Comisión de la verdad exige pruebas y desafía al Gobierno

“Señor Carlos Romero, si usted afirma que somos parte de la célula separatista… métanos presos. Lo desafiamos a que nos detenga”, dijo el diputado Yaksic.

Los diputados  Fabián Yaksic (MSM), Norma Piérola (CN) y Rebeca Delgado (MAS), integrantes de la comisión de “Justicia y Verdad”, emplazaron ayer al Gobierno a presentar pruebas de la presunta relación que tendrían con una célula separatista. De no hacerlo, presentarán una querella.
La advertencia fue realizada a raíz de la solicitada que publicó el Ministerio de Gobierno -en medios escritos-, en la que acusa a los miembros de la comisión de “Justicia y Verdad” de estar relacionados con una célula separatista y de recibir financiamiento de “prófugos” que están en Estados Unidos y Brasil.
“Señor Carlos Romero, si usted afirma en este libelo infame  que somos parte de la célula separatista que continúa vigente, métanos presos. Lo desafiamos a que nos detenga. De no hacerlo, tarde o temprano usted irá a parar a Palmasola a hacer compañía a sus compañeros de trabajo”, señaló Yaksic.
La solicitada -según  Yaksic- demuestra que la comisión “metió el dedo en la llaga” y por ello exigió al presidente Evo Morales garantías para continuar con su trabajo de fiscalización y que destituya al ministro Romero y al viceminitro Jorge Pérez.
En la misma línea, su colega Rebeca Delgado dio un plazo de 24 horas al ministro Romero y al viceministro Jorge Pérez para entregar las pruebas de sus acusaciones. De no hacerlo, advirtió, iniciarán una demanda por los delitos de difamación, calumnia e injuria, tipificados en el Código Penal vigente.
Mientras, la diputada Norma Piérola informó que iniciarán “un proceso que no requiere la intervención de la Fiscalía”, pero para ese efecto deben tramitar ante un juez copias legalizadas de las facturas que demuestren que el Ministerio de Gobierno pagó dichas solicitadas, para tener  pruebas judicializadas.
Una vez que tengan copias de las facturas -explicó Piérola- presentarán la querella individual contra los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y contra el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, por delitos de orden privado. 

“El Gobierno tendrá que probar que nosotros formamos parte de una célula separatista y que hemos recibido financiamiento. Esa acusación la publicaron en medios de prensa”, señaló Piérola, y anunció que el senador Bernard Gutiérrez se sumará a la demanda de los afectados.

TSJ y Romero
Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, y el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, exigieron al ministro Romero dar los nombres de los jueces que “asaltan a la gente”.
El martes, Romero dijo:   “Nadie puede meter las manos al fuego por ningún juez ni fiscal… el sistema judicial asalta a la gente desde los tribunales”.
Von Borries pidió a Romero “aclarar quiénes son los que están haciendo ese juego corrupto de arreglar causas en los pasillos (de los tribunales). Nadie puede callar un delito”, dijo.

Caso  terrorismo
Acusación  Gary Prado Araúz, abogado de los acusados por terrorismo, descalificó las denuncias del viceministro Jorge Pérez y aseguró que no sabe nada de Gonzalo Sánchez de Lozada, pese a que es militante del MNR. “El Gobierno denuncia conspiración para justificar sus atropellos”, dijo.

Pacto El exministro de Gobierno Guido Nayar, acusado de terrorismo, dijo a radio  Fides que el caso terrorismo “es un montaje, que tuvo una secuela de extorsiones  millonarias, que ha desvelado un pacto secreto entre el gobernador Rubén Costas y el Gobierno”.

Elío no descarta procesos contra  diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, advirtió que los miembros de la comisión opositora de “Justicia y Verdad” podrían ser procesados porque están ejerciendo funciones sin cumplir lo que establece la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de Diputados.
“Esas actuaciones podrían generar responsabilidades, ya que estarían ejerciendo funciones sin haber cumplido las formalidades establecidas por el marco legal vigente que rige la actividad parlamentaria”, dijo Elío en una carta enviada al ministro de Gobierno, Carlos Romero, según informa ABI. 
De acuerdo con Elío, los miembros de la comisión que actúan bajo esa articulación promueven “actos investigativos y de fiscalización carentes de validez que, por ende, no surten efectos legales de ninguna naturaleza”.
El diputado Fabián Yaksic recordó que la Constitución señala que “los asambleístas nacionales tienen el deber de controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas (…), realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto sin perjuicio del control que realizan los órganos competentes”.