La corrupción en América Latina no tiene que ser una cotidianidad

Cuando a inicios de 2016 los llamados Papeles de Panamá -una de las mayores filtraciones sobre evasión fiscal con ramificaciones mundiales- pusieron sobre el tapete el uso de sofisticados esquemas de empresas pantalla (shell companies) que se forman para dificultar la identificación de los beneficiarios finales de negocios, el mundo quedó indignado ante las revelaciones. América Latina, sin embargo, aunque también indignada, lo vio como una consecuencia inevitable -aunque sorpresiva- de la corrupción que todos sus ciudadanos conocen como algo lamentablemente cotidiano.

Los principales indicadores de transparencia e integridad muestran un panorama preocupante en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el Índice de Percepción de Transparencia Internacional de 2018, el puntaje promedio para la región fue de 44 sobre 100. Transparencia Internacional, autora de este ranking, reconoce que cualquier puntaje menor a 50 indica que los gobiernos están fallando en hacer frente a la corrupción.

Y la realidad le da la razón a los ciudadanos: entre 10 y 25% del valor de los contratos de inversión pública de nuestra región se pierde anualmente por casos de corrupción. Más allá de eso, según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, en promedio uno de cada tres latinoamericanos paga sobornos para acceder a servicios públicos básicos como educación, salud o justicia.

¿Cómo llegamos aquí? No hay una sola explicación. Sin embargo, en muchos países de la región es posible identificar una serie de factores comunes que apuntan principalmente a la debilidad institucional y la baja transparencia del sector público.

Las leyes de acceso a la información son una condición necesaria (aunque no suficiente) para promover la transparencia pública. Es necesario promover reformas de segunda y tercera generación de transparencia, combinando el acceso a la información con el uso de tecnologías de información para que cualquier persona sepa en qué se gastan sus recursos, si el hospital tiene las vacunas para sus hijos o cómo ofrecer bienes y servicios al sector público de manera competitiva.

También, es necesario transparentar los procesos de decisión pública y el registro de beneficiarios finales de las empresas. Las regulaciones económicas -como las que fijan tarifas de servicios públicos o ambientales- deben ponerse en consulta de la opinión pública y deben habilitarse canales para recibir opiniones y recomendaciones de los ciudadanos, en especial de aquellos que serán afectados por las reformas. Este tipo de medidas no solo se relacionan con la transparencia. Tienen además un componente importante de legitimidad de la decisión publica para que todos participen en pie de igualdad en las decisiones públicas.

Por último, hay que profundizar las medidas para asegurar la integridad de los funcionarios públicos. Los sistemas de prevención de conflictos de interés están en su infancia en la región. Estas políticas, junto con las declaraciones patrimoniales, pueden ser un instrumento estratégico para que los ciudadanos confíen en que quienes gobiernan lo hacen en beneficio del público.

Según un estudio publicado en 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo, menos de 30% de los trámites burocráticos pueden hacerse enteramente en línea, y únicamente 7% de los ciudadanos realizó en línea su último trámite con el gobierno. Cuando los trámites se hacen en ventanilla, se abre la posibilidad de que los funcionarios soliciten sobornos a cambio de “agilizar” un proceso. Por eso, una agenda de gobierno digital fuerte es la plataforma esencial para cerrar la puerta a esos comportamientos discrecionales.

La simplificación administrativa es fundamental para reducir las oportunidades de corrupción. Desde los trámites más simples para obtener una licencia de conducir hasta las habilitaciones de comercios y permisos de construcción pueden simplificarse. Este es un desafío especialmente importante para los gobiernos subnacionales, donde se dan la mayoría de este tipo de transacciones.

La tecnología es también un aliado fundamental al momento de romper la opacidad del uso de recursos públicos. El uso de plataformas georreferénciales como Mapainversiones y Maparegalias permiten hoy a los ciudadanos, funcionarios, periodistas y al sector privado de varios de nuestros países, interactuar con mensajes e imágenes en el seguimiento de la inversión pública en tiempo real. Estas plataformas le permiten a un ciudadano sacar una foto de la obra pública y subirla a la plataforma para que todos vean si el puente existe o no. Tecnologías similares también permiten hoy tener información completa de todo el ciclo de compras y contrataciones del Estado. Estos usos de la tecnología permiten llevar a la práctica el principio de que la transparencia es el mejor desinfectante.

Según una encuesta del Foro Económico Mundial a jóvenes de más de 180 países, las personas entre los 25 y 36 años creen que la corrupción es el mayor impulsor de la desigualdad. Es, además, uno de los principales factores que limitan la inversión y el desarrollo del sector privado en la región. Es el deber de los gobiernos de América Latina hacer que la transparencia y el fácil acceso sean tan cotidianos como lo es hoy en día la corrupción.

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Lea Giménez es la jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Sector de Instituciones para el Desarrollo y Roberto de Michele es el Coordinador del Clúster de Transparencia e Integridad de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo.