Tráfico de tierras: premios en la Justicia, sanciones en el Ejecutivo

En mérito al apersonamiento de distintos sectores de la sociedad en un grito clamoroso en busca de apoyo social, desde febrero de 2016 la revista dat0s publicó una recopilación de campo realizada por las juntas vecinales del Departamento de Santa Cruz, enviada al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno UAGRM, cuya parte medular apunta como uno de los principales problemas en el ámbito de la administración de justicia: la corrupción.

Esta lacra ha generado la propagación de una nueva actividad delictiva que castiga en forma innegable y flagrante a Santa Cruz, y que constituye el tráfico de tierras originado en actos de corrupción cometidos por agentes relacionados a la administración de justicia que promueven el avasallamiento a la propiedad privada urbana o rural, pequeña o grande, con fines de vivienda o productivos. En resumen sin ninguna discriminación.

El tráfico de tierras es hoy en día la actividad ilegal más lucrativa, que trasciende y corrompe no sólo a la administración de justicia, pues permite a personas que actúan al margen de la ley, volcar sus intereses y recursos en financiar avasallamientos ilegales con el fin de obtener ganancias al vender estas tierras, usarlas de garantía o disponerlas de  cualquier forma.

El sistema de administración de justicia en sus diferentes fases, al corromperse, daña a la sociedad civil en su conjunto porque las personas que tienen derecho sobre su propiedad se ven forzadas a defenderse de  los avasalladores  a costa de endeudar su legítimo patrimonio; esta defensa que en una sociedad común resultaría ilógica, es el pan de cada día para cientos de bolivianos, que avasallados por organizaciones criminales, conformadas por grupos nacionales o extranjeros, deben peregrinar ante el sistema de administración de justicia a litigar para demostrar su derecho propietario.

El trabajo de las juntas vecinales identificó una relación directa de estos grupos ilegales con jueces, fiscales y abogados, que han conformado un sistema de corrupción anticonstitucional para forzar procesos en complicidad con personeros del órgano judicial, Ministerio Público, funcionarios de reparticiones públicas como Derechos Reales y otras relacionadas directamente con  el control y saneamiento de tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA.

Ante la evidente y lamentable existencia del tráfico de tierras en el Departamento de Santa Cruz, constatada con numerosas denuncias documentadas que llegaron a manos de autoridades del Poder Ejecutivo, el presidente Evo Morales instruyó un seguimiento pormenorizado de los casos y definió que sobre los avasalladores debía caer todo el peso de la ley.  “El que trafica ilegalmente con tierras, el que avasalla, será encarcelado”, señaló el jefe de Estado. Esas palabras encontraron eco en las autoridades del Ejecutivo que dispusieron sancionar a los avasalladores y a quienes estaban favoreciendo delitos contra la propiedad privada cuando está legalmente titulada, saneada, trabajada y cumple una función social.

Las publicaciones reflejaron con nombres y apellidos, las denuncias sobre los diferentes casos de corrupción, avasallamiento y tráfico de tierras. En los meses posteriores a las publicaciones, se supo que por instrucciones expresas del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, se realizó un relevamiento de los datos publicados y se apartó de sus cargos a Jorge Chumacero -ex director nacional del INRA; a Cesar Córdova -ex director regional Santa Cruz del INRA-; a Fabio Mamani -encargado técnico de la Provincia Andrés Ibañez regional Santa Cruz del INRA y a Jorge Taboada -encargado técnico de la Provincia Andrés Ibañez regional Santa Cruz del INRA-.

De acuerdo al reportaje de una publicación digital del matutino La Razón del 8 de agosto del 2016, el actual director nacional del INRA, Jhonny Cordero -antes viceministro de Tierras- señaló lo siguiente: “Tenemos 83 procesos penales de los cuales 40 están por delitos de falsedad material e ideológica. En estos dos últimos meses también hemos identificado algunos documentos que estamos casi seguros son falsos”. Cordero explicó que en varios casos denunciados se reportó el uso de simples fotocopias de informes del INRA para vender o estafar con la venta de tierras y que en varios casos están involucrados exfuncionarios de la institución. Dijo que los vinculados son tramitadores en saneamiento y distribución de tierras y abogados.

En total contradicción con sus palabras, en septiembre de este año Cordero inició una medida preparatoria contra dat0s y la UAGRM. Una actitud de esta naturaleza desconoce por completo el principio constitucional que define claramente en su artículo 108 que “es deber de las bolivianas y los bolivianos: …denunciar y combatir los actos de corrupción…”

En otra publicación, el semanario digital Prensa Rural, del 26 de octubre de este año, cita de manera textual al director nacional del INRA en los siguientes términos: “…estamos aliados en la lucha contra la corrupción, se ha identificado muchos nexos de corrupción, el INRA ha tomado medidas hemos tenido que instalar cámaras en la oficinas, hemos creado una oficina de transparencia, hemos hecho seguimiento a cada caso (…) y eso lo vamos a lograr, siempre con mucha ayuda de nuestros dirigentes y ejecutivos que estamos a diario con ellos…”.

A manera de ejemplo para establecer con nitidez los casos denunciados citamos la acción de amparo IANUS 701199201417478, presentada con documentos falsificados contra personas inexistentes que dispone una orden de desalojo contra los legítimos propietarios del predio. Denunciamos la resolución de la vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Teresa Lourdes Ardaya, quien a pesar de conocer la ilegalidad de dicho amparo, mantuvo su decisión disidente, sometiendo a los legales propietarios al desalojo de sus tierras. Este tipo de acciones han afectado a más de 50 familias que sufren constantes amenazas psicológicas de los avasalladores. Otro claro ejemplo de estas irregularidades ha cometido el oficial de diligencias Cesar Castro, que intervino en el citado amparo notificando a personas “fantasmas”, además de ejecutar el desalojo en un predio ajeno al amparo planteado.

Lo increíble del caso es que Ardaya incluso eludiendo la convocatoria del Ministerio Público que la citó como testigo para esclarecer estos hechos, ha sido hace poco nombrada presidenta del Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Entretanto que Cesar Castro de oficial de diligencias paso a secretario de juzgado y hoy es juez de Instrucción Cautelar.

ntras estos casos se siguen dilucidando en los tribunales cruceños, las palabras del presidente Morales se hacen más oportunas que nunca de sancionar con la cárcel a los avasalladores y sus cómplices.

“…estamos aliados en la lucha contra la corrupción, se ha identificado muchos nexos de corrupción, el INRA ha tomado medidas hemos tenido que instalar cámaras en la oficinas, hemos creado una oficina de transparencia, hemos hecho seguimiento a cada caso (…) y eso lo vamos a lograr, siempre con mucha ayuda de nuestros dirigentes y ejecutivos que estamos a diario con ellos…”.

Jhonny Cordero, director nacional del INRA