Clasificación de CV y PCC como terroristas abre riesgo de una acción militar de EEUU en Brasil

La tensión entre ambos países se incrementó tras las sanciones impuestas por EE.UU. contra presuntos operadores financieros vinculados al PCC.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, admitió por escrito el temor de que Estados Unidos utilice la fuerza militar en Brasil debido a la clasificación del Comando Rojo (CV) y el PCCh como organizaciones terroristas.

La información figura en una respuesta de Itamaraty a una solicitud de información hecha por la Cámara de Diputados. En el documento, el canciller admite que la decisión de Estados Unidos de clasificar a las dos facciones como terroristas podría resultar en una acción militar en territorio brasileño.

“La mencionada clasificación unilateral podría ser invocada como justificación para acciones extraterritoriales en instituciones brasileñas, en particular en las esferas financiera, migratoria y penal. También existe el riesgo del uso de la fuerza militar estadounidense contra el territorio nacional”, dice Vieira.

El Canciller señala que no hubo una comunicación formal del gobierno estadounidense sobre la decisión. Según él, la medida fue un “acto unilateral” de Estados Unidos, que libera a Brasil para hablar formalmente sobre el tema.

Sin embargo, el canciller recalca que el país “ha manifestado su oposición” a la medida por otras vías diplomáticas. De hecho, la semana pasada la administración de Luiz Inácio Lula da Silva respondió al informe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), negando que su sistema de pagos PIX favorezca a las empresas brasileñas y penalice a las estadounidenses, un argumento que se esgrime desde Washington para justificar una arremetida comercial y arancelaria.

“Las declaraciones anteriores de Brasil han demostrado que EE.UU. y Brasil mantienen una relación comercial sólida y cada vez más beneficiosa, incluyendo un superávit comercial de bienes entre EE.UU. y Brasil en 2024”, sostiene el ministro en la carta a la que ha tenido acceso G1, en la que defiende que “la estructura arancelaria aplicada por Brasil ya es muy favorable a las exportaciones estadounidenses”.

Otros riesgos

Más allá de la posibilidad militar, el documento enviado por Vieira describe impactos “relevantes tanto en el plano económico como en el de la soberanía nacional”. Según el canciller, la designación permitiría a las autoridades estadounidenses aplicar medidas administrativas y judiciales de carácter unilateral y extraterritorial contra personas, empresas u organizaciones brasileñas, incluso sin vínculo directo con EE.UU. o con una conexión apenas indirecta o involuntaria con los grupos señalados.

El canciller advierte que esa aplicación podría darse con “amplio grado de discrecionalidad”, dada la amplitud de los términos que utiliza la legislación antiterrorista estadounidense. Ese abanico, ambiguo y excesivamente abierto a interpretaciones, abre la puerta a consecuencias financieras, migratorias y penales para ciudadanos brasileños que ni siquiera tengan relación consciente con las facciones.

Sanciones

La tensión entre ambos países se incrementó la semana pasada, tras las sanciones impuestas por EE.UU. contra presuntos operadores financieros vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC). Ante la situación, el ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, afirmó que Brasil continuará cooperando en la lucha contra el crimen organizado, pero exigió que se respete la soberanía del país y sostuvo que las medidas estadounidenses solo producen efectos dentro del territorio de EE.UU.

El comunicado de prensa de EEUU del 1 de julio, señaló que “la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a dos ciudadanos brasileños, tres empresas brasileñas y una compañía portuguesa por sus vínculos con la pandilla criminal más grande de América Latina, Primeiro Comando da Capital (PCC) con sede en Brasil. PCC representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya que sus operativos en todo Estados Unidos, particularmente en Florida, lavan el producto de la droga y contribuyen a un ciclo de criminalidad”.