Cooperativas mineras: Depredadoras sin ley

La fuerza del chantaje deriva en una nueva nacionalización en el sector de la minería sindicalizada. La mima Colquiri se suma al “proceso de cambio”

La nacionalización de la mina Colquiri que operaba bajo la administración de la compañía suiza Glencore se suma a los cambios dispuestos por el Gobierno que habían dejado de funcionar al menos en esa empresa por los ajustes de producción industrial muy favorables a los trabajadores sindicalizados que resistieron hasta el final la arremetida por parte de los cooperativitas que son los que mayor beneficio le han visto al negocio. Las cooperativas mineras son grupos organizados que actúan bajo presión y sin fijarse en la magnitud ni el tamaño de los compromisos que existen en el sector de la minería. La nacionalización de Colquiri ha caído menos mal a los ejecutivos de Sinchi Wayra que a los mineros que trabajan con excelentes condiciones de seguridad industrial y contratos que les favorecía ampliamente. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri calificó de “oportunistas” a los cooperativistas que fueron incrementando sus exigencias mientras se agudizaba el conflicto. Como de costumbre, el Gobierno a través del senador Eugenio Rojas, deslindó cualquier responsabilidad en los enfrentamientos entre mineros sindicalizados y cooperativistas que dejó una veintena de heridos.

Las cartas comenzaron a barajarse de la mano de los cooperativistas que a fuerza de presión arrancaron finalmente el objetivo de estatizar la mina. Se anuncia que 1.600 trabajadores engrosarán la planta, cuando con los 400 existentes era suficiente cumplir las metas de producción  Las exigencias para establecer cualquier acuerdo pasan por medidas inaceptables como quedar exentos de pagar impuestos y revisar los contratos de arrendamiento violando acuerdos y compromisos con las compañías mineras que operan en el país. Los cooperativistas bloquearon varios puntos estratégicos de acceso a rutas internacionales y mantuvieron en vilo a los pobladores de la zona con medidas violentas hasta conseguir su objetivo rubricado con el Gobierno.

La minera Sinchi Wayra emitió un comunicado en el que “protesta enérgicamente por las medidas adoptadas por el Gobierno de Bolivia y se reserva el derecho a pedir una indemnización justa de conformidad con todos los recursos disponibles nacionales e internacionales”. En el documento señala que “Colquiri ha pagado regalías, impuestos y derechos al Estado por más de US $70 millones. Los pagos de todas nuestras operaciones al Gobierno y a Comibol, ha excedido los US $300 millones. La inversión de capital en nuestras operaciones en Bolivia asciende a más de US $80 millones de los cuales US $22 millones en Colquiri”.

La minera denunció que la decisión de nacionalizar la mina fue anunciada cuando Glencore finalizó la renegociación de sus contratos mineros con el Gobierno de Bolivia. “El nuevo acuerdo había previsto una participación estatal de hasta un 55% de los beneficios (más impuestos y regalías, el Gobierno se llevaría de 77 a 79% del total de los beneficios”. Además, informó que “se habían incluido nuevos compromisos de inversión por más de US $160 millones durante los próximos cinco años, de los cuales por lo menos US $56 millones se iban a invertir en Colquiri”. Finalmente el comunicado señala que hasta la fecha Glencore ha invertido más de US $250 millones en la industria minera de Bolivia y la economía en general”.

Otro conflicto minero

Hasta el cierre de la presente edición un comunario del ayllu Sullka había muerto en la zona denominada Mallku Khota y la tensa situación que se vive en la mina estaba a punto de estallar en peores enfrentamientos. La noche del 5 de julio el Gobierno dispuso el traslado de 400 efectivos de la policía después de que el conflicto fue creciendo desde el mes de mayo. Entonces, con lágrimas en los ojos, un efectivo de la policía narró las dramáticas horas que vivió tras ser secuestrado por un grupo de campesinos que alentaron enfrentamientos contra la compañía minera South American Silver.

El hecho no terminó con las acciones violentas, ya que ante la inoperancia de tomar decisiones y dejar crecer el problema la situación se agravaba día a día. La zona se convirtió prácticamente en “tierra de nadie”, con absoluta ausencia de leyes y al mando de personas exaltadas. Profesionales que trabajaban en la mina también fueron secuestrados y permanecían detenidos. La presencia de los uniformados en lugar de apaciguar generó tensiones por las posibles represalias.

A todo esto, el Ministro de Minería, Mario Virreira, acosado por los conflictos en el sector minero anunció que el Estado boliviano compensará a la empresa canadiense South American Silver Corp., en caso de rescindir el contrato de exploración y prospección minera en el cerro de Mallku Khota, ubicado en el norte de Potosí. “Si se diera aquello, estamos obligados a cuantificar las inversiones y acogernos a lo que establece la normativa nacional e internacional es ese sentido”, explicó a los periodistas.

Una disputa entre las comunidades indígenas colindantes a Mallku Khota puso en duda la continuidad de las operaciones de esa empresa que, en 2004, inició la exploración y prospección de ese yacimiento de plata, indio y posiblemente oro.