Ayer, hoy y el mañana incierto

La violencia se apodera de varios países de América latina. Al acuerdo de paz en Colombia lo suceden el linchamiento del viceministro Illanes y una masacre de militares en Paraguay. La región sacudida.

No se puede creer lo que se escucha de la voz aún quebrada del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Él dice que se cumplieron los protocolos de las Naciones Unidas, en el que debió haber sido, quizá, el mayor desafió de su gestión a la cabeza del ministerio de la seguridad: rescatar vivo a su viceministo Roberto Illanes. Dice, turbado, que se estaba preparando un operativo con 5.000 policías para “rescatarlo”. La gente que lo escucha no cree en ninguna de las dos versiones; una maniobra menos compleja que protocolos o la movilización de casi la mitad de efectivos de la policía que hay en todo el país.

En el fondo, se trata de una justificación de la conyuntura que le toca vivir al Gobierno del presidente Morales, acosado por sus propias fuerzas; por la articulación de una cadena de conflictos que nutren la protesta y hacen temer días peores. El ministro Romero, asimiló el respaldo de la Asamblea Legislativa, pero difícilmente podrá olvidar el episodio sangriento que le tocó enfrentar con el asesinato del segundo de a bordo en su ministerio. Las escenas han impactado a todo el gabinete. Son secuencias crudas que les toca vivir a todos, pero, particularmente, a quien le dio la orden de partir, a quien le autorizó un viaje sin retorno.

El presidente Morales estaba al borde de las lágrimas, como cuando Álvaro García Linera le cruzó los símbolos sagrados de la patria que se posaron en su pecho el 22 de enero de 2016. Evo había escuchado del asesinato de su viceministro; bajó la cabeza, mudó de rostro y las palabras le brotaron tenues. Hay quienes entre sus colaboradores dicen que jamás lo habían visto así.

La historia decisiva de las minas

En 1985, con la aplicación del decreto 21060, se desmontó el aparato sindical minero, poderoso en su época gloriosa desde la revolución de 1952. Como la historia no es uniforme, hay circunstancias que se explican, otras no. En ese mismo año, al Gobierno del Pacto por la Democracia (MNR-ADN), presidido por Víctor Paz Estenssoro, le tocó liquidar a un sector que había sido el bastión indisoluble de la revolución nacionalista, que el mismo MNR proclamó como la más grandiosa del siglo XX.

En 1985, los trabajadores de las minas atravesaron el altiplano: Ayo Ayo, Sica Sica, Panduro y otras poblaciones tratando de llegar a La Paz; explotando cachorros de dinamita, silbando en el frío su repudio a la “relocalización”, contra el 21060, mientras aviones caza sobrevolaban disparando ráfagas de fuego sobre sus cabezas. De alguna manera el presidente Morales sabe lo que se pelea en las minas. Nació en Oruro y aunque sus padres se dedicaron a la agricultura en sus tierras de Orinoca, la región nunca estuvo alejada de la minería. En Oruro se respira el olor a pólvora. Cualquier conversación por increíble que parezca lleva el toque a ese tributo minero.

Se dice que eran como 22.000 mineros que protagonizaron “la marcha por la vida” y que una vez disueltos por la represión del Gobierno MNR-ADN, con los precios de los minerales por los suelos, incursionaron al Trópico de Cochabamba, para encontrar allí el sustento de sus familias. El surgimiento de las plantaciones de coca tiene de alguna manera que ver con la crisis de la minería de los años 80.

La “justicia comunitaria” en Bolivia

El presidente Morales estaba opacado por los acontecimientos, quizá recordando el propio sufrimiento de los mineros cuando marcharon por la vida. Varias escenas debieron cruzar por su mente luego de anunciar el asesinato de Illanes. No era la primera vez desde que asumió el mando que la “justicia comunitaria”, conformada contra ladrones y corruptos actuaba con sus propias manos. Illanes no era el caso, pero el mensaje cifrado de muerte iba dirigido al grupo al que hasta hace poco pertenecía.

Tampoco Illanes fue el primero, en 2004, el alcalde de Ayo Ayo fue linchado por los mismos pobladores. Lo ataron contra un poste y lo quemaron vivo por haber delinquido con los recursos comunitarios. Y así, como él, cursan otros casos en esta historia reciente que parece no tener fin.

El Gobierno del MAS-IPSP probablemente por la utopía regresiva que implica el lado oscuro de su política indigenista, no buscó castigo a los autores de aquellos crímenes. El propio Morales comparó a Illanes con Túpac Katari, caudillo aymara descuartizado por el yugo español en 1781. Es probable que la referencia y el posterior decreto de convertir a Illanes en héroe, aluda a que no hay linchamientos buenos y linchamientos malos. No obstante, la bestial ejecución del viceministro tuvo el agravante de que él no era un corrupto, ni un ladrón, ni un violador, sino un hombre justo.

Sea como fuere, el suceso cobra demasiado peso por tratarse de un sector -el cooperativista- que buscará vengar la muerte de sus compañeros y, aunque en este caso el Gobierno nada tenga que ver con la caída del precio de los minerales, el  ambiente en las minas es tenso; se respira el polvo de la derrota al que nunca han podido acostumbrarse.

Violencia en Paraguay

No fue la única sorpresa violenta en la región. Una emboscada que mató a ocho militares le recordó al Paraguay que el noroeste es una tierra de nadie en la que opera el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La guerrilla guaraní comenzó a gestarse dentro del movimiento Patria Libre en la década del noventa. Antes de ser fundado oficialmente como EPP, los activistas que tomaron las armas fueron entrenados por las FARC para perpetrar atentados, secuestros y asesinatos.

Su golpe de mayor repercusión fue el secuestro, en el 2004, de Cecilia Cubas, la hija del ex presidente Cubas Grau, asesinada a pesar de que se había pagado el rescate. No debe olvidarse que la familia de la víctima deambulo en La Paz, Bolivia, en busca de sus secuestradores que habían denunciando se refugiaron con algún apoyo en Bolivia. Los familiares de Cecilia dejaron el país a los días sin lograr alguna respuesta.

Al vínculo inicial con la guerrilla colombiana lo confirmó Osmar Martínez, el líder de Patria Libre que fundó su brazo armado, el EPP, y murió en una cárcel de Asunción. Lo que no está claro es que el origen de ese movimiento insurreccional se remonte al Foro de Sao Paulo, asamblea internacional de agrupaciones de izquierda impulsada por el PT en 1990. Tampoco es claro que tenga vínculos con Fernando Lugo.

Venezuela también

La masacre en Paraguay podría mostrar un inquietante resurgir de la insurgencia, quizá vinculado con el espacio de narcotráfico que deja vacante la mayor guerrilla colombiana al firmar la paz con el gobierno de Colombia, o bien con la debacle de Nicolás Maduro.

En respuesta al bloqueo que le impidió al chavismo asumir la presidencia temporaria del Mercosur, Maduro advirtió que una nueva “triple alianza” le declaraba la guerra a Venezuela. Se refería a Paraguay, Brasil y Argentina, entre los cuales, el más duro cuestionador ha sido precisamente Paraguay.

Hablar en términos bélicos, como hizo Maduro, implica riesgos. Por caso que, pocos días después, una insurgencia de baja intensidad reaparezca perpetrando una masacre en uno de los países señalados.

Un aliado del gobierno de Maduro es la vieja guerrilla que firmó la paz definitiva en Colombia. Y lo que demuestra la historia es que los fenómenos cuya existencia implica grandes economías paralelas, no desaparecen sino que se reimplantan en otros lugares.

Narconaciones

Cuando el Estado colombiano abatió a Pablo Escobar y encarceló a los hermanos Rodríguez Orejuela, los carteles de Medellín y Cali desaparecieron, pero no desapareció el narcotráfico: las FARC lo capitalizaron en la selva y el resto de esa gran industria criminal dejó Colombia pero creció en México, con una legión de mafias poderosísimas y sanguinarias.

Muerto el colombiano Pablo Escobar, apareció el mexicano Chapo Guzmán. Por eso vale plantear, como hipótesis, que la retirada de las FARC del negocio narco-insurgente podría estar recreando ese fenómeno en el inhóspito noroeste paraguayo, donde, además, le sirve al aislado Nicolás Maduro para desestabilizar el giro político que se da en la región.

Mineros en llamas

La violencia que sacudió a Bolivia no tiene que ver con ese giro, sino con la caída de las materias primas y con una tradición de violentas protestas y represiones. Un año antes del linchamiento de Illanes, los mineros de Potosí marcharon hacia La Paz lanzando dinamita, atacaron un ministerio y varias autoridades debieron salir por la puerta trasera en huida. Encabezado por mineros, el Comité Cívico Potosinista enfrenta a Evo para que cumpla sus promesas de infraestructura.

En ese momento, el presidente terminó de entender lo que, con masivas protestas, habían empezado a explicarle los pueblos originarios de la región amazónica: su pasado en el sindicalismo cocalero, su raza indígena y su filiación izquierdista no lo inmunizan contra las embestidas obreras.

Ahora está padeciendo al más agresivo de los sectores. Su viceministro fue asesinado por miembros de las cooperativas mineras. El linchamiento demostró que la violencia, defendida por el Gobierno, en la “guerra del gas” que depuso a Sánchez de Lozada, no debe justificarse bajo ningún concepto. En la compulsa con las cooperativas de la minería artesanal, conducida por obreros devenidos en patrones tanto o más explotadores que los empresarios capitalistas, Morales tiene la razón. Las cooperativas rechazan una ley que les impone sindicatos, algo que esos mineros-patrones no aceptan.

Pero más allá de su razón, una vez más el Gobierno repitió el eterno vicio ideológico de atribuir todo lo malo a conspiraciones. A la protesta del CCP, la adjudicó a un complot del Gobierno chileno. Y al linchamiento de su viceministro, perpetrado por un sector que integra su alianza política y ocupa escaños del oficialismo en el Congreso, se la adjudica, a una conspiración derechista.