en la consolidación del proceso de cambio y el discurso oficial de respeto a los territorios indígenas y la defensa a la madre tierra.

La decisión de aprobar la Ley sigue siendo el principal plato de la discordia entre los sectores involucrados. Se acusa al Gobierno de haber propiciado la marcha de los indígenas del CONISUR con el único objetivo de sellar la alianza con los sectores cocaleros del Chapare aliados incondicionales del Gobierno que ingresaron al parque bajo la consigna de sembrar coca en territorio virgen. Esa denuncia se suma a la determinación de construir  la carretera pese al compromiso del Gobierno para frenar una obra que provocaría la destrucción de millones de hectáreas del parque nacional y ocasionaría un daño ambiental considerable.