La tragedia de Río de Janeiro es política

En el primer semestre de 2019, la policía de Río de Janeiro, la segunda ciudad más poblada de Brasil, mató en promedio a cinco personas al día. Es el número más alto en dos décadas. El porcentaje que deja este hecho es atroz: las fuerzas de seguridad estatales son responsables del 38 por ciento de los homicidios en la ciudad.

Buena parte de esas muertes están concentradas en operaciones policiales en las grandes favelas, con un aparato que moviliza autos blindados, helicópteros y francotiradores. En muchos casos resultaron en la muerte de civiles inocentes, como los seis jóvenes, de entre 16 y 21 años, asesinados en solo cinco días de agosto, incluyendo un futbolista y una mujer que llevaba a su hijo en brazos.

Parece lejano recordar que en 2016, Río recibió los Juegos Olímpicos y la ciudad parecía estar encaminada a años de prosperidad y buenas perspectivas. Pero en tres años esa imágen de la ciudad se esfumó. ¿Que pasó?

La sucesión de distintas crisis -política, económica y de seguridad- que vivió Brasil derivó en una profunda desconfianza ciudadana en los políticos tradicionales. Había, y hay, una gran demanda de cambio a causa de la enorme corrupción de la clase política. En las elecciones de 2018 eso se tradujo en la victoria de advenedizos (outsiders) que prometían desafiar y renovar el sistema político y mano dura para frenar la violencia. En noviembre, los brasileños eligieron como presidente al excapitán del ejército Jair Bolsonaro; los ciudadanos de Río, al exjuez y quien fuera infante de la Marina Wilson Witzel como gobernador.

Bolsonaro y Witzel son las versiones brasileñas de una oleada de políticos a nivel mundial que han conseguido el éxito al atacar el orden político establecido y se asumen como los representantes de una presunta voluntad popular que se cree traicionada por unas élites corruptas. Aunque Brasil siempre ha tenido políticos que han enarbolado discursos similares, sobre todo en cuestiones de seguridad, nunca habían llegado a un nivel tan alto de liderazgo.

Al centro de la problemática de Río está la política de drogas. Es una disyuntiva en la que se suele optar por dos caminos: estrategias comunitarias o un plan de “mano dura”, que consiste a menudo en impulsar operaciones policiacas. Witzel optó por la segunda. El gobernador califica a los narcos y otros criminales de terroristas y defiende el uso de francotiradores para atacarlos en las favelas. Con frecuencia se presenta en uniforme de policía y en una ocasión apareció en un helicóptero que disparó indiscriminadamente contra una favela, un ejercicio que se ha vuelto común en el Río de Witzel. Un grupo de niños de favelas de Río escribieron cartas a los tribunales de justicia de la ciudad en las que piden interrumpir ese tipo de operación policial en sus hogares. Esta apuesta por la mano dura más que detener el problema de seguridad podría incrementarlo.

Paradójicamente, el aumento en la violencia policial ocurre al mismo tiempo en que hay una caída de casi el 25 por ciento en los homicidios en Brasil. Es una tendencia que empezó en los últimos meses de 2018, antes del inicio de los nuevos gobiernos, a nivel nacional y en Río. Los especialistas todavía discuten las causas de la disminución de la violencia, pero se cree que tiene que ver con los pactos y treguas entre las facciones del crimen organizado más que con las políticas públicas.