Este es el plan B para la reforma migratoria
Distintos esfuerzos de reforma migratoria han fracasado en los últimos años en Estados Unidos. No perdamos esta nueva oportunidad con una estrategia de todo o nada.
Eran las cinco de la mañana del 20 de enero y Joe Biden y Kamala Harris todavía no tomaban posesión como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Pero la nueva Casa Blanca acababa de publicar un ambicioso plan de reforma migratoria. Así Biden cumplía su promesa de enviar al Congreso, dentro de sus primeros 100 días como presidente, una propuesta para legalizar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.
El temor para los latinos -quienes son aproximadamente la mitad de la población migrante en Estados Unidos- es que esta puede ser otra burbuja que nos reviente en la cara.
Ya lo hemos visto muchas veces y es una historia de fracasos. En 2005, el senador republicano John McCain, con el apoyo de otros senadores, como el demócrata Ted Kennedy, presentaron una propuesta que incluía la legalización de indocumentados. Pero no pasó nada. El año siguiente, el Congreso no logró ponerse de acuerdo después de que el Senado y la Cámara de Representantes pasaron distintos proyectos de reformas migratorias. En 2007, se discutió otro plan en el Senado pero ni siquiera hubo una votación. Y los senadores del llamado Grupo de los Ocho lograron pasar una propuesta en el Senado en 2013 pero el entonces presidente de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, cruelmente nunca la sometió a votación.
La última reforma migratoria en el país ocurrió en 1986 durante el gobierno de Ronald Reagan. Casi tres millones de indocumentados recibieron lo que en ese entonces se llamaba “amnistía”. Pero esa reforma no logró integrarlos al país ni detener a millones de personas que llegaron después.
Los indocumentados crean empleos y pagan más de 11.000 millones de dólares al año impuestos locales y estatales. Y muchos, incluyendo a los dreamers -como se les llama a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés)-, en realidad son estadounidenses aunque no tengan un papel para demostrarlo. Por todo esto, urge protegerlos.
La nueva propuesta de Biden incluye la residencia permanente (o green card) a los cinco años para los indocumentados que hayan pagado impuestos y no tengan antecedentes criminales. Y tres años después, si hablan inglés y cumplen otras condiciones, se podrían convertir en ciudadanos de Estados Unidos. “Es lo más integral que hemos visto en todos mis años de tratar de crear una reforma migratoria”, me dijo en una entrevista el senador Bob Menendez, quien va a patrocinar en el Senado el plan del presidente Biden. “Yo espero que en las próximas dos o tres semanas podamos presentar la propuesta”.
Ahí es cuando todas las esperanzas pueden explotar.
La propuesta debe pasar en la Cámara de Representantes con mayoría demócrata. Pero el desafío será en el Senado, en donde las reglas arcaicas requieren el apoyo de al menos 60 senadores para terminar un debate e ir a votación. Y los demócratas -que solo son 50 en el Senado- no tienen esos votos. En un país tan dividido y en medio de una pandemia resulta casi imposible que 10 republicanos quieran ayudar a los demócratas en un tema tan controvertido como es la migración.
Incluso si los Demócratas lograran terminar con el llamado filibuster -una práctica de los legisladores para impedir o retardar decisiones en el congreso- y aprobar la reforma migratoria con mayoría simple habría problemas.
Entonces, ¿cuál sería el plan B?
“Actualmente los demócratas tienen una muy pequeña ventaja”, me dijo Frank Sharry, el fundador y director ejecutivo de America’s Voice, quien ha luchado durante décadas por una reforma migratoria integral como propone el presidente Biden. “Hay que ser realistas. El Partido Republicano es el partido de Trump, del poder, de la plutocracia y del racismo […] Los demócratas tendrán que hacerlo solos si quieren generar cambios que cambien vidas”. Sharry cree que si la aprobación en el Congreso no se puede conseguir ahora, hay que cambiar de estrategia y darle una victoria, aunque sea parcial, a los latinos.
“Estamos totalmente comprometidos con un camino a la ciudadanía para 11 millones” de personas, me escribió en un correo electrónico Lorella Praeli, presidenta de la organización Community Change Action, quien comenzó su carrera como activista a favor de inmigrantes indocumentados en Connecticut. “Pero estamos dejando atrás la estrategia del todo o nada que no funcionó en el pasado”,
En cambio, Praeli cree que lo más realista sería optar por un proceso de reconciliación presupuestaria -un proceso legislativo complejo del Senado que permite aprobar ciertos gastos y programas con una mayoría simple- “para legalizar a la mayor cantidad de gente posible, incluyendo a trabajadores esenciales, dreamers, gente con protección temporal (TPS) y obreros. Creemos que el paquete económico que se podría aprobar esta primavera es la mejor manera de hacerlo”.
Esta es una estrategia similar a la que culminó en 2012 con DACA, que protege a unos 700.000 jóvenes de la deportación y les permite trabajar. Cuando los dreamers -a quienes sus padres trajeron de manera no autorizada a Estados Unidos cuando eran niños- se dieron cuenta de que no había apoyo en el Congreso para regularizar su situación, así que presionaron al entonces presidente Barack Obama para que los protegiera con una orden ejecutiva que, hasta estos días, se mantiene vigente. Y su vida cambió radicalmente.
Un plan B para reformar la inmigración debería buscar lo mismo: legalizar o proteger a la mayor cantidad posible de inmigrantes mientras se encuentran los votos necesarios en el Congreso. No es lo ideal, pero es lo que hay.
Durante esta pandemia ha quedado demostrado el extraordinario valor de los inmigrantes, desde sus contribuciones a la ciencia y el cuidado de los enfermos contagiados con la COVID-19 hasta en las riesgosas labores de limpieza y desinfección. Mientras millones de personas están trabajando a distancia y protegidos en sus casas, campesinos y obreros extranjeros no dejan de cultivar la comida que todos comemos. Y el agradecimiento se siente. Un 34 por ciento de los estadounidenses quisiera ver más inmigrantes en el país, no menos. Esta es la cifra de apoyo más alta a favor de más inmigrantes desde 1965, según Gallup.
Por supuesto, no hay que darse por vencidos antes de empezar. La primera opción debe ser tratar de conseguir los 60 votos en el Senado para legalizar el estatus de alrededor de 11 millones de personas. Pero si no hay apoyo en el Congreso a corto plazo, entonces hay que probar nuevas ideas como las de Lorella Praeli y Frank Sharry, y hacerlo en partes.
Como dice un conocido refrán latinoamericano: de poco en poquito se llena el jarrito.
Jorge Ramos es periodista, conductor de los programas Noticiero Univisión y Al punto, y autor del libro Stranger: El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump. @jorgeramosnews