Un juez dice que el voto de 2016 es cosa juzgada sin celebrar una audiencia

La alegría les duró menos de una semana. El martes de la última semana, justo antes de entrar a la reunión con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Gutiérrez, dirigente de la plataforma SOS Bolivia, estaba ilusionado con defender legalmente el voto del 21-F durante la audiencia de petición de cumplimiento de la Constitución que habían presentado ante el juzgado sexto de la Familia en Santa Cruz. La audiencia estaba fijada para el día siguiente, para el miércoles 13, pero ya sabía que se iba a suspender por falta de notificaciones al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que aprobaron la repostulación del binomio oficialista (María Eugenia Choque, Lidia Iriarte, Idelfonso Mamani, Antonio Costas Sitic, Lucy Cruz, Dunia Sandoval y Édgar González), pero aun creía que vería al Gobierno y al TSE ante un juez. “Ojalá fijen la audiencia para el 21”, decía en la plaza de 25 de Mayo, de Sucre.

La historia siguió según lo previsto: el 13, la audiencia fue suspendida por falta de notificaciones y se la estableció para el 19, pero ayer todo cambió. Antes de escuchar algún argumento a favor o en contra del cumplimiento del referendo del 21 de febrero, el juez Alberto Zeballos dictó la improcedencia de la acción de cumplimiento, al considerarla “cosa juzgada” por la sentencia constitucional 084/2017, esa que habilitó a Evo Morales y a otras autoridades a presentarse a nuevos comicios por más de que hayan ejercido el mismo cargo electivo en dos periodos continuos después de la aprobación de la nueva Constitución; esa que obviaba las consecuencias del referendo del 21-F y no lo mencionaba en ninguno de sus párrafos.

Las reacciones

“Bastó una amenaza para que el juez se retracte”, dijo Gutiérrez, uno de los titulares de la acción de cumplimiento, junto con María del Carmen Morales de Prado, Héctor Julio Zapag Zeballos, Lourdes Ignacia Valdiviezo Vaca, Rolando Descarpontríez Arteaga y Cecilia López Ortiz. “Es una muestra por demás de evidente de la presión que existe del Ejecutivo ante el Poder Judicial”, se lamentó. En opinión de Gutiérrez, el motivo para que no se celebre la audiencia es que el Gobierno no iba a poder sostener sus argumentaciones.

La presión de la que hablaba Gutiérrez es el anuncio del diputado masista Sergio Choque de enjuiciar al juez Zeballos. El jefe de bancada de La Paz adelantó el criterio usado por el juez: “Es cosa juzgada por la sentencia 084/2017 y no se puede volver a tocar”. Ayer el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, desautorizó a Choque: “No se tomará ninguna acción contra el juez Alberto Zeballos. Las declaraciones del diputado Sergio Choque no representan la posición del partido ni del Gobierno”, escribió en Twitter y, por unas horas, Zeballos se convirtió en una especie de heraldo de la independencia judicial en las redes sociales opositoras: “Hagamos alrededor del juez Alberto Zeballos una cadena nacional de apoyo moral, cívico y democrático para que honre la independencia de la justicia al margen de cualquier posible interferencia”, escribió Jaime Paz, candidato presidencial por PDC.

También tenía esperanza en su fallo Víctor Hugo Cárdenas, postulante por UCS: “El sentido del fallo del juez Zeballos aclarará si hubo o no presión política desde arriba. Ese momento, sabremos si el MAS se atreve a respetar fallos judiciales o no. Hasta ahora, no lo hizo. ¿Lo hará en este caso? Lo veremos”.

Todo eso se derrumbó en una resolución de 18 páginas, que rescataba el razonamiento del amenazante Choque: Cosa juzgada y las sentencias constitucionales son inapelables.

Para Juan Carlos Díaz, uno de los abogados de la petición de acción de cumplimiento, el juez Zeballos ha cometido el delito de prevaricato, porque una vez admitida la demanda tenía que celebrar la audiencia, pero sugirió a sus patrocinados que no sigan el proceso, porque lo considera inútil. Eso sí, se quedó con las ganas de enfrentarse judicialmente a los abogados del Estado. “Es fácil redactar una sentencia entre cuatro paredes, otra cosa es defenderla de manera pública”, dijo.