Masacres en Colombia: qué hay detrás de su reaparición

Durante la noche del 27 de septiembre, un grupo de encapuchados no identificados ingresaron a una finca en el municipio de Andes, Antioquia, y asesinaron a sangre fría a tres personas, entre ellos un joven de 13 años. De acuerdo con las autoridades, se trató de una disputa relacionada con la venta de estupefacientes.

Esta noticia parece repetirse una y otra vez en los diarios de Colombia, país donde, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las masacres ocurridas en el país en lo que va del año superan las 60, con un total de 246 civiles asesinados.

De acuerdo con Indepaz, una masacre es “el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (tres o más protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”. Además de las masacres, fueron 215 los crímenes contra líderes sociales durante estos nueve meses. Todo esto convierte al 2020 en el año más violento desde 2013.

Las masacres traen un mensaje de terror, para doblegar y someter a la población, y garantizar “las órdenes sociales del grupo armado que esté interesado en ejecutarlas”. Así lo explica en entrevista la comisionada para el Esclarecimiento de la Verdad, Alejandra Miller. Aunque históricamente todos los grupos armados han utilizado las masacres como forma de control territorial, agrega que fue una estrategia característica de los grupos paramilitares, que contribuyeron al baño de sangre en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI.

Esto se evidencia en las cifras oficiales, que establecen el periodo entre 1988 y 2004 como el más violento del conflicto colombiano, con 76.8% de las masacres totales.

Tras el proceso de desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -entre 2003 y 2006- y, en especial, desde poco antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Colombia entró en una transición al bajar los niveles de violencia en los municipios. Entonces, ¿por qué resurgieron las masacres, después de cinco años de poca presencia de esta forma de crimen?

Con este acuerdo, más de 13,000 guerrilleros se desmovilizaron y dejaron sus zonas de influencia. La comisionada Miller sostiene que, debido a que el Estado no ocupó esas regiones, “otros grupos armados, unos que ya existían y otros nuevos, llegaron a ocupar esos territorios”. También explica que Colombia vive “conflictos armados” -en plural-, como los llama la Cruz Roja, con un factor político (por la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional), “pero también presentan un alto componente de criminalidad asociado a los temas de economías ilegales, como narcotráfico y minería ilegal”.

A pesar de la militarización -basada en el aumento del pie de fuerza y el resurgimiento de unidades especiales de contrainsurgencia-, el Estado no está logrando el control territorial. Por el contrario, la población civil está quedando en medio del fuego cruzado, con la justificación de que apoya a los grupos armados ilegales, y también se la obliga a ceder sus territorios a ese nuevo control.

Frente a la reactivación de las masacres y los asesinatos selectivos de líderes sociales, se perciben pocos resultados en temas de investigación y prevención de la violencia, mientras el gobierno intenta minimizar la situación con eufemismos, como la publicación del presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter, cuando hizo referencia a “asesinatos colectivos” en vez de masacres.

¿El cambio de lenguaje hace que los crímenes desaparezcan? Llámense “asesinatos colectivos” o masacres, esta forma de terror está azotando campos y ciudades.

Si el gobierno decide transformar su presencia en las regiones, cambiar la estrategia de lucha contra los grupos al margen de la ley e implementar los acuerdos de paz, también atacará los factores estructurales de persistencia del conflicto armado, como la pobreza, el aislamiento social de la población y la desigualdad.

Pero no será fácil.

Esto se debe a que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos empezó a crear el andamiaje para la implementación, pero desde la llegada de Duque en 2018, “se aplicó el freno, y desde algunas posturas radicales de ultraderecha, quieren volver al lenguaje de la guerra”, aseguró el director de Indepaz, Camilo González.

A todo lo anterior se agrega el cambio de visión sobre la erradicación de cultivos ilícitos. En lugar de la sustitución pactada en el punto cuatro del Acuerdo de Paz, ahora se habla de fumigación y erradicación forzosa.

Esta población productora, cuyos cultivos de coca ocupan unas 154,000 hectáreas, “significa más de 400,000 familias, o sea, dos millones de personas en esas economías”, explica González.

Olga Behar es periodista, politóloga y escritora colombiana. Durante más de tres décadas ha investigado sobre el conflicto armado y político de Colombia. Carolina Ardila Behar es periodista, internacionalista e investigadora colombiana. Trabaja temas sobre el conflicto armado y la memoria histórica.