El expresidente brasileño se enfrenta a una nueva acusación, en esta ocasión por espionaje ilegal.
Las malas noticias no se agotan para el expresidente de Brasil acosado por la justicia en varios frentes, en medio del fuego cruzado que debe sortear en la justicia por intento de una trama golpista que podría valerle una condena de 40 años, otra acusación se ha sumado esta vez por espionaje estatal mientras ocupó el mando del gobierno.
Después de dos años de investigaciones, la Policía Federal concluyó que el líder ultra derechista usó la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar de forma ilegal a decenas de autoridades, periodistas, activistas y rivales políticos. Tras concluir el informe, la policía pide la imputación de más de una treintena de personas, entre las que están Bolsonaro, el entonces director de la Abin, Alexandre Ramagem y uno de los hijos del expresidente.
La acusación establece con el software First Mile se invadieron ilegalmente cientos de celulares y ordenadores. La información que se obtenía servía de munición para el artífice de la estrategia digital del bolsonarismo y de liderar el conocido como “gabinete del odio”, desde donde se difundía desinformación y ataques en las redes para deslegitimar a los adversarios políticos. Según la policía, Bolsonaro estaba al corriente de todo y se benefició claramente.
Las víctimas del espionaje
Entre las víctimas del espionaje ilegal están jueces del Tribunal Supremo Federal, como Alexandre de Moraes; los expresidentes de la Cámara de Diputados, senadores que lideraban una comisión de investigación sobre el papel del Gobierno en la crisis de la covid-19 y periodistas críticos con el Gobierno. La investigación también apunta que se usó esta “Abin paralela” para intentar blindar al senador Flávio (hijo del mandatario, cuando estaba en el punto de mira por un presunto caso de blanqueo de dinero y el director de la Abin sugirió a Bolsonaro espiar a los inspectores de Hacienda que dieron pie a la investigación para encontrar trapos sucios y anular el caso.
La investigación finalizada este martes también arroja un dato preocupante: la “contaminación” de la agencia de inteligencia no acabó cuando el Gobierno Bolsonaro llegó a su fin. Su actual director, ya nombrado por Luiz Inácio Lula da Silva, también ha sido acusado por presuntamente haber obstruido la investigación. Resucita así una de las principales preocupaciones de Lula cuando llegó al poder, la desconfianza hacia los altos cargos colocados en órganos especialmente sensibles. La Policía Federal, de hecho, sugiere ahora una reforma integral de la agencia de inteligencia.
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