La crisis perpetua en la frontera

El sistema migratorio de Estados Unidos está quebrado, caduco y no refleja las nuevas necesidades del país ni de sus vecinos del sur.

La frontera entre México y Estados Unidos “es una cicatriz que sangra”. Así la describió el escritor mexicano Carlos Fuentes en 1997. Ese año, según el Pew Research Center, entraron 1,2 millones de inmigrantes, tanto autorizados como no autorizados, a Estados Unidos. En ese entonces, como ahora, se hablaba ya de una crisis desbordada.

La verdad es que esa frontera siempre ha estado en crisis. Es una crisis perpetua desde su conformación, con los límites que conocemos hoy. La frontera se redefinió después del fin de la guerra entre México y Estados Unidos, en 1848. En mis clases de primaria en Ciudad de México nos enseñaron que con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el conflicto y la invasión estadounidense terminaron y México fue obligado a ceder el 55 por ciento de su territorio a Estados Unidos con una compensación de 15 millones de dólares. Así que en ese entonces muchos no cruzaron la frontera, la frontera los cruzó a ellos.

Desde entonces la frontera ha sido, al mismo tiempo, una zona de conflictos y de hermandad extraordinaria. Y desde que tengo memoria ha habido debates y dilemas sobre los que cruzan del sur al norte, y preguntas sobre cuántos deben cruzar cada año.

Me ha tocado cubrir a todos los presidentes de Estados Unidos y sus políticas migratorias desde que, en los años ochenta, Ronald Reagan ocupaba la Casa Blanca. Y creo que para encontrar una solución a largo plazo -que pasa por aceptar a muchos más inmigrantes de manera legal- debemos repasar esas políticas. El problema de fondo es que el sistema migratorio estadounidense está quebrado, caduco y no refleja las nuevas necesidades del país ni de sus vecinos del sur.

En 1986, el presidente Reagan, republicano, otorgó una “amnistía” a casi tres millones de personas que residían en el país sin documentos. Pero no fue una solución integral y no funcionó para frenar el flujo migratorio.

Para cuando entrevisté al expresidente George W. Bush en Guanajuato, México, en febrero de 2001, el número de migrantes indocumentados ya había crecido a 7,8 millones. El mandatario coqueteaba con la idea de un “programa de trabajadores temporales”, pero unos meses después los actos terroristas del 9/11 suspendieron la idea de una reforma migratoria.

El número de personas indocumentadas siguió creciendo -hasta 12,2 millones en 2007- y en 2009 llegó Barack Obama a la presidencia. En los meses de ese año en los que su partido, el Demócrata, controlaba ambas cámaras del Congreso, Obama desaprovechó la oportunidad para presentar una reforma migratoria que regularizara su estatus. Y luego llegó Donald Trump, uno de los presidentes más racistas y antiinmigrantes que ha tenido Estados Unidos.

Las políticas inhumanas y represivas de Trump -y las medidas de emergencia sanitaria por la pandemia- redujeron la migración a sus niveles más bajos desde los años ochenta.

Pero ahora, con un nuevo presidente y con nuevas reglas, podríamos regresar a las épocas en que cruzaban cientos de miles de personas indocumentadas cada año. Solo en febrero se registraron más de 100.400 cruces no autorizados. Esa es, quizás, la nueva normalidad.

“La frontera no está abierta”, me dijo en entrevista el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Pero “lo que hemos descontinuado es la crueldad de la gestión anterior”. Decenas de miles de solicitantes de asilo, muchos de ellos centroamericanos, han esperado durante más de un año en campamentos en México y no van a desaprovechar una oportunidad.

No debería sorprender a nadie que esto suceda en una frontera que divide a uno de los países más ricos y poderosos del mundo de una de las regiones más desiguales del planeta: los más pobres y vulnerables -en medio de la pandemia, de los estragos del cambio climático y la violencia- se dirigen a un lugar más próspero y seguro. Así de lógico y simple. Y así continuará por mucho tiempo.

Debido a la pandemia, América Latina ha vivido su “peor crisis social, económica y productiva” en 120 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Dos huracanes -Eta e Iota- devastaron Centroamérica a finales del año pasado. Y las pandillas, la corrupción, la violencia y los efectos de la crisis medioambiental y escasez de vacunas contra la COVID-19 han expulsado a muchos de la región.

México, en particular, ha sufrido mucho durante la pandemia: más de 320.000 mexicanos han muerto, según el nuevo reporte oficial del gobierno mexicano que incorpora las llamadas “muertes excesivas”, y su economía cayó 8,5 por ciento en 2020. A esta situación se añade el terrible e intratable problema de la violencia de los cárteles del narcotráfico. El comandante a cargo del Comando Norte de Estados Unidos informó recientemente que “entre 30 y el 35 por ciento de México” está en control de “organizaciones criminales transnacionales”. Esto implica un peligro inminente para quienes cruzan territorio mexicano para llegar a la frontera.

Es necesario aceptar esta realidad y crear un sistema que pueda absorber de manera legal, eficaz, rápida y segura a muchos de los inmigrantes y refugiados que vienen del sur. Van a seguir llegando y no hay otra solución. Todas las otras opciones -muros, centros de detención, separación de familias, repatriación exprés, la espera de los solicitantes de asilo en México, deportaciones masivas- han fracasado. La inversión de 4000 millones de dólares en Centroamérica, como ha prometido Biden, es un buen comienzo para atacar el origen de la migración: la pobreza y falta de oportunidades en sus países. Pero ese proyecto tardará años en dar resultados.

En lo que el plan surte efecto, debemos aceptar anualmente entre millón y medio y dos millones de inmigrantes autorizados cada año.

Hay que hacer legal y productiva la entrada a Estados Unidos, pues ahora es un sistema peligroso que incentiva el tráfico humano controlado por cárteles de drogas y otras organizaciones criminales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que, según sus cuentas, “la economía estadounidense va a necesitar entre 600.000 y 800.000 trabajadores por año” y que sería mejor llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que esas personas necesarias lleguen de manera autorizada al país en lugar de arriesgar sus vidas para intentar cruzar. Tiene razón.

Estados Unidos es un país de inmigrantes y necesitará muchos más para la recuperación económica después de la pandemia, para reemplazar a la creciente población que se jubila y también para compensar por las bajas tasas de natalidad en Estados Unidos, según argumentó recientemente el periodista Andrés Oppenheimer del The Miami Herald. Nuestro sistema migratorio requiere renovarse para afrontar estos retos.

Por eso la frontera parece que revienta. Es ahí donde chocan las aspiraciones de los nuevos inmigrantes con un país que se resiste a modernizar su manera de recibir y absorber a los recién llegados. Las cicatrices de la frontera son reales, pero sabemos cómo resolver los problemas: más migración autorizada. Como dicen en México; no hay de otra.

Jorge Ramos (@jorgeramosnews) es periodista, conductor de los programas Noticiero Univisión y Al punto, y autor del libro Stranger: El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump.